Redacción

El Juzgado de Garantía de Caldera decretó, el pasado miércoles 18 de noviembre, el sobreseimiento definitivo de la causa por los delitos de lesiones leves, prevaricación, cohecho y homicidio, seguida en contra de los entonces propietarios de la mina San José, Marcelo Kemeny Fuller y Alejandro Bohn Berenguer, y de los ejecutivos de la empresa Pedro Simunovic Fuenzalida y Carlos Pinilla Contreras.

Resolución adoptada por el magistrado Claudio Villavicencio, quien acogió la solicitud presentada por la defensa de los imputados, por encontrarse cumplido el plazo de prescripción de la acción penal de la causa iniciada en 2010, con la presentación de querellas de familiares de algunos de los 33 mineros que quedaron atrapados a 700 metros de profundidad, tras ocurrir un derrumbe, el 5 de agosto de 2015, en el yacimiento.

Las acciones legales fueron presentadas por familiares de los mineros: Raúl Bustos, Mario Gómez, Luis Urzúa, Mario Sepúlveda, Pablo Rojas, Florencio Ávalos, Juan Illanes, Omar Reygadas, Ariel Ticona, Pedro Aguilar, Renán Ávalos, Jimmy Sánchez, Pablo Rojas, Jorge Galleguillos, Juan Aguilar, Osman Araya, Carlos Mamani, Daniel Herrera y Johnny Barrios, a las que se sumaron, posteriormente, las presentadas directamente por Juan Illanes y Raúl Bustos.

En la audiencia, el juez Villavicencio recordó que el Ministerio Público, el 22 de julio de 2013, comunicó su decisión de no perseverar en la investigación. "La institución que da origen a la discusión sobre sobreseimiento definitivo es aquella de la decisión adoptada por el Ministerio Público, el 22 de julio de 2013, de no perseverar en la investigación", sostuvo el magistrado.

Cabe señalar que los mineros tienen hasta el lunes para apelar a la decisión.

Mineros

Luis Urzúa, quien era el jefe de turno al momento del accidente de los 33 mineros, comentó que "lamentablemente nosotros no tenemos los recursos para pelear a nivel judicial y eso por eso que finalmente los abogados abusan cuando la gente es ignorante".

El trabajador afirmó que "con esto no queda ningún precedente para los trabajadores para el día después se pueda utilizar en cualquier situación parecida y uno no puede hacer nada finalmente".

Por su parte Omar Reygadas molesto señaló que "aquí la justicia en Chile es solamente para los que tienen plata y para nosotros que tuvimos el peligro de perder la vida encerrados no obtuvimos nada".

Respecto a la justicia, el trabajador sentenció que "ya no creo en ella ahora, como está funcionando. Veo tantas cosas en la televisión de personas que defienden su casa o su vida de los delincuentes y resulta que viven presas y los delincuentes libres".

Finalmente Mario Sepúlveda ofuscado enfatizó "que más se le puede pedir a Chile si no hay justicia y no dimos ningún ejemplo que era lo que pedíamos, porque mucha gente cree que la justicia es plata y no es así, sino hacer justicia y poner las cosas en el orden que corresponde".

70 días estuvieron atrapados los 33 mineros en las profundidades de la mina San José. 1.000 millones de personas vieron el rescate de los mineros. Esto equivale casi 10 veces más público que en el Super Bowl más visto en EE.UU.

El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, acompañó ayer a cerca de 20 trabajadores de su comuna a interponer una denuncia por incumplimientos laborales ante la inspección provincial del trabajo en Vallenar, por la falta en el pago de los finiquitos, compromiso establecido en una mesa de trabajo tras las movilizaciones que realizaron los trabajadores en el mes de septiembre.

"Acompañamos a más de 20 trabajadores de Huasco a la inspección del trabajo en Vallenar, con el fin de realizar una denuncia pública y demanda por incumplimientos laborales de parte de las empresas subcontratistas y contratistas de Guacolda (Aes Gener), que formaron parte de los acuerdos que se establecieron con estos trabajadores en las movilizaciones de septiembre, la que terminó con una mesa de trabajo y un acuerdo firmado entre las empresas; Andritz, Akeron- Caf y Vinci; los trabajadores; éste alcalde; la gobernación Provincial ; La dirección regional del trabajo y los trabajadores, acuerdos y plazos que no han sido cumplidos", enfatizó el alcalde Loyola.

El edil agregó que "vamos a acompañar hasta las últimas consecuencias a nuestros más de 40 trabajadores que aún están con problemas de pago de finiquitos, hecho que ha provocado no puedan encontrar fuentes laborales, sumado a un compromiso de recontratación que tampoco se ha cumplido, y eso habla de la poca seriedad que hay de las empresas contratistas y subcontratistas que están trabajando bajo el alero de la empresa Guacolda".

Loyola agregó que "he conversado con la gerencia en Santiago de Guacolda, empresa mandante, para manifestar mi malestar, con el fin de que se haga responsable de estos incumplimientos laborales con trabajadores locales, personas que son de nuestra preocupación. Además, nos han llegado múltiples denuncias de proveedores de alojamientos, alimentación, entre otros servicios, que también han tenido problemas con las empresas contratistas y subcontratistas de sus proyectos".

Finalmente, indicó que Guacolda, como empresa local, "debe hacerse responsable de las faenas que ellos están llevando a cabo, y de las empresas contratistas y subcontratistas que ellos mismos contratan", sentenció.

Desde el municipio se informó que los compromisos por parte de las empresas contratistas fueron realizados en una mesa negociadora encabezada por las autoridades y firmados en un acta de acuerdos en el mes de septiembre, luego que los ex trabajadores cerraran el acceso a Guacolda con manifestaciones. Las negociaciones se extendieron por semanas logrando acuerdos de las partes, pacto que las firmas no han cumplido.