La municipalidad de Tierra Amarilla el 23 de septiembre de 2015 no solo firmó un convenio de cooperación con la Compañía Contractual Minera Candelaria, sino también celebró, junto a la empresa, un contrato de transacción por la suma de US$7 millones, el que ese día no fue informado públicamente en la instancia cuando se firmó el acuerdo ante la comunidad, en la plaza de armas de la comuna.

El Convenio de Cooperación entre el municipio y la Compañía Contractual Minera Candelaria, según fue dado a conocer en la actividad, financiará proyectos en beneficio de la comunidad por un monto total de US$16,5 millones, en un plazo de 24 a 32 meses. Una segunda fase, que se inicia una vez concluida la primera etapa, establece que Minera Candelaria destinará el 45% de su presupuesto comunitario anual para la comuna de Tierra Amarilla por 10 años.

En la ceremonia presidida por el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado y donde participaron altos ejecutivos de minera Candelaria, no hubo alusión al Contrato de Transacción, firmado por las dos entidades, donde hay un pago de por medio. Sin embargo, un comunicado de prensa de la minera Candelaria -enviado a los medios el día de la ceremonia-, señala que "como parte de esta nueva relación de confianza y cooperación la Municipalidad y Candelaria también celebraron un contrato de transacción por el cual ponen fin a las diferencias que en materia ambiental y de relaciones comunitarias existían entre el Municipio y Minera Candelaria, terminando con los litigios existentes o precaviendo los eventuales, conforme a esta transacción Candelaria paga la suma de siete millones de dólares en beneficio de la I. Municipalidad de Tierra Amarilla".

Tras el comunicado hubo un silencio por parte de la minera Candelaria. Este medio envió preguntas para que se explicara el Contrato de Transacción, pero no se recibió respuesta a pesar de los llamados telefónicos y correos electrónicos.

¿el monto?

En el Contrato de Transacción, según la minera Candelaria, hay un pago que asciende a los siete millones de dólares al municipio. Sin embargo este monto es distinto al informado por el municipio a la comunidad.

Consultado respecto al tema en la radio Candelaria, el administrador municipal confirmó que hay un acuerdo de transacción.

"Hay una transacción efectivamente, en que hay 3 millones de libre disposición, pero solamente van a estar a disposición de la municipalidad para pagar deudas, salir de los déficit en salud, mejorar la salud, los déficit en educación y las deudas internas municipales", dijo Jaime Bahamondes.

Agregó que "esos recursos tampoco están a disposición nuestro, van a estar única y exclusivamente cuando la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Candelaria 2030 esté aprobada. Esa resolución -si bien es cierto hay calificación ambiental para este proyecto-, pero está sujeto a un recurso ante el Servicio de Evaluación Ambiental en Santiago y ese recurso se demorará en su tramitación. Estimamos tres meses..., seis meses..., hasta un año", recalcó.

Por ello, explicó que "tenemos el compromiso, el acuerdo, firmado todo esto, pero esos dineros estarán una vez que la Resolución de Calificación Ambiental de Candelaria este aprobada de forma definitiva", dijo.

La explicación de la diferencia radica en que tres millones de dólares, es decir más de 2 mil millones de pesos (($2.054.670. 000,) que pagará Candelaria estarán a libre disposición del municipio. En tanto Candelaria dispone de cuatro millones de dólares, más de dos mil setecientos millones de pesos (($2.739.560. 000), para el pago de los abogados que prestaron asesoría al municipio y que lograron la firma del convenio. Esta información tampoco fue entregada en la ceremonia a los vecinos (ver recuadro superior pág. 3).

Críticas al silencio

Si alguien desea tener acceso al Convenio de Cooperación firmado por las partes, debe elevar una solicitud a la municipalidad a través de la Oficina de Partes.

Por ello, hay críticas respecto a la falta de información, más aún cuando las autoridades que estuvieron en la ceremonia no escucharon nada respecto a la existencia de algún otro acuerdo. Uno de ellos es el diputado Alberto Robles (PRSD). "No se dio a conocer este Contrato de Transacción y menos un contrato donde el municipio pone fin a las diferencias en materia ambiental y de relaciones comunitarias. A mí me parece que ningún tipo de contrato de transacción ni 7 millones de dólares, ni nada, pueden impedir que una comunidad satisfaga sus requerimientos en términos ambientales o de relaciones que tiene con una empresa", afirmó.

