Carolina Collins

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó ayer el proyecto de ley que establece cárcel y aumenta las multas aplicables por casos de colusión. Esto luego de que la semana pasada el Gobierno le otorgara la urgencia de discusión inmediata a la iniciativa que fue ingresada en marzo de este año.

El texto ahora pasará a ser revisado por la Comisión de Hacienda de la corporación, para posteriormente ser discutida y votada en la Sala de la Cámara Baja.

El proyecto contempla penas que van desde los cinco a los 10 años de cárcel, y multas consistentes en el doble del beneficio obtenido fraudulentamente o el 30% de las ventas en el período de colusión de la empresa implicada.

La instancia parlamentaria además aprobó replicar los criterios de la llamada "Ley Emilia" a los actos de colusión, asegurando así al menos un año efectivo de cárcel antes de que los responsables puedan acceder a formas alternativas de cumplimiento de penas.

Asimismo, los parlamentarios de la Comisión de Constitución dieron luz verde a que en los casos en que los actos colusorios involucren artículos de primera necesidad, como el confort, se apliquen penas que superen los siete años y medio de cárcel.

La instancia parlamentaria además realizó una modificación respecto al beneficio de la delación compensada. Así, estos beneficios fueron restringidos para que solamente la primera empresa que se autodenuncie pueda eximirse de la sanción penal y del total de la multa. "Porque hasta ahora existían para el primer, segundo, tercer y hasta cuarto delator, lo que no nos pareció razonable", destacó durante la sesión el presidente de la comisión, diputado Leonardo Soto (PS).

Para la segunda empresa en autodenunciarse se mantiene la responsabilidad penal, teniendo además que pagar al menos la mitad de la multa.

Pero para poder obtener dicho beneficio tendrán que cumplir con ciertos requisitos como "entregar antecedes que efectivamente conduzcan a establecer la participación de las empresas y las responsabilidad individuales", agregó.

"Para que la legislación opere como un real disuasivo los actores económicos deben saber que existe la posibilidad concreta de pagar con cárcel por este tipo de conductas, lo que se podía evitar en ciertos casos por la aplicación de atenuantes", dijo Soto.

Por 14 votos en contra y 11 votos, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos rechazó ayer la partida presupuestaria destinada al Ministerio de Salud. La partida contemplaba un incremento de un 5,1% del presupuesto del Minsal para el próximo año.

El rechazo del presupuesto se produjo en medio de las críticas que han surgido contra el Gobierno por su gestión en dicha cartera y un día después de la renuncia de la subsecretaria de Redes Asistenciales, Claudia Verdugo.El nuevo revés de la partida presupuestaria se suma al que sufrió a fines de octubre, cuando la tercera subcomisión mixta de Presupuesto también la rechazó por cuatro votos contra uno y le asignó solamente $1.000 a la partida de gastos variables, con votos del oficialismo y de la oposición.

La ministra de Salud Carmen Castillo, expuso ayer en la instancia parlamentaria y presentó la quinta propuesta de cronograma para la construcción de hospitales.

En su exposición, la titular de Salud planteó que la meta del Gobierno es construir 27 hospitales de aquí a 2018, 23 en construcción y 12 en estudio . Esto es un objetivo distinto al planteado por el Ejecutivo, que primero se había propuesto dejar 20 recintos construidos, 20 en construcción y 20 en estudio.

De esos 27 hospitales, 22 serían financiados con esta partida que fue rechazada, ya que el resto corresponden a Fondos Regionales.

Los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN) y Baldo Prokurica (RN), manifestaron en la sesión su crítica por la postergación de varias de las obras regionales y el aumento de las listas de espera.

Por su parte, los senadores Jacqueline Van Rysselberghe y Alejandro García Huidobro aseguraron que está en juego "la palabra de la propia Presidenta", que comprometió las obras de hospitales y, "en la práctica los recursos para 2016 son simbólicos", pues con "$ 200 millones no se alcanza ni a construir una casa".

En tanto, el senador Eugenio Tuma (PPD) reflexionó en el sentido que no se ha dado adecuada respuesta a los problemas de salud y la perspectiva "es que no se van a tener listos los hospitales, por lo menos hasta 2018".