El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Víctor Andrés González Santibáñez, a la pena de 8 años de presidio efectivo, como autor del delito de homicidio simple de Jorge Alejandro Lagunas Aguirre, hecho ocurrido en Copiapó.

Según los antecedentes, el 12 de enero de 2014, aproximadamente a las 22.15 horas, el imputado concurrió premunido de un arma de fuego hasta la intersección de las calles Ercilia González con Pasaje 3, en la ciudad de Copiapó, con el propósito de atentar en contra de Jorge Andrés Díaz González, padre de la hija de la pareja de González Santibáñez, para lo cual concurrió premunido con armas de fuego.

Según la resolución, al legar al lugar González encontró a Jorge Andrés Díaz en la vía pública, rodeado de otros sujetos, abriendo fuego en contra de ellos, sin que tuviesen la posibilidad de defenderse o reaccionar. "Los disparos percutidos por el imputado González Santibáñez impactaron a Jorge Díaz González en su pierna derecha, lesionando la arteria femoral, causándole una lesión por proyectil balístico, de carácter grave. A su vez, los disparos percutidos por el imputado González Santibáñez, impactaron a los acompañantes de Jorge Díaz González. De un lado, impactó a Jorge Alejandro Lagunas Aguirre, originándole una herida de bala en el hemitórax izquierdo, trauma torácico sin salida de proyectil, que le causó la muerte. Finalmente, tales disparos impactaron a Ramón Leny López Díaz, causándole una herida a bala en el muslo izquierdo y en el fémur, de carácter grave", dice la sentencia.

El imputado huyó del lugar para luego ocultarse, sin embargo fue encontrado en una casa, perteneciente al hermano de su pareja y madre de la hija de la víctima Jorge Díaz González.

Víctor Calderón, presidente Nacional de la Agrupación de Soldados ex Conscriptos del periodo 1973 y 1990, visitó Copiapó para dar a conocer las demandas del organismo. "Tenemos 364 soldados conscriptos muertos a manos de francotiradores, fallecidos en actividad fuera de servicio 233 que fueron tomados en su salida franca. Tenemos 455 que quedaron inválidos por heridas de bala", dijo.

Los conscriptos solicitan que se les paguen las imposiciones que no fueron canceladas por el Estado, además del sueldo. En Atacama hay alrededor de mil 800 exsoldados conscriptos. "Nosotros miramos nuestras cuentas previsionales y no se pagaron, tampoco los sueldos. También se dañó nuestro proyecto de vida, todos nuestros derechos constitucionales".

Calderón manifestó que hace más de 16 años, con distintos gobiernos, han planteado sus reivindicaciones.

El Ministerio Público formalizó la investigación por el delito de cuasidelito de homicidios por la eventual responsabilidad de un médico cirujano, con especialidad en ginecología, por la muerte de la paciente Bernardita Sanhueza Salas (28).

La joven ingresó a la Clínica Atacama el 2 de octubre de 2012, con un embarazo de término para una cesárea programada. Sin embargo, luego de dar a luz a su hijo, fue llevada a la sala de recuperación donde comenzó a tener complicaciones en su estado general de salud y una hemorragia que generó una anemia aguda.

Según se informó en la audiencia, en menos de 24 horas la joven fue intervenida quirúgicamente en cuatro oportunidades. Debido a la anemia aguda la salud de la víctima empeoró, lo que obligó a que fuese intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones más el mismo día del parto, donde el equipo médico, encabezado por el ginecólogo ahora formalizado, procuró detener la hemorragia masiva para luego internarla en la Unidad de Paciente Crítico y ser conectada a ventilación mecánica.

Sin embargo, el estado de salud de la víctima se deterioró aún más. El 3 de octubre fue sometida a una cuarta cirugía, donde finalmente dejó de existir debido a un colapso cardiorrespiratorio.

"Según los antecedentes de la carpeta investigativa luego del parto la paciente sufrió una inercia uterina que no logró ser controlada de manera oportuna, teniendo en consideración que el ginecólogo a cargo de la intervención manejaba los antecedentes médicos de la paciente en los cuales quedaba de manifiesto que ella tenía un grupo sanguíneo que es escaso", informó el fiscal de la causa Juan Sebastián De la Fuente.

El fiscal explicó que además de lo anterior y al tratarse de una cirugía en que las hemorragias constituyen un riesgo cierto, el médico identificado como S.G.R.N debió tener certeza si el banco de sangre del mencionado recinto médico contaba con la provisión de sangre suficiente para realizar una transfusión en caso de emergencia, lo cual no ocurrió, debiendo el imputado gestionar de modo urgente la compra de sangre al Hospital Regional de Copiapó para afrontar la emergencia. Frente a estos hechos De la Fuente indicó que, a juicio de la Fiscalía, se está ante un caso de cuasidelito de homicidio cometido por el médico imputado, por lo cual se le comunicó formalmente a éste el inicio de una investigación penal. En la instancia, se fijó una nueva audiencia para una eventual salida alternativa.

Un poblador de 40 años, fue detenido luego que ingresó a un minimarket, ubicado a un costado del servicentro Petrobras, en avenida Copayapu en Copiapó, e intimidó con un arma de fuego a sus dependientes.

Fueron momentos de angustia los que vivieron los trabajadores, ya que mientras los amenazaba los obligó a entregarle el dinero de la caja registradora, para posteriormente darse a la fuga en dirección a Entrepuentes.

Carabineros, que fue alertado por una de las víctimas quien llamó al fono emergencia 133, se trasladó al lugar para la respectiva denuncia.

Los datos que fueron entregados por los afectados fueron claves para dar con el supuesto autor del hecho.

Fue así como personal del Plan Cuadrante Nº 1, fiscalizó a un individuo que transitaba por el puente Kennedy, quien al ver la presencia policial, intentó darse a la fuga, sin embargo fue alcanzado y detenido por los funcionarios de Carabineros.

En el control, el personal aprehensor encontró en los bolsillos del pantalón dinero en efectivo, por lo cual fue trasladado a la unidad policial.

El arma, supuestamente utilizada, no fue encontrada por Carabineros, pese a haber efectuado un rastreo por el sector y los alrededores. Sin embargo la víctima lo reconoció y además el dinero hallado también sería el resultado del ilícito.

El imputado registra en el sistema policial 21 causas por diferentes delitos, todas canceladas. El fiscal de turno tomó conocimiento del hecho e instruyó el respectivo control de detención.