La Presidenta Michelle Bachelet defendió ayer la decisión del Ejecutivo de volver al horario de invierno entre mayo y agosto, y aseguró que la decisión obedece a "las opiniones de las personas y los expertos". "Creo que está claro que levantarse y salir a trabajar o a estudiar con la luz del día es mejor para nosotros, sobre todo para los más chiquititos. Los chiquillos van a llegar con más ánimo al colegio, los que se van solitos lo van a hacer con luz y no a oscuras, y van a estar más despiertos para poder aprender", dijo la Mandataria.

La decisión de modificar el horario y volver al formato de invierno fue informada por el Gobierno el domingo y el cambio se efectuará el segundo sábado de mayo, pese a que en enero pasado las autoridades habían señalado que el horario de verano se extendería hasta el 25 de marzo de 2017.

Al dar a conocer la medida el domingo, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, dijo en T13 que "la gente quería opinar sobre esto y por eso decidimos monitorear los impactos que esta medida tiene. El impacto que esto produjo supero lo que al menos yo esperaba".

Respuesta del agro

El secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte, dijo que el Ejecutivo actuó con "sensatez" al reponer el horario de invierno, "dado que su eliminación durante el año pasado impactó en la competitividad y productividad de nuestro sector, significando la pérdida de periodos efectivos de trabajo en la agricultura en torno al 8%-10%. De esta manera, la falta de luz afectó directamente la operatividad, eficiencia y costos de los procesos productivos".

La Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja discutía ayer la posibilidad de citar al ministro para que argumente las razones del regreso al horario de invierno.

Mauricio Mondaca

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago suspendió ayer la audiencia de revisión de salidas alternativas para los imputados del caso tsunami, que apunta a la suspensión de la indagatoria.

El fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, comunicó a la jueza Carolina Gajardo el acuerdo alcanzado con las defensas, pero pidió también suspender la audiencia y fijar una nueva fecha y hora.

La nueva audiencia se realizará el 4 de abril a las 9 horas, oportunidad en la que las defensas comunicarán el acuerdo para cerrar la indagatoria, evitar ir a un juicio oral y la concreción de posibles condenas.

Lo anterior, debido a que, hay familiares de 17 víctimas que no habrían sido notificadas de las 104 en total, lo que es un requisito para resolver la suspensión condicional del procedimiento.

Saber del acuerdo

En la instancia se recalcó que existen 87 víctimas representadas por abogados querellantes, pero 17 tienen derecho a conocer este acuerdo logrado por el Ministro Público.

Antes de terminar la audiencia de ayer se registraron algunos incidentes en la sala del Centro de Justicia, porque familiares de víctimas criticaron la posibilidad de llegar a un acuerdo que suspenda el juicio oral sin antes escuchar a los involucrados.

Julia Rojas, madre de Claudio Ponce, uno de los fallecidos por la fallida alerta de tsunami, interrumpió la audiencia para exclamar "basta de burlas, todos tenemos derechos".

"Yo hablo de derechos humanos, ellos hablan de plata, ellos interesan cuidar las arcas", agregó al finalizar la jornada. "Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas instancias. Si es posible ir a la corte extranjera, porque esto no va a quedar así", dijeron otros familiares.

El acuerdo

En el acuerdo se estipula que el subsecretario del Interior de la época, Patricio Rosende, la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, el jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett y los marinos del SHOA (repartición de la Armada encargada de levantar las alarmas) Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, tendrán que pagar una indemnización total de $ 245 millones, leer una carta a las víctimas y financiar un seminario sobre este tipo de emergencias.

"¿No parece sospechoso que un señor que lleva 45 días en el cargo, después de seis años de haber invertido recursos del Estado, US$ 5 millones del Estado, llegue a esta solución abiertamente injusta para las víctimas?", dijo el abogado Raúl Meza, querellante en la causa.