La Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón impuso ayer una multa de 7.370 millones de yenes (unos US$ 60 millones) a la empresa de tecnología y electrónica Toshiba por su reciente fraude contable, lo que supone la mayor sanción impuesta por el regulador en el país asiático.

La multa fue solicitada por la FSA el pasado 7 de diciembre por la Comisión de Vigilancia de Valores y Cambios (SESC) de Japón.

El fraude

La sanción responde al grave fraude contable cometido por la empresa y revelado este año y por el cual sobrestimó entre 2007 y 2014 sus ingresos por ventas en 224.800 millones de yenes (US$ 1.867 millones).

La compañía también infló su resultado operativo en 155.200 millones de yenes (alrededor de US$ 1.290 millones), lo que supone uno de los mayores escándalos financieros en Japón de los últimos años, según recogió la agencia de noticias EFE.

El monto de la multa anunciada ayer es la más alta que impone la Agencia de Servicios Financieros de Japón y está muy por encima de los aproximadamente 1.600 millones de yenes (poco más de US$ 13 millones) con que se castigó al fabricante de maquinaria pesada IHI en 2008 por inflar sus cuentas del ejercicio anterior.

Toshiba se encuentra ahora sumida en un proceso de reestructuración y por el momento prevé registrar unas pérdidas récord de 550 mil millones de yenes (alrededor de US$ 4.573 millones) al término de este ejercicio, que concluye el 31 de marzo del próximo año.

También prevé incurrir en una pérdidas operativas de 340 mil millones de yenes (US$ 2.827 millones).

Este déficit se deberá sobre todo a los costos de este proceso de reestructuración por el cual el grupo anunció también la reducción de su plantilla en unas 10.600 personas, de las cuales 4.800 corresponden a sus operaciones fuera de Japón.

Toshiba, cuya sede se encuentra en Tokio, se dedica a la manufactura de aparatos eléctricos y electrónicos y ocupa el séptimo puesto en la lista de grandes compañías mundiales de su campo.

En la actualidad la firma se ubica en el quinto lugar a nivel global en ventas de computadores portátiles, con el 5,2% de las ventas mundiales.

El Gobierno chino estableció ayer de forma oficial el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) y anunció que la entidad iniciará sus operaciones a partir de mediados de enero.

La fundación formal de esta institución financiera auspiciada por Pekín fue posible una vez que 17 países, con un aporte de un 50,1% del capital inicial de US$ 100 mil millones del banco, ratificaron los estatutos acordados por los 57 miembros fundadores en mayo y firmados en junio.

"El BAII está legalmente establecido y los artículos del acuerdo entran en vigor hoy (ayer)", dijo el ministro chino de Finanzas, Lou Jiwei, en declaraciones publicadas por la agencia oficial Xinhua.

Según el reglamento de la entidad, esos estatutos tenían que ser ratificados por los órganos legislativos de al menos diez miembros fundadores y de países que aportaran al menos la mitad de las contribuciones del capital inicial.

El legislativo de China, gran impulsora del banco y principal inversora, y los de otros 16 países, entre ellos Alemania (cuarto mayor accionista), el Reino Unido, Australia y Corea del Sur, ya aprobaron el documento fundacional de la institución, lo que dio a China la opción de dar luz verde a su puesta en marcha.

El ministro de Finanzas chino explicó que la primera reunión del consejo ejecutivo del banco se celebrará entre los días 16 y 18 de enero en Pekín, ciudad que acogerá la sede central de la entidad.

En ese encuentro se elegirá oficialmente al presidente de la institución -un cargo para el que China designó a Jin Liqun, antiguo viceministro de Finanzas del país y ex vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo (BAD)- y al equipo directivo.

Después de esas fechas, la institución financiera empezará a realizar sus operaciones.

En el reparto de acciones y votos divulgado en junio, China es, con una inversión de US$ 29.780 millones, el país que más dinero aporta y, con su poder de voto, también tendrá la capacidad de bloquear las decisiones que requieran tres cuartas partes de los votos.

Los otros dos grandes accionistas del banco son India, que invertirá US$ 8.367 millones, y Rusia, con US$ 6.536 millones, seguidos por Alemania y Corea del Sur.

El ministro de Finanzas chino consideró que el establecimiento del BAII supone un "hito" en la reforma del sistema de gobierno económico global.

Con la fundación anunciada ayer culmina un proceso que ha durado apenas 26 meses y que empezó en octubre de 2013, cuando el Presidente chino, Xi Jinping, propuso su creación.

Desde entonces, el banco impulsado por Pekín fue interpretado como un proyecto de la segunda economía mundial para restar influencia en Asia al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), dominadas por EE.UU., o el BAD, controlado por Japón.

Durante los primeros meses de gestación del BAII, sus apoyos se limitaban a Asia e, incluso dentro del continente, importantes economías como Japón, Corea del Sur o Indonesia eran reticentes a participar.

La situación cambió en marzo pasado con la solicitud de ingreso formulada por el Reino Unido, una decisión que precipitó la entrada en el banco de las mayores economías europeas, entre ellas España, así como de potencias emergentes de otras regiones como Brasil y Sudáfrica.

Así, EE.UU. y Japón quedaron como los grandes ausentes en la firma de los estatutos de la entidad que tuvo lugar en junio pasado y que contó finalmente con 57 miembros fundadores.