Los alumnos con síndrome de déficit atencional son los más discriminados en el sistema escolar chileno, abarcando el 51% del total de las denuncias, según un estudio dado a conocer ayer por la Superintendencia de Educación.

El documento, elaborado en base a 1.456 denuncias presentadas entre 2013 y 2014, establece que dentro de las acusaciones más frecuentes también se encuentran la discapacidad física y/o intelectual (18%), la apariencia personal (10%), problemas de salud (8%), embarazo y/o maternidad (6%), orientación sexual y de género (3%), inmigrantes y/o distinto origen racial (2%) y opción religiosa (2%).

En opinión del superintendente de Educación, Alexis Ramírez, el reporte "nos entrega importante información respecto de cómo el sistema escolar está respondiendo a materias de inclusión y discriminación".

Según nivel educativo, la enseñanza básica es el tramo que concentra un mayor nivel de denuncias (63,9%), seguida por la enseñanza media (20,7%), la educación parvularia (13,3%) y la educación especial (2%).

Primero básico, en tanto, es el curso que presentó el mayor número de denuncias de todos los años de escolaridad alcanzando un 17,2%, seguido de segundo básico, con un 12,4%.

"Creemos que es importante también un foco de atención en la enseñanza básica, tiene una alta frecuencia en materia de denuncias y un desafío educativo potente para nuestro sistema escolar en materia de poder hacer nuestras escuelas un espacio cada vez más inclusivo", sostuvo el superintendente.

En enseñanza media, la mayor cifra la obtuvo primero medio (6,5%), seguida de cuarto medio (5,8%). En educación parvularia, kinder y pre kinder registran un 4,9% y 4,7% de denuncias, respectivamente.

El estudio reveló, además, que entre las prácticas de discriminación más denunciadas figuran el trato agresivo de adulto a alumno, la cancelación de la matrícula, la expulsión de clases, la falta de apoyo del establecimiento y el rechazo en las postulaciones durante el proceso de admisión.

Al filtrar por género, el estudio demuestra que los niños sufren más discriminación que las niñas, concentrando el 65,2% de las denuncias. En las niñas, un 34% son afectadas por discriminación.

Con 103 votos a favor, la Cámara de Diputados despachó ayer el último trámite legislativo del proyecto de ley que crea la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos. La misiva, que había sido ingresada en 2012, fue aprobada luego que se aceptara el informe de la Comisión Mixta creado para solucionar las diferencias existentes entre el Senado y la Cámara. Entre los temas a acordar se encontraba la determinación de funciones que corresponderían al Ministerio de Justicia y cuáles serían las que adquiriría la nueva Subsecretaría. Con esta ley, la cartera pasará a llamarse "Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos" y su principal misión será realizar un análisis de las legislaciones actuales sobre la materia y proponer las reformas necesarias para que éstas se adecuen al sistema internacional. Con este paso, la iniciativa finalizó su tramitación en el Congreso y ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo esperar que la interpelación que protagonizará hoy la ministra de Salud, Carmen Castillo, sea respetuosa y sin descalificaciones. "Hay interpelaciones que a mi juicio discurren por el camino por el cual se ha diseñado, que son interpelaciones respetuosas de las cuales uno puede sacar ciertas conclusiones y no se convierten en una reyerta más bien panfletaria", apuntó, y agregó que "yo espero que la de ahora sea una de estas". La secretaria de Estado, que será interpelada por la diputado UDI Javier Macaya, recibió ayer el respaldo de los presidentes de partido de la Nueva Mayoría.

La Cámara de Diputados rechazó extender en 30 días el trabajo de la comisión investigadora del caso Caval, en donde se indagan presuntas irregularidades en los negocios de la sociedad conformada por Natalia Compagnon, nuera de Michelle Bachelet, y Mauricio Valero. La instancia necesitaba la unanimidad de los votos para seguir funcionando, pero según radio Cooperativa, los diputados oficialistas Osvaldo Andrade (PS) y Enrique Jaramillo (PPD) votaron en contra, mientras que Jorge Tarud (PPD) se abstuvo. El diputado Andrade justificó su rechazo "porque esta es la segunda prórroga y yo no estoy para estimular la flojera. Yo he tenido la oportunidad de ir a la comisión, ayer (lunes) estuve como un diputado más, yo no soy miembro, y habían seis diputados de los 13". El presidente de la instancia, diputado Gabriel Silber (DC), no descartó la idea de crear una segunda comisión investigadora que aborde el caso.

Mabel González

Los funcionarios del Registro Civil ratificaron el paro nacional indefinido que iniciaron ayer con un llamado a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, a intervenir en el conflicto, originado por el reclamo de mejoras salariales y el pago de un bono que, según los trabajadores, les habrían comprometido las autoridades.

Horas después de iniciar la huelga, dirigentes de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil se reunieron en una asamblea donde determinaron convocar a una marcha tras considerar que la mesa de trabajo con la directiva del servicio "se quebró".

Sin embargo, la directora nacional de la institución, Teresa Alanis, aseguró que la instancia de diálogo no está rota, sino que "suspendida", a raíz del proceso de reajuste del sector público.

"Tenemos una mesa de trabajo instalada, que está suspendida, pero que sigue funcionando y esperamos retomar las conversaciones, y ahí vamos a definir esta demanda que ellos tienen", dijo Alanis.

La titular del servicio también señaló que si bien se conversó con los funcionarios sobre un reajuste en sus remuneraciones, no se llegó a establecer un bono.

"No se ha ofrecido un monto, lo que tenemos es una mesa de trabajo en la que esta el servicio, el Ministerio de Justicia y la Dipres, no está definido un bono ni bajo qué figura esto pudiera ocurrir. Lo que se acogió fue una demanda de los funcionarios de Registro Civil ante una figura de reajuste remuneracional", afirmó la directora.

La titular del Registro Civil manifestó que paro es "muy dañino" para la población debido a que se trata de un servicio "altamente demandado", y advirtió de la posibilidad de abrir un sumario administrativo.

"No es una amenaza, esa es la medida administrativa que existe. No es que uno esté amenazando, eso es lo que corresponde es una situación de este tipo. Todo eso se va a ir evaluando en la medida en que el conflicto vaya avanzando", subrayó Alanis en radio Cooperativa.

La presidenta de los funcionarios, Nelly Díaz, garantizó la existencia de "turnos éticos" para atender trámites que sean más urgentes, y ante los reclamos de los usuarios de la falta de estas atenciones, la dirigenta interpeló a la titular del servicio.

"Siempre hemos hecho turnos éticos o humanitarios, pero a la directora yo la emplazo a que se ponga la camiseta del Servicio de Registro Civil y no se quede sentada y que también haga turnos éticos. Los directores regionales tienen la obligación de atender a su gente", arremetió.