Secciones

Denuncian a nueva empresa de inversiones por presunta estafa

INVESTIGACIÓN. Según la abogada Bárbara Salinas, el perjuicio causado por IMForex superaría al de AC Inversions. La firma indagada negó las acusaciones.
E-mail Compartir

Mabel González

La abogada Bárbara Salinas y el economista Rafael Garay denunciaron ayer, ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, una estafa similar a la que habría realizado la empresa AC Inversions. Según los denunciantes, se trata de la firma IMForex, que operaría de la misma forma que la empresa de Patricio Santos, en prisión preventiva desde el viernes pasado tras salir a la luz el supuesto caso de estafa piramidal de $ 52 mil millones.

Salinas, que presentó la querella en representación de un supuesto afectado por parte de IMForex, fue recibida por el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad del organismo persecutor, Carlos Gajardo, quien según la abogada, accedió a realizar diligencias para determinar si la entidad en cuestión opera igual que AC Inversions.

"Entregamos antecedentes concretos de la primera víctima de esta empresa que sigue el mismo esquema de AC Inversions, que es la empresa IMForex, y por otro lado entregamos al fiscal antecedentes más técnicos", sostuvo la jurista, quien comunicó que la acción legal fue presentada por los delitos de estafa y asociación ilícita.

La denuncia también apunta a la infracción al artículo 37 de la Ley de Bancos, que señala que una persona natural o jurídica no está autorizada para captar fondos de terceros con el ánimo de generar ganancias.

Salinas detalló que en este nuevo supuesto caso de engaño, los afectados llegarían a los 1.500 y que el perjuicio superaría al causado por AC Inversions. Aseguró, además que gracias a sus acciones judiciales, el domingo "se evitó que esta gente (los dueños de la firma) se fueran de Chile y de hecho están hoy (ayer) en la Fiscalía citados por el fiscal Gajardo".

La representante agregó que se incautó documentación y que se realizará el alzamiento del secreto bancario de la empresa.

La abogada indicó que esta querella se suma a una denuncia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en contra de IMForex.

IMForex, a través de su abogado Rodrigo González, se defendió de las acusaciones y acusó una "caza de brujas" contra las empresas de inversión.

"Somos una empresa verdadera que da una rentabilidad a la gente y desde esa perspectiva les decimos claramente que nosotros nos vamos a defender con todo lo que la ley nos entrega y vamos a desmentir todas y cada una de las acusaciones", aseguró González, quien llegó a la Fiscalía junto a la propietaria de la firma, Ivonne Pantoja, para entregar una declaración voluntaria.

Pantoja declinó responder las preguntas de la prensa sobre el parentesco de su esposo con Roberto Dubó, uno de los socios de AC Inversions, quienes son primos. Su abogado explicó que cuando supo de aquello, "lo que hicimos fue despedir como la ley lo señala al cónyuge de mi representada". Asimismo negó cualquier nexo con la primera firma indagada.

Nuevos casos en Coquimbo

A casi una semana de que explotara el caso, siguen apareciendo denuncias en contra de la empresa AC Inversions a lo largo del país. Ayer la PDI de Coquimbo comunicó que en esa ciudad se recibieron 62 nuevas acusaciones en contra de Patricio Santos, Roberto Dubó y Camilo Cruz. El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de la zona, comisario Cristián Alarcón, detalló que "en base a las denuncias tomadas en la Región de Coquimbo, se pudo establecer que las personas invirtieron más de $ 1.500 millones y que perdieron $ 2.217.889.033".

Presidente de la Cámara por restricción de beneficios: "Se terminarán los privilegios"

DIPUTADOS. El nuevo estatuto parlamentario se vota hoy.
E-mail Compartir

El presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez (PPD), aseguró que el nuevo estatuto parlamentario que busca limitar los beneficios de los integrantes de la Corporación, permitirá terminar con los "privilegios que no estén relacionados al trabajo legislativo".

"Esto viene a culminar, en el detalle, un trabajo que está vinculado a terminar con todos los privilegios que no estén directamente relacionados al trabajo legislativo", manifestó el legislador en radio Cooperativa, sobre el nuevo reglamento, que será votado hoy en la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Baja.

La normativa, elaborada por la mesa de la Cámara Baja como reacción a la baja aprobación ciudadana a la institución, apunta a disminuir las semanas de vacaciones de los diputados y a eliminar la acumulación de millas aéreas, entre otras medidas.

"Aquellos (beneficios) que son una costumbre, que se han hecho tradicionales y que no tienen explicación, van a terminar con este estatuto parlamentario", aseveró Núñez en el citado medio radial.

El titular de la Cámara dijo confiar en que el estatuto "a la larga va a ser aprobado". "Lo importante es que exista debate, no solo al interior de las bancadas, sino también en la perspectiva ciudadana", subrayó.

La última encuesta GfK Adimark mostró un 82% de rechazo ciudadano a la gestión de la Cámara de Diputados y apenas un 11% de aprobación.

Subtel anuncia multa a Movistar por la fallida emisión de una alerta

TELEFONÍA. La empresa afirmó que se trató de una prueba que se envió por error.
E-mail Compartir

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó que la empresa de telefonía celular Movistar será sancionada por haber emitido una fallida alerta de emergencia durante la madrugada de ayer.

A las 5.40 horas de ayer, algunos usuarios de las empresas Movistar, Virgin Mobile, VTR, Simple y otros operadores móviles virtuales que operan bajo la infraestructura de Movistar, recibieron un mensaje de alerta masiva que se utiliza cuando está en riesgo la población por sismos, tsunamis, erupciones volcánicas o incendios forestales. El texto, en algunos casos, se envió bajo el asunto "Alerta presidencial".

La empresa asumió el error y junto con lamentar lo ocurrido, aseguró que se trató de una prueba semanal interna que por error fue emitida a los clientes. Además, la empresa señaló que está investigando lo ocurrido para "evitar que vuelva a ocurrir".

El titular de la Subtel, Pedro Huichalaf, dijo que se buscará la máxima sanción para la compañía, aunque descartó que los usuarios vayan a ser compensados.

"Según la Ley General de Telecomunicaciones, en este momento la multa solo afecta a la empresa y no existe compensación a los usuarios. Si alguna persona registra algún perjuicio, puede iniciar las acciones civiles correspondientes", explicó.

La autoridad indicó que la empresa está siendo fiscalizada, recibirá un oficio y arriesga el pago de una multa de hasta 1.000 UTM (unos $ 45 millones).

Si bien Huichalaf precisó que aún se está recopilando la información emitida desde Movistar para evaluar la sanción, señaló que en base a lo "flagrante" de la infracción, y al ser reconocida además por la misma entidad, la multa debería bordear los $ 40 millones.

El subsecretario advirtió que podría ser considerado un agravante el hecho de que se hayan afectado a usuarios de otras compañías.

"Se determinó la responsabilidad de esta empresa y afectó a clientes de otras empresas, lo que es importante, y eso podría incrementar también la responsabilidad", sentenció, detallando que el parque máximo de usuarios afectados es de 800 mil personas, aunque "supuestamente llegó a muchos menos".