A raíz del polvo en suspensión que aún mantendría niveles elevados, la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Ericka Portilla, informó que la restricción vehicular se extenderá durante septiembre en la capital regional.

Según consignaron medios de comunicaciones de la zona, la autoridad señaló que aún no se ha logrado obtener la condición ambiental deseada por el Gobierno, en materia de supresión del polvo, lo que obligará a los automovilistas de Copiapó a continuar con la misma modalidad desde la implementación de la medida luego de los aluviones.

Respecto a la aplicación de la restricción vehicular durante los días festivos, se informó que las excepciones permanecerán tal como se ha establecido hasta la fecha, mientras que la medida no regirá los fines de semana.

Además, en el contexto de la llegada de las fiestas patrias, se indicó a la comunidad que las fiscalizaciones continuarán y que, en caso de incumplimiento con la medida, los conductores pueden arriesgar multas de hasta 120 mil pesos.

Acompañado de su equipo central y representantes locales, el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, llegó el viernes hasta la región para constatar el avance del proyecto de energía solar Luz del Norte, el más grande de su tipo en América del Sur, ubicado en la comuna de Copiapó.

En su visita por la zona, el secretario de Estado también participó en la entrega de una concesión al Consejo Regional de la Cultura y las Artes y un permiso que dejará a la Universidad de Atacama a cargo del Centro Cultural de Caldera. Hitos que la autoridad calificó de "tareas que el ministerio desarrolla para fortalecer la institucionalidad pública y la sociedad civil".

Sin embargo, en su paso por Atacama, Osorio también se refirió a la situación en que se encontrarían los terrenos fiscales que, tiempo atrás, fueron solicitados para ejecutar proyectos que finalmente no se concretaron, además de la interrogante sobre construcción de viviendas sociales pactadas en predios estatales y el escenario que enfrentarán las tomas costeras de la región.

- La prioridad que hemos trabajado es destinar territorios fiscales para resolver necesidades de desarrollo de las comunidades. Nos pareció que lo más pertinente era desarrollar un estudio más acabado de cuál sería el interés social para este lugar. Se constituyó una mesa de trabajo que está operando con el Minvu, Serviu y la municipalidad, que trabaja con la perspectiva de construir un edificio que albergue servicios públicos (…). Pensamos que este camino que estamos realizando en ese lugar garantiza de mejor modo el interés público.

- Por esas mismas características vamos a construir esos edificios, será una tremenda contribución.

- Esperamos que el diseño de este proyecto quede resuelto en el más corto plazo posible.

- La necesidad de construir viviendas era previa al aluvión, porque durante la administración anterior prácticamente no hubo destinación de propiedad fiscal para viviendas sociales. A nivel nacional, en un año y medio, hemos gestionado cuatro veces la cantidad de territorios fiscales para vivienda que se destinó en la administración anterior. Y habría que señalar que, en la administración anterior, la totalidad de lo que se entregó fue bajo modalidad de transferencia onerosa, es decir, que el Serviu tenía que pagar a Bienes Nacionales. Nosotros hemos establecido el criterio de que las transferencias para viviendas deben ser gratuitas, porque eso permite garantizar el carácter social de estos proyectos.

- Estamos tramitando transferencias a favor del Serviu para la construcción de viviendas sociales en los sectores de La Estrellita, Llanos de la Candelaria, Copa de Agua 1 y 2 en Caldera y sector sur de Chañaral.

- Antes y después. Ahora, el tema del aluvión nos demandó exigencia superior. Tuvimos que destinar territorio fiscal para proyectos de emergencia, fundamentalmente en El Salado, y también acelerar la entrega de terrenos para viviendas definitivas como ocurrió en Diego de Almagro. Todos estos proyectos están en curso de transferencias.

- Hay que cumplir una serie de requerimientos. Pero, considerando que esto constituye una prioridad, lo que hemos hecho es acelerar el tranco para que esto pueda cursarse.

- Lo que hemos buscado es construir un plan integral de normalización del borde costero. Este plan tiene varios componentes, el primero es que no vamos a aceptar nuevas ocupaciones irregulares y vamos a proceder al desalojo. Segundo, iremos a determinados lugares por su interés arqueológico o de comunidades indígenas y los vamos a autodestinar a Bienes Nacionales para que quede bajo su administración. Y tercero, hemos procedido a iniciar un plan que implica el arriendo de terrenos que están ocupando a través de una figura de macrolotes.

- Si hay un sector que está caracterizado como zona de riesgo, no estamos en condiciones de realizar ningún acto de administración en ese lugar.

- Eso está determinado por los instrumentos de planificación territorial de los organismos públicos. De hecho, parte importante del diálogo que hemos tenido con los ocupantes es hacer presente que se está cometiendo una vulneración de ordenamiento jurídico (...) no hablamos de personas que mayoritariamente carezcan de viviendas; lo que están reivindicando es el derecho a tener una casa en la playa.