Si bien los aspectos más mencionados en los medios de comunicación -importantes, por lo demás- son aquellos relacionados con el aumento de sueldo y la distribución de horas lectivas y no lectivas y el bono incentivo de retiro voluntario, éstos no reflejan las transformaciones de fondo que requiere nuestro sistema de educación y que apuntan a un cambio de visión hacia una enseñanza efectiva y de calidad.
Esto es imposible sin un análisis en profundidad de la realidad educativa de nuestro país, un análisis de lo que realmente sucede en el aula en los distintos contextos educativos. Sólo cabe esperar que los cambios aprobados sirvan, al menos, como un punto de partida para incentivar el ingreso a las carreras de Pedagogía de jóvenes comprometidos y motivados por mejorar nuestro sistema educativo.
No digo que preocuparse del pasado sea malo, por el contrario, creo que deben utilizar todos sus esfuerzos en buscar soluciones para los problemas de hoy también, con la misma fuerza y empeño que legislan para lo ocurrido hace 42 años atrás.
De igual forma me preocupa porque hoy no sabemos, a ciencia cierta, cuantos son los falsos exonerados que cobraran esas prestaciones, lo que sin duda seguirá afectando nuestro presupuesto nacional y que irá a parar a los bolsillos de operadores políticos, tal como lo detectó la Contraloría General de la República, al detectar dentro de 2.951 personas que no les correspondía recibir el beneficio de exonerado político, que 1.187 de ellos, eran ex- empleados de partidos políticos y vienen defraudando al estado desde el año 2007.
Seguramente, la verdad de esta historia, será tan difusa como lo es el borrado de la memoria del computador del hijo de la Presidenta, porque se pasó de investigar a 18.455 personas que en la actualidad gozan de este beneficio a sólo 6.452.
Reparación... si....repartición, de ninguna manera, porque esto nos afecta a todos.
Es fundamental cambiar esta constitución, no solo por su ilegitimidad de origen, sino porque no da respuesta a las necesidades de una nación, una patria que hoy aspira a tener una democracia moderna y con equidad social, política y económica.
Pensamos que la discusión debe originarse en los niveles provinciales, a través de asambleas constituyentes, que represente a las provincias. De allí a asambleas regionales y luego una gran asamblea constituyente nacional. Donde los pueblos originarios, las mujeres, los discapacitados y los jóvenes, tengan una cuota de representación, para la legitimidad de la nueva carta política de la república.
Provincialmente, deberían estar representados en la discusión, de los distintos tópicos, como de las ideas, aspiraciones y sueños, la ciudadanía, donde podrán hacerse oír y proponer, los grupos científicos, juntas de vecinos, clubes deportivos, colectivos culturales, clubes de rayuela, grupos de estudios, grupos juveniles, artistas, colegios profesionales, sindicatos, entre otros.
Sin duda alguna para la descentralización y las autonomías en los territorios, es uno de los ejes fundamentales de la nueva constitución, como así también, el asegurar constitucionalmente una educación pluralista, pública, donde se garantice la buena enseñanza para grandes aprendizajes. Como así también se asegure un sistema de salud público, que dé garantías de excelencia para la población. Garantizar los derechos de las mujeres, pueblos originarios, de la discapacidad, garantizar la plena participación en cuando a elecciones y a la capacidad de todos para ser electos representantes populares. Una constitución que nos asegure justicia económica, social, cultural, para sobre esa base pasar a las libertades, publicas y privadas. En suma una constitución nacida de la participación, moderna, laica y pluralista para una mejor democracia, que nos lleve al desarrollo como nación.
Después de meses de constante modificación al proyecto de Carrera Docente, la Comisión de Educación aprobó esta iniciativa luego de 15 arduas horas de discusión y análisis.
Maritza Rosas, Núcleo de Investigación en Educación Universidad Andrés Bello
Leo con bastante atención las declaraciones de la Diputada Cicardini a vuestro medio, en la cual valora el aporte de un bono por $1.000.000 ( un millón de pesos ) a todas las víctimas de prisión política y tortura. Sin lugar a dudas, existen quienes valoran este hecho y otros que ven en estos beneficios económicos, sólo una forma más de generar simpatías entre los chilenos, sobre todo hoy en día que nos encontramos frente a un Gobierno con una pésima evaluación ciudadana y que se ha preocupado últimamente de resolver problemas ocurridos hace 42 años y no los problemas que hoy ocurren y que a la gente en realidad le preocupa como por ejemplo, la seguridad ciudadana, el desempleo, la salud, la educación, etc.
Eric Guaita
Septiembre ha sido definido por la presidenta como el inicio del proceso Constituyente, al respecto nos parece que:
Guillermo Cortés Lutz, doctor en Historia, post doctorado en Antropología
