Durante la celebración de San Juan Pablo II, el obispo de Osorno, Juan Barros, entregó una carta dirigida a la comunidad religiosa de dicha ciudad, en la que agradeció el apoyo tras los cuestionamientos en su contra por parte de los denunciantes del caso Karadima, por su presunta participación como encubridor.

"He sentido la cercanía sencilla de muchos de ustedes, su acogida y apoyo en la fe, y también he sentido con mucho dolor el rechazo", expresó el prelado en la misiva citada por ADN.

Sobre las polémicas por la acusación de los denunciantes del ex párroco de El Bosque en su contra, Barros sostuvo que "les expreso una vez más con plena convicción mi total rechazo a los hechos que han conducido a la Iglesia a adoptar las fuertes sanciones respecto del sacerdote Fernando Karadima. Poniendo por testigo a Dios, reitero que jamás tuve conocimiento ni imaginé nunca de aquellos repudiables abusos que cometió".

El obispo añadió que "hoy yo mismo me siento en algún grado una víctima más, pues me he visto injustamente envuelto faltándose gravemente a la verdad".

Finalmente, Barros expresó su rechazo a los hechos de violencia verbal y física en contra de él y sus fieles y solicitó centrar los esfuerzos en beneficiar a la comunidad religiosa de Osorno.

El jueves pasado, el ministro de fuero Juan Manuel Muñoz, autorizó el envío de un exhorto internacional al Estado Vaticano para que entregue los antecedentes de la indagación realizada a Barros. El trámite lo realizará la Corte Suprema.

Muñoz es el encargado de llevar la demanda civil en contra del Arzobispado de Santiago por un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por Karadima, cuya culpabilidad fue confirmada por el Vaticano a través de un proceso canónico.

La investigación civil que encabeza Muñoz fue pedida en primera instancia por los querellantes del caso, después de las declaraciones del Papa Francisco dadas a conocer a principios de octubre, en las que expresa su apoyo a Juan Barros y tilda de "zurdos" a la comunidad laica que ha realizado protestas en su contra en Osorno.

El 11 de noviembre, Karadima deberá declarar ante la justicia directamente en los tribunales y no en el convento de las Siervas de Jesús de la Caridad, petición que había realizado su defensa debido al estado de salud del ex párroco.

Pamela De Vicenzi

La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, señaló que "no se están vulnerando los derechos de los trabajadores" del Registro Civil, quienes hoy cumplen 28 días de paro y anunciaron que radicalizarán las movilizaciones partiendo con el fin de los turnos humanitarios.

Ante este escenario, la secretaria de Estado emplazó a los dirigentes y manifestó de manera "clara y categórica" que "se están vulnerando los derechos de la ciudadanía que no puede ni inscribir sus nacimientos, hacer los trámites de defunciones, que no pueden sacar certificados, que no pueden contar con sus documentos para poder desenvolverse en la vida cotidiana".

"Por lo tanto creo que basta de eufemismos, aquí no se están vulnerando los derechos de los trabajadores del registro Civil, sino que los trabajadores del Registro Civil que insisten en esta paralización están vulnerando los derechos de hombres y mujeres que con esfuerzo todos los días hacen un tremendo sacrificio para salir adelante", sostuvo Rincón.

Los dichos de la titular del Trabajo no fueron compartidos por la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. La dirigente reiteró su apoyo a los empleados del servicio e hizo alusión a las palabras del vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, quien calificó la movilización como "ilegal".

"Lo primero que tenemos que reconocer es que si hoy día se habla de ilegalidad es porque no ha habido ningún gobierno que hasta ahora se la haya jugado por construir una legislación que resguarde el derecho a huelga y el derecho a negociación colectiva en el sector", señaló Figueroa.

"Lo importante es que se trate de buscar el camino del diálogo sin que eso vulnere los derechos de los trabajadores. Esperamos que el camino del diálogo se pueda retomar pese a los niveles de tensión que general un mayor nivel de radicalidad", añadió la dirigente.

Desde la oposición, la vicepresidenta de Renovación nacional, diputada Paulina Núñez, cuestionó la contradicción entre el manejo del Gobierno ante la movilización y la reforma laboral impulsada por el mismo.

"Por un lado, al enfrentar una reforma laboral, lo primero que dice es 'no al reemplazo en huelga', fortaleciendo la labor de los sindicatos y los trabajadores. Pero cuando son sus trabajadores los que les están exigiendo mejorar sus condiciones, lo primero que dice la ministra es 'el lunes sí o sí funciona el Registro Civil', dándole la espalda a sus dirigentes y a sus trabajadores", subrayó Núñez.

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentaron un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, con el fin de imposibilitar al Ministerio Público a que haga uso de la facultad de no perseverar en investigaciones de delitos que la ley califique como "terroristas".

El parlamentario de la Cámara Baja, Juan Antonio Coloma, explicó que "dentro de las facultades que la ley otorga a Fiscalía, las prerrogativas del archivo provisional, de no perseverar y otras presentes en la etapa de investigación, se encuentran establecidas para la generalidad de los delitos; sin embargo, hay delitos que son particularmente nocivos para la sociedad, como lo es el terrorismo".

"El terrorismo ataca frontalmente los derechos humanos empleando medios violentos capaces de afectar la vida, la integridad física y psíquica de las personas y su libertad, siendo además contrario a la democracia", añadió el legislador de la oposición.

Su par Gustavo Hasbún sostuvo que "la aplicación de salidas alternativas es válida para la generalidad de los delitos, pero cuando hablamos de delitos que la ley califica como terroristas, nos encontramos ante hechos con elementos diferentes y que se encuentran sustancialmente apartados de los demás tipos penales, motivo por el cual se requiere de un tratamiento particular".

El diputado por La Florida manifestó que ha visto "con impotencia" cómo delitos calificados como "terroristas", han quedado en la impunidad, e hizo especial énfasis en los incidentes ocurridos durante los últimos meses en la Región de La Araucanía.

"Queremos poner un fin a esa situación y para ello se necesita de una modificación legal para cualquiera que busque infundir temor en la población, ya sea a través de atentados incendiarios, artefactos explosivos o cualquier otro método", subrayó Hasbún.

La propuesta legal forma parte de un paquete de proyectos de ley elaborados por la bancada gremialista con el fin de combatir la comisión de "actos terroristas", en el cual además se incluye una iniciativa que apunta al delito de incendio en la denominada ley Antiterrorista.