Generalmente la evaluación que hace la ciudadanía de los funcionarios públicos no es de las mejores y una lluvia de críticas y descalificaciones gira en torno a ellos.
También se habla de modernizar la gestión pública en el país y han existido algunos avances en ello, pero pareciera que para la sociedad chilena no es suficiente.
Hoy con el prolongado paro del Registro Civil, se pone más en entredicho sobre si cumple bien su papel la organización pública que existe en la actualidad.
El Estado ha hecho esfuerzos en estos últimos años por potenciarla, ponerla al nivel de los nuevos tiempos y también hay que reconocer que las remuneraciones han ido creciendo paulatinamente, e incluso en algunos empleos específicos superando al sector privado.
Como cada año, el sector público representado a través de la ANEF, Asociación Nacional de Empleados Fiscales, buscan mejoras y este año se ha pedido un reajuste y nueve puntos que ya se han trabajado con el Ejecutivo y Hacienda.
Pero en medio de esta discusión, se ha podido advertir que sólo un diez por ciento de las personas que trabajan en servicios públicos están en la planta y el 90 por ciento restante lo hace a contrata por año o a honorarios (extender boleta de servicio).
Y aquí se entra en la permanente discusión sobre qué tamaño debe tener el aparato público, pero no se considera que han pasados mucho tiempo y muchas plantas no han sufrido nunca modificaciones.
Además cada servicio público tiene una realidad diferente con distintas escalas, y para gran parte de ellos las rentas no son para envidiarlas, y peor en el caso de quienes viven en nuestra región donde el costo de la vida es alto.
Se hace necesario revisar en profundidad cuál es la realidad de cada servicio público y buscar los mecanismos de fortalecerlo y que el Estado de ejemplo en el cumplimiento de las leyes laborales vigentes.
De esta manera podremos tener un servicio público que contribuya a engrandecer nuestra nación y satisfaga la demanda de los usuarios.