El cardenal Francisco Javier Errázuriz era interrogado ayer por el ministro Juan Manuel Muñoz, a raíz de la demanda presentada contra la Iglesia por los supuestos actos de encubrimiento de obispos en materia de abuso sexual. La diligencia se realizó en el domicilio de los obispos ubicado en calle Suecia, en Santiago, y en ella participaron dos de las tres víctimas de Fernando Karadima: James Hamilton y Andrés Murillo. La declaración de Errázuriz forma parte de una lista de 23 personas que fueron requeridas para deponer sobre los puntos de prueba fijados por el ministro Muñoz. Ello se enmarca en la etapa probatoria que comenzó el lunes pasado con la toma de declaración del sacerdote de Quinta Normal, Eugenio de la Fuente Lora, quien fue uno de los diez miembros de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús que firmaron su distanciamiento de la comunidad que lideró el ex párroco de El Bosque.

Mabel González

Por más de dos horas se extendió ayer la interpelación a la ministra de Salud, Carmen Castillo, en la Sala de la Cámara Baja, donde la secretaria de Estado fue consultada sobre las listas de espera Auge, la deuda hospitalaria, la construcción de recintos sanitarios y la falta de médicos especialistas.

En el interrogatorio, el cuarto dirigido a un ministro durante el actual Gobierno, el diputado UDI Javier Macaya - encargado de conducir la interpelación- comenzó preguntándole a Castillo sobre las listas de espera y si "la salud pública chilena goza de buena salud o se encuentra gravemente enferma".

"En Auge, las garantías son obligatorias y exigidas por las personas; las no Auge a veces tienen lentitud sobre lo normal. Por eso, uno de los grandes esfuerzos que está haciendo este Gobierno es actualizar las listas de espera, no suprimirlas, sino actualizarlas", contestó la titular de Salud, quien estuvo acompañada por los ministros de Interior, Hacienda, Segpres y Segegob.

La secretaria de Estado indicó que la actual administración ha bajado en 58 días el tiempo de espera en interconsultas, y en menos de 30 días en cirugías.

Luego, la autoridad fue consultada sobre las enfermedades que van a estar incorporadas en la ley Ricarte Soto, a lo que Castillo respondió que ello está "en pleno proceso de trámite". "En septiembre teníamos que tener dos reglamentos tramitados: uno está en consulta ciudadana y otro en Contraloría", sostuvo.

"Estamos claros que no tenemos claridad respecto a cuáles son las enfermedades que entrarán en la ley", replicó Macaya.

El siguiente tema fue la construcción de hospitales comprometidos para 2018. Al respecto, la titular del Minsal remarcó que "el construir un hospital es muy complejo" y aseguró que el Ejecutivo no contempla el sistema de concesiones como mecanismo de edificación, indicando que esta postura responde a razones "técnicas", no "ideológicas".

"En este caso, el tema de concesión no es por una razón ideológica, es porque técnicamente vemos que no es adecuado para nuestra realidad sanitaria", dijo la titular de Salud.

"¿Qué podemos hacer para ir acortando la brecha de especialistas?", consultó el parlamentario gremialista. "Estamos trabajando muy cercanamente con el Colegio Médico para que se queden y no solo devuelvan el tiempo de formación (...) se están dando incentivos económicos a los médicos", expuso Castillo, y agregó que se espera que existan cuatro mil especialistas a fin del Gobierno.

Una de las preguntas del diputado que más aplausos obtuvo de la tribuna fue una relacionada con los sueldos pagados a los asesores del Minsal. Según Macaya, existen 126 funcionarios de gabinete. "¿Qué justifica tanto asesor?", preguntó.

Castillo contestó que "cuando asumí como ministra traje solo a una persona al Ministerio, que es mi conductor, todo el resto estaba allí. No estamos malgastando".

Sobre la deuda hospitalaria, Castillo detalló que a agosto de 2015 esta alcanza los $ 246 mil millones. "La deuda no es una cuestión de despilfarro. Estamos trabajando responsablemente por la contención de costos, pero el encarecimiento de los medicamentos, la tecnología más exigente, cada vez necesitamos hacer más complejas hospitalizaciones de adultos mayores", explicó.

