La demanda de un sector de la ciudadanía, respecto a la delincuencia juvenil, por un lado es aumentar la sanción penal ojalá a penas de privación de libertad y reducir la edad para ser sometido al procedimiento penal, entre otras, como forma de resolver el temor, la desconfianza y la cuestión de la seguridad. Por otro lado, critican la efectividad de la intervención social de reinserción y la rehabilitación.

La política criminal en nuestro país se caracteriza por privilegiar las articulación de acciones con el sistema penal por sobre la articulación con la política social. Con un Estado reducido en el campo de la política social el "Estado Policial" ocupa el centro del enfrentamiento de los problemas sociales.

Por eso no resulta extraño reconocer en las intervenciones sociales que se realizan con los jóvenes infractores de ley escasos resultados positivos si lo que se privilegia es el control social, focalizándose en el quebrantamiento, la acumulación de causas y sus reiterados procedimientos. Con ello se interrumpe procesos de intervención social de largo plazo y que requieren de una articulación familiar, comunitaria y social, que estigmatiza y se resiste a formar parte del abordaje de la solución.

Naciones Unidas ha desarrollado un modelo de atención de la vulnerabilidad psicosocial y psicopenal en Costa Rica y Uruguay que implica un cambio de la política criminal. Allí el sistema penal, la política social y la ciudadanía articulan la acción con un enfoque de prevención del conflicto psicosocial, abandono de la reincidencia del delito y reducción la exposición al control penal, a través de intervenciones destinadas a corregir las conductas delictivas con recursos familiares, grupales y comunitarios. Todo esto con un abordaje que involucra al joven, su entorno familiar, la comunidad y las instituciones sociales.

El artículo 29 de la Declaración de los Derechos Humanos sobre el Derecho a Vivir en Comunidad nos llama a la corresponsabilidad social y con ello considerar a toda la sociedad, ya que la reinserción es posible en lo local y lo comunitario y no en la coerción, segregación y control social punitivo.

Ahora más que nunca, los guatemaltecos deben ir a votar, con ganas, con ánimo. Todo se ha hecho dentro de la ley, dentro de lo enmarcado de la Constitución. Es un ejemplo para el mundo entero.

Vayan a votar contentos y tranquilos porque sea quien sea que gane, los guatemaltecos tendrán bien controlados... La sociedad civil funciona.

El titular dicta: "La región de Atacama necesitará 10.000 censistas voluntarios"; inmediatamente la bajada complementa: "La medición nacional se realizará en junio de 2016". Ambas aseveraciones, que parecen completarse, se refieren a procesos distintos. En efecto, la primera, habla del Censo 2017 y la segunda trata del Precenso 2016.

Como dirección regional del INE hemos realizado un activo trabajo de socialización de los temas Precenso 2016 y Censo 2017 a través de medios de comunicación locales.

Por lo tanto, queremos aclarar que el precenso se realizará en Atacama desde junio a agosto del 2016. Su objetivo es actualizar la cartografía censal de la región, contabilizando cada una de las viviendas y personas existentes; para ello se contratarán 100 personas, a objeto de abordar las 9 comunas. Con la información del Precenso 2016 se estimarán los recursos humanos y materiales necesarios para el próximo Censo 2017.

Por su parte, el Censo 2017 se realizará el 19 de abril del 2017, fecha que será decretada feriado nacional para retomar la usanza cívica que durante años ha acompañado a los censos en nuestro país de realizar este proceso en un solo día. Para esta instancia, se necesitarán aproximadamente 10.000 censistas voluntarios en Atacama.

Tanto en el Precenso del 2016 como en el Censo 2017 se necesitará la colaboración y participación activa de toda la ciudadanía, pues como lo dice su slogan "Todos Contamos".

La presencia permanente, y en aumento, de la delincuencia juvenil en los medios de comunicación, coloca en tela de juicio la implementación de la Reforma a la Ley Penal Adolescente. Un estudio realizado por la Fiscalía nacional revela la reincidencia como un fenómeno central en este grupo etario, reconociendo una carrera delictual en una escala de tipos de delitos y uso de la violencia.

Ana Fuentealba Alday, académica Escuela Trabajo Social UNAB

La crisis política en Guatemala no nos puede dejar indiferente: corrupción de autoridades, familiares implicados en negocios de dudosa imparcialidad (les parece conocido), un renunciado presidente y varios ministros. Manifestaciones generales de la población y un congreso que no daba abasto.

Francisco Sánchez Urra, Círculo Acton Chile

En la edición del domingo pasado se publicó en la página 4 de este diario, una nota respecto al censo en Atacama, la cual contiene algunas imprecisiones que considero importante sean aclaradas.

Sergio Barraza Véliz, director regional INE Atacama