Ante la falta de información oficial el parlamentario realizará acciones. "Esto no se informó en el acto de firma de convenio, pediré mayor información a la municipalidad y si es necesario voy a pedir que la Contraloría investigue el Contrato de Transacción", agregó.

También, hay interrogantes que realiza el parlamentario por la labor de los abogados, más aún cuando tras la demanda en el Tribunal Ambiental en el convenio no aparecen estipuladas acciones medio ambientales. "Me parecía interesante, inteligente (convenio), pero ahora cuando aparece un contrato de transacción en materia de diferencias ambientales, la verdad es que hay que investigarlo bien. Cuáles son las ganancias de Tierra Amarilla. Cuando se presentó la demanda ambiental todos entendimos que el municipio quería proteger la salud de las personas. Cuando se firma un Contrato de Transacción y no hay ninguna medida ambiental en el convenio, entonces digo, ¿cuál fue el objetivo de la demanda en tribunales?".

Asimismo el parlamentario cuestiona el monto del pago a los abogados que representaron a la municipalidad y que está planteado en los documentos de acuerdo. "Con eso, estos señores (abogados) no necesitan trabajar un día más a nadie a costa del medio ambiente tierraamarillano. Es esa la pregunta que me hago, quiero saber quiénes son los socios del estudio jurídico que está patrocinando, la información que tenemos es que hay distinguidos abogados de la región incorporados en este estudio. A mí me parece que esto es bastante complejo de aceptar, que un alcalde llegue a una negociación de aquellos temas que tienen que ver con el medio ambiente para obtener recursos a través de un Contrato de Transacción, me parece muy mal".

El diputado agrega "¿Qué hicieron los abogados? Si la demanda no se continuó, cuál fue el trabajo que hicieron los abogados para pagarle 4 millones de dólares (más de 2 mil 700 millones de pesos). Acá hay preguntas que el alcalde debe responder y de manera clara y transparente".

Fiscalización

El diputado Lautaro Carmona (PC) también cuestiona la falta de información a la comunidad, ya que los mismos pobladores se han acercado para plantear sus preguntas ante el acuerdo entre las partes.

"Tengo más de una consulta de vecinos de Tierra Amarilla que se preguntan en qué me va a beneficiar. ¿Cuál es el monto de la mitigación o reparación? ¿Quién nos va a informar formalmente y detalladamente de este tema? ¿Hay honorarios o intermediarios para alcanzar este acuerdo? Son preguntas legítimas que requieren esclarecimiento y respuesta de parte de las autoridades a cargo, evidentemente que son de soberanía ciudadana, son las municipales".

Carmona también se cuestiona que el Contrato de Transacción no fue mencionado en la actividad pública que tenía como finalidad dar a conocer el Convenio de Cooperación entre ambos organismos. Indica que ninguno de los hechos omitidos "contribuyen que la gente quede tranquila".

"Lo que hay que hacer es explicitar, porque los montos de este acuerdo que anuncia la minera Candelaria tienen que tributarse, al final de cuenta por Ley de Transparencia. Todos vamos a saber. Es mejor saber por los titulares del tema, ¿por qué no se dio a conocer el acuerdo de transacción? dijo con énfasis el diputado, quien agregó: "nadie quisiera encontrarse con que el equipo que contribuyó por razones profesionales como juristas en esta interacción y transacción sea finalmente el beneficiario principal de esta reparación, sería impresentable frente a la humildad de muchos vecinos".

Respecto a los abogados, el diputado se pregunta: "quiénes son los profesionales que intermediaron con sus servicios entre el municipio y la minera. ¿Por qué esos profesionales y no otros? ¿Cuáles son los honorarios que se comprometieron? ¿Y esos honorarios son los que corresponden a las tarifas profesionales que tiene la profesión de abogado?"

Finalmente señaló que "son todas preguntas que necesitan respuesta si queremos que el hecho de haber logrado una mitigación en recursos monetarios de parte de la minera hacia la comunidad, se transforme en un hecho positivo y no en una caza de brujas", concluyó.

"No hay ninguna medida ambiental en el convenio, entonces digo, cuál fue el objetivo de la demanda en tribunales".

Alberto Robles, Diputado PRSD