Después de la interpelación, la Cámara aprobó el envío de un cuestionario con preguntas sobre Salud a la Presidenta Bachelet.

La Sala de la Cámara de Diputados revisará hoy nuevamente la petición de prorrogar por 30 días el trabajo de la comisión investigadora por el caso Caval, después de que la solicitud fuera rechazada por dos diputados oficialistas. Fueron los diputados Osvaldo Andrade (PS) y Enrique Jaramillo (PPD) quienes se negaron a otorgar la unanimidad para extender el plazo de la investigación, lo que generó críticas en la Alianza, pero también de sus pares oficialistas. La diputada RN e integrante de la instancia, Marcela Sabat, indicó que "hoy Andrade confunde a la ciudadanía, intenta cambiar el foco de la discusión al funcionamiento de la Comisión, pero la verdad es que pretende a todas luces bloquear investigación".

La directora nacional del Registro Civil, Teresa Alanis, sostuvo ayer, en la segunda jornada de paro de los funcionarios del servicio, que el tema de una mejora salarial no es prioritario a la hora de un eventual diálogo con los dirigentes. "La verdad es que para sentarnos a conversar existe toda la disposición de parte mía y del Ministerio de Justicia, pero en este minuto no es prioridad una mejora remuneracional", sostuvo Alanis. Según la autoridad, esto se debe "a que el contexto indica que desde el año 2008 a la fecha se han entregado en mejoras remuneracionales alrededor de $ 8 mil millones". Como evaluación de la jornada, en la que los trabajadores participaron en una marcha, Alanis informó que se registraron 6.054 atenciones a nivel nacional. De ellas, la solicitud más demandada fue la de certificado de antecedentes, con un 43%, seguido por la cédula de identidad, que alcanzó el 8%, y de pasaporte, que fue de un 6%. Sobre este último -que hoy subirá a casi el doble su valor-, la directora dijo que "se atenderán solo casos urgentes".

El ex Presidente boliviano y vocero de la demanda marítima Carlos Mesa, aseguró ayer que, a diferencia de lo que sostiene Chile, Bolivia "respeta" el Tratado de 1904 e insistió en las solicitudes de diálogo de La Paz.

"No es verdad que un fallo eventual favorable a Bolivia pusiera en riesgo la estabilidad internacional de límites y de fronteras, dado que Bolivia respeta el Tratado de 1904 y no ha hecho su demanda basada en el tratado", aseguró el ex Mandatario, casi una semana después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazara las objeciones preliminares de Santiago.

En su opinión, el dictamen "ratifica no solamente la postura boliviana, sino una lectura, a mi entender, adecuada de un tema muy sensible como es el tratado".

"Bolivia le está pidiendo a la Corte que le recuerde a Chile, por sus compromisos, que debe dialogar, negociar con Bolivia para entregarle un acceso soberano al mar", aseveró Mesa, quien insistió en que la razón por la que se llegó a esta instancia es porque "hemos fracasado en el ámbito diplomático".

Mesa señaló que el Presidente Evo Morales "ha tenido la actitud más proactiva" en la causa marítima, en comparación a quienes lo antecedieron en el poder. También insistió en que su país siempre ha estado dispuesto a conversar con las autoridades chilenas para llegar a una solución. "Bolivia propone a Chile un diálogo que puede convertirse en la reanudación de las relaciones diplomáticas", declaró.

El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiai, advirtió ayer que la mayor de las amenazas en materia de respeto de los derechos humanos en el país corresponde a la existencia de "vestigios de la dictadura" que aún permanecen en la realidad nacional. "Chile ha logrado grandes avances desde su retorno a la democracia hace 25 años (...) sin embargo, aún persisten vestigios de antaño que no tienen cabida en el Chile de hoy", afirmó el representante después de realizar una visita de diez días al país. Kiai estableció que la arista más afectada por esos "vestigios" es el actuar de la policía en las manifestaciones.