El dueño del fundo Centenario de Ercilla (Región de La Araucanía), Juan de Dios Fuentes, criticó la falta de seguridad en la zona tras el ataque que dejó a tres carabineros lesionados el martes. El parcelero explicó que en los últimos 11 años su familia ha sufrido al menos 200 ataques, a pesar de la protección policial en el sector. "Impera el desorden más grande, no hay ningún tipo de autoridad, de reconocimiento de autoridad y eso hace que esta sea una zona extremadamente difícil para vivir, peligrosa", sostuvo Fuentes, citado por radio Cooperativa. Los operativos realizados por las autoridades no han registrado detenidos por el tiroteo ocurrido en la zona.

El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, adjudicó a la prensa la existencia de un "clima generalizado" en su contra, en alusión a la filtración de correos electrónicos privados que el cardenal sostuvo con su antecesor en el cargo, Francisco Javier Errázuriz.

En un desayuno realizado ayer, que tuvo como fin analizar el rol de la Iglesia Católica durante este año, Ezzati expresó sus críticas y llamó a "leer los correos, porque los correos no dicen nada".

"El primer correo se refiere al caso justamente de una posible involucramiento de las víctimas de Karadima en un consejo pontificio", justificó el arzobispo, y que su intención a través de las misivas fue averiguar la veracidad de la información relativa a "una persona bien determinada", refiriéndose a Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes del caso Karadima.

Sobre este tema, y en relación al juicio civil que actualmente enfrenta por presuntos actos de encubrimiento de abusos sexuales cometidos por religiosos, Ezzati señaló que "lo que he podido leer del juicio, es algo horripilante que no tiene ninguna justificación". Añadió que dicha acusación en su contra "no tiene asidero".

En la misma línea, el prelado comentó la declaración que hizo Fernando Karadima ante el ministro Juan Manuel Muñoz. "Hubiera sido mucho mejor que, con humildad, hubiera confesado la verdad y hubiera pedido perdón por todas sus faltas", aseveró.

Pamela De Vicenzi

El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, sostuvo que habrán más formalizaciones en el denominado caso Caval, que se sumarán a las nueve personas naturales y una jurídica que serán imputadas el 29 de enero, fecha fijada ayer por el Juzgado de Garantía de Rancagua.

En la nómina no figuran Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon, dueña del 50% de la firma.

Toledo aseguró que "no pueden ser solamente las únicas formalizaciones, hay una investigación que está pendiente, que está en curso, y por lo tanto, no está concluida".

El persecutor destacó que con esta acción "se está dando un paso importante dentro del tránsito de lo que es la investigación Caval, como investigación ahora judicializada".

Los cargos

Dentro de los imputados que serán formalizados el 29 de enero está el socio de Compagnon, Mauricio Valero, investigado por su presunta participación en el delito de soborno.

En tanto, a Herman Chadwick Larraín se le acusa de actos de soborno y supuesta participación como cómplice en ventajas indebidas del síndico, quien fue el encargado de tasar los terrenos que Caval vendió por $ 9.500 millones al empresario Hugo Silva.

Los mismos cargos recibirá Juan Gregorio Díaz, gestor inmobiliario y ex operador político de la UDI, quien recibió $ 415 millones como comisión.

Asimismo, Jorge Silva y su esposa Marisol Navarrete serán formalizados por delitos de cohecho. El primero será imputado como autor, mientras que la segunda recibirá cargos como cómplice.

Por su parte, la arquitecto Cynthia Ross será formalizada por cohecho. Pablo Ovalle y Daniel Huerta son acusados de hechos de prevaricación y encubridores en ventajas indebidas, así como a Andrés Orchard, en calidad de cómplice.

La Sociedad Exportadora y Gestión Caval Limitada, representada por Valero, también será formalizada como persona jurídica por el supuesto delito de soborno.

Críticas de la udi

Desde la Comisión II que investiga el caso Caval, el diputado Felipe Ward (UDI) valoró la solicitud del fiscal Toledo, pero cuestionó la ausencia de Dávalos y Compagnon entre los que serán formalizados. "Echamos de menos formalizaciones individuales también del hijo y de la nuera de la Presidenta, pero confiamos en el fiscal Toledo. Creo que él tiene más información, él sabe por qué tomó esa determinación", sostuvo Ward.

"Me parece que es un avance. De todas formas, creo que esto va a permitir que se siga investigando y que eventualmente se llegue a conocer cuál verdaderamente es la magnitud del caso que afecta a la familia presidencial en el caso Caval", añadió Ward.

El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, comentó que "evidentemente que nos importa que estas investigaciones avancen y lleguen a término, y que se establezcan conclusiones, verdades judiciales, que se apliquen sanciones cuando corresponda".

Los cuerpos de dos menores de edad fueron encontrados ayer en la búsqueda de los desaparecidos producto del accidente de una embarcación en el lago Riñihue, en la comuna de Panguipulli.

Los niños -ambos hermanos- fueron identificados como Isidora y Santiago Medina Huequelef, de 5 y 7 años, respectivamente. "Estaban a cerca de 25 metros de profundidad a unos 25 metros de la orilla del lago", explicó el gobernador marítimo de Valdivia, comandante Antonio Garriga.

El martes, 12 personas de tres familias de San José de Mariquina salieron a navegar y horas después la embarcación naufragó. La causa del accidente se habría producido por el exceso de pasajeros.

Los otros fallecidos fueron identificados como Pablo Pérez (38), Felipe Cabrera (4) y David Cabrera (5). El resto de los tripulantes sobrevivió.

Personal de la Armada y otros rescatistas, apoyados por un robot subacuático, buscarán al único menor desaparecido, Esteban Cabrera (7).

El Instituto de Salud Pública (ISP) presentó ayer una demanda ejecutiva en el Tribunal Civil de Santiago en contra de las cadenas Farmacias Ahumada y Cruz Verde. El director del organismo, Álex Figueroa, explicó que la acción judicial obedece a que ambas firmas deben más de $ 1.570 millones correspondientes a multas por incumplimientos de la Ley de Fármacos. El hecho alude a la llamada "canela", mecanismo prohibido de incentivo económico a los dependientes para la venta de medicamentos más caros y adicionales a los requeridos por los pacientes. "Nadie está sobre la ley, la ley está hecha para cumplirse", manifestó Figueroa.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la medida cautelar de prisión preventiva para el tercer sospechoso presuntamente implicado en el asesinato del subcomisario de la PDI Franco Collao Ramírez, quien murió tras intentar repeler un asalto en la capital.

El imputado Daniel Olivares Severino, quien fue detenido por la Brigada de Homicidios de la policía civil, fue formalizado por la Fiscalía como autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y homicidio de funcionario policial. El persecutor Marcelo Leiva solicitó la prisión preventiva por representar un peligro para la sociedad, lo que fue acogido por el citado tribunal.

A Olivares se suman Carlos Cataldo Saavedra, quien conducía el auto en el que se perpetró el robo, y Esteban Medina Vásquez, quienes ya fueron formalizados y puestos bajo la misma medida cautelar.