Parlamentarios de la oposición valoraron el fallo del Tribunal Constitucional que declaró admisible la objeción a la constitucionalidad de la glosa de gratuidad en 2016.

El diputado Jaime Bellolio (UDI ) destacó la admisibilidad del recurso y rechazó lo que calificó como una "campaña del terror" que estaría realizando el Gobierno, que afirma que en caso de acogerse el recurso se disminuirá el número de alumnos beneficiados.

"Hemos concurrido al TC para que haya más estudiantes beneficiados, para que se termine con la ilegalidad que ha hecho el Gobierno en el Presupuesto de la Nación. Si el Tribunal falla a nuestro favor, solo puede haber más estudiantes beneficiados, nunca menos", dijo el parlamentario gremialista. El diputado José Manuel Edwards (RN) agregó que "lo que hace el Gobierno es un chantaje, y una campaña del terror, porque está amenazando con quitar los recursos a los estudiantes de ciertas instituciones".

"Están tratando de utilizar un requerimiento, que no disminuye recursos, con el fin de dejar fuera a los estudiantes de las universidades Diego Portales, Alberto Hurtado, Silva Henríquez, DUOC y algunos pocos CFT e IP que calificaban para la gratuidad", explicó.

La senadora Ena von Baer (UDI) manifestó que en la oposición esperan que el Gobierno opte por entregar estos recursos "a través de las becas y que no queden fuera los alumnos de centros de formación técnica e institutos profesionales que sí habían quedado fuera con esta política de gratuidad".

El diputado Germán Becker (RN) aseguró que "no es posible que el Gobierno haya enviado un proyecto que discrimina arbitrariamente a muchos alumnos vulnerables que están en institutos profesionales, u otras universidades que están acreditadas por cuatro años, pero que no pertenecen al Consejo de Rectores".

Mabel González

El Gobierno calificó como un "procedimiento normal" la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar admisible el recurso presentado por 31 parlamentarios de la oposición para impugnar la glosa presupuestaria destinada a la gratuidad en la educación superior en 2016.

Asimismo, el Ejecutivo garantizó que, independientemente del fallo que dicte finalmente el tribunal, el beneficio se materializará el próximo año.

La determinación fue informada ayer por el secretario del TC, Rodrigo Pica, quien indicó que la corte "ha resuelto convocar a todas las instituciones y organizaciones representativas de los intereses que se están ventilando en este proceso y en función de ello, tienen plazo para comparecer por escrito ante este Tribunal, formulando sus antecedentes, hasta el lunes 7 de diciembre, a las 13.00 horas".

El ministro vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, enfatizó que "cuando el TC declara admisible el recurso, lo que significa es que inicia su tramitación. Vendrán los alegatos, nosotros vamos a defender nuestra posición en el TC como corresponde y seguimos trabajando con el mismo objetivo, que es asegurar que la gratuidad comience en 2016".

Antes de que se conociera la determinación del tribunal, el secretario de Estado había señalado que el Ejecutivo tiene "completa confianza en la constitucionalidad de la modalidad" que eligió para poder adelantar la gratuidad en la educación superior para 2016 y que, por lo tanto, esperan que el TC les dé la razón.

"Nos parece que hay precedentes que lo confirman y porque esto fue aprobado por amplia mayoría tanto en la Cámara como en el Senado", añadió.

Díaz resaltó que "lo que sí puedo señalar con total claridad es que la decisión de la Presidenta de la República y del Gobierno es que la gratuidad va en 2016". "Creo que lo que los chilenos quieren saber es si esta política pública va o no va, y lo que quiero decir con claridad es que va", declaró.

El titular de la Segegob apuntó a los parlamentarios que presentaron el recurso, señalando que "algunos recién toman conciencia de los impactos del requerimiento".

El TC señaló que después de las comparecencias por escrito, dichas observaciones serán oídas en una audiencia pública, que se verificará el jueves 10 de diciembre. Los alegatos del Gobierno y la oposición se realizarán al día siguiente.

El requerimiento presentado por parlamentarios de la oposición se basa, según sus autores, en que la forma en que el Gobierno implementará este beneficio "discrimina arbitrariamente" a algunos alumnos vulnerables.

El Ejecutivo descartó la posibilidad de enviar al Congreso una ley corta para tramitar allí el inicio del beneficio y dijo confiar en que el organismo finalmente no impugnará la política pública que pretende beneficiar a unos 200 mil alumnos el próximo año con gratuidad en la educación superior.