Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) celebrarán el 14 de septiembre una reunión de emergencia sobre la actual crisis migratoria y de refugiados, anunció ayer la presidencia luxemburguesa de la UE en Twitter.

El objetivo de la reunión es "fortalecer la respuesta europea" a la situación que se vive actualmente, según el tuit publicado por la presidencia luxemburguesa.

"La situación del fenómeno migratorio fuera y dentro de la Unión Europea alcanzó recientemente proporciones sin precedentes", afirmó la presidencia del Consejo Europeo en un comunicado.

La reunión se centrará en los procedimientos para devolver a los migrantes si sus solicitudes de asilo son rechazadas, en la cooperación con terceros países y en las medidas para evitar el trafico de migrantes.

presión diplomática

La convocatoria del encuentro llega horas después de que los ministros de Interior de Alemania, Francia y Reino Unido exigieran la celebración de un encuentro de este tipo en las próximas dos semanas.

Los titulares de esas carteras destacaron la urgencia de poner en marcha "lo antes posible, como muy tarde antes del fin de año", según reportó EFE, centros en Italia y Grecia que permitan registrar a los inmigrantes en la base Eurodac e identificar a aquellos con "necesidad manifiesta de protección".

críticas a hungría

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, criticó ayer la política de refugiados de Hungría, miembro de la Unión Europea.

"Hungría no respeta los valores europeos comunes", dijo Fabius en declaraciones a la emisora Europe 1. El ministro se refería a la valla de 175 kilómetros que instaló ese país en la frontera con Serbia para contener la afluencia de inmigrantes. "No se respetan los valores europeos cuando se construyen vallas", agregó Fabius.

La Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, no seguirá adelante en el proyecto que restablece un impuesto a las transacciones financieras para detener el creciente déficit fiscal del país. La idea, que enfrentó críticas incluso desde su coalición, habría sido desechada por el poco tiempo para preparar la normativa, según consignaron ayer los periódicos Folha de Sao Paulo y Estado de Sao Paulo, citando asesores presidenciales.

Esos medios detallaron que Rousseff abandonó la idea pues se dio cuenta de que no había tiempo para su aprobación en el Congreso, donde hoy se debe presentar el presupuesto del 2016.

Rousseff estuvo ayer discutiendo sobre el presupuesto con varios de sus ministros.

El Gobierno planeaba un proyecto de ley que reinstaure un tributo de 0,38% sobre las transacciones financieras, conocido como CPMF, para recaudar cerca de US$ 19.000 millones al año.

El propio ministro de Hacienda, Joaquim Levy, dijo el sábado que el impuesto "era necesario" para lidiar con los problemas fiscales de Brasil en medio de una economía en contracción.

En un nuevo episodio que enfrenta a opositores con miembros del Gobierno de Dilma Rousseff, ayer un grupo de manifestantes opositores insultó al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, cuando paseaba por la Avenida Paulista, la principal de Sao Paulo.

Los manifestantes llamaron "ladrón" a Cardozo y gritaron "fuera PT", en alusión al Partido de los Trabajadores (PT), el partido de Rousseff.

El cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia y la expulsión masiva de colombianos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro ponen en riesgo la situación humanitaria y la estabilidad en la región, aseguró ayer la Unión Europea, preocupación a la que se sumó también el Gobierno de Estados Unidos, desatando las críticas de Caracas.

"Se debe evitar una escalada (en el conflicto) y es necesario encontrar soluciones que respeten plenamente los derechos humanos y garanticen el bienestar de la población", declaró el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el órgano diplomático de la UE, en un comunicado.

La tensión entre Bogotá y Caracas comenzó el 19 de agosto con el cierre de varios pasos fronterizos ordenados por el Gobierno de Nicolás Maduro, tras un ataque a militares venezolanos, ocurrido antes en medio de una operación anticontrabando en el estado fronterizo venezolano de Táchira, y que el Mandatario atribuyó a "paramilitares colombianos".

Estados Unidos se sumó a los llamados políticos y pidió ayer a ambos países que busquen una solución diplomática a la crisis fronteriza que los enfrenta, y afirmó que las deportaciones deben realizarse de conformidad con la ley internacional, respeto a los derechos humanos y coordinación entre las naciones involucradas. "El Departamento de Estado (de Estados Unidos) apoya los esfuerzos de Colombia y Venezuela para resolver el conflicto diplomáticamente y agradece iniciativas para abordar la situación en un foro multilateral apropiado. Estamos dispuestos a trabajar con ambos países y otros socios regionales para encontrar una solución pacífica, humana y duradera", dijo un comunicado oficial.

De inmediato, Caracas rechazó el llamado de Washington. "Venezuela rechaza las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, por injerencistas", tuiteó la canciller venezolana Delcy Rodríguez.

se eleva el conflicto

Una muestra de que el conflicto empeora es que ayer la Procuraduría General de Colombia denunció que niñas y mujeres colombianas habrían sido abusadas sexualmente por militares de Venezuela. Según DPA, el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, interpondrá mañana una contra Venezuela en la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH).

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideró ayer "increíble" que en el siglo XXI se deporte a personas de manera "arbitraria" solo por su nacionalidad, en referencia al conflicto con Caracas. "Hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla", dijo el Mandatario -quien visitó dos veces Cúcuta para ver la situación- al iniciar una caminata solidaria.