Alrededor de 40 directivos encargados de convivencia escolar y docentes de 15 establecimientos de Copiapó, asistieron a la jornada realizada por la dirección regional de la Superintendencia de Educación de Atacama, sobre Derechos de la Comunidad Escolar.

En la oportunidad expusieron funcionarios de la unidad de Denuncias de la dirección regional de la Superintendencia, quienes hablaron sobre el Proceso de Mediación y resolución pacífica de conflictos, y también de los Derechos de Comunidad escolar. Además, participó, como invitada, la académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Atacama Alejandra Vega, quien expuso sobre el abuso sexual en el ámbito del maltrato escolar.

Al respecto de la actividad, la directora regional de la Superintendencia de Educación Atacama, Marggie Muñoz señaló que "gestionar una buena convivencia escolar es, sin duda, un gran desafío, indispensable de alcanzar, porque estamos convencidos que el desarrollo de los procesos educativos en ambientes gratos y de respeto mutuo contribuyen, significativamente, a la calidad de la educación de nuestros alumnos y alumnas".

Agregó que "cabe mencionar que ésta es la primera de las jornadas que realizaremos, las cuales estarán dirigida a los distintos actores de la comunidad educativa. Queremos ser aliados, orientando y apoyando a los establecimientos educacionales para construir un ambiente de respeto al interior de las escuelas, un ambiente organizado donde se conozcan las reglas y estas sean respetadas por todos"

Muñoz, finalmente expresó que "si bien no podemos asegurar que nuestra gestión de convivencia evitará en un 100% la existencia de conflictos al interior de nuestra comunidad educativa, podemos estar seguros que si somos capaces de abordarlos en su etapa temprana, a través de la mediación y el diálogo, estos se pueden transformar en motor de cambio y un verdadero aporte a nuestro ambiente y clima escolar".

Un empresario demandó a la municipalidad de Copiapó por una deuda que asciende a cerca de 50 millones de pesos por servicios prestados y que a pesar que estas labores fueron realizadas en 2013, todavía no son canceladas.

Según los antecedentes que se encuentran disponibles en la página web del Poder Judicial, el afectado interpuso una demanda ejecutiva, ya que el Organismo Técnico Ejecutor de Capacitación Castellano limitada tiene en su poder 14 facturas con distintas sumas de dinero que se le adeudan por conceptos de capacitaciones efectuadas en 2013 a profesores de distintos colegios municipales respecto a la Evaluación Curricular. La mayoría de estas facturas fueron emitidas por el municipio el 28 de marzo de 2013 y el 28 de agosto del mismo año.

Ante el no pago de los compromisos contraídos, el afectado ingresó una demanda al Cuarto Juzgado de Letras de Copiapó el 31 de enero de 2014, en el texto se solicita el pago de la deuda que alcanzaba la suma de los 46 millones 286 mil 240 pesos. A pesar de la acción judicial y la notificación, el municipio no ha respondido económicamente.

Ante el panorama, el representante legal solicitó en junio de este año la reliquidación de la deuda, la que por conceptos de reajuste aumentó y ahora asciende a los 49 millones 306 mil 500 pesos.

Tras la acción legal, el municipio ha sido notificado de esta deuda en reiteradas oportunidades en el domicilio, ubicado en Chacabuco 257, cuyo representante es el alcalde Maglio Cicardini.

Según los datos de la causa, este dinero está adeudado por parte de la demandada, la cual no ha objetado el monto que ya se acerca a los 50 millones de pesos.

Juan Carlos Mella, representante de la empresa comentó que "las capacitaciones se realizaron y no han sido pagadas". Por ello, busca que a través de esta acción judicial el municipio cancele la deuda.

MUNICIPALIDAD

Tras ser consultado por el tema, desde el municipio se señaló que "la Dirección de Asesoría Jurídica de la municipalidad informó que: la estrategia de litigación de la causa C-386-2014 llevada ante el 4to. Juzgado de Letras del Trabajo es información clasificada, por tanto no se realizará ninguna mención al asunto, sin perjuicio de que sus actuaciones son de libre acceso al público. Por tanto, no se emiten comentarios al respecto".

Carabineros de Chañaral logró recuperar 347 durmientes de la empresa Ferronor y que estaban acopiados, ya que supuestamente iban a ser comercializados.

Según fuentes policiales, los antecedentes dan cuenta que en un local de compra y ventas de chatarra, dos adultos mantenían un documento emanado por el municipio de Chañaral en el cual certificaban que podían realizar limpieza en el sector de la Playa Grande, pero el papel no indicaba que podían recolectar y acopiar estos durmientes que fueron arrastrados por el mar en el aluvión del 25 de marzo.

Ferronor interpuso una denuncia por la sustracción de la línea férrea esto por el delito de robo de bienes nacionales de uso público. Tras esto la policía incautó el material encontrado y puso a los pobladores a disposición del Ministerio Público por el delito de receptación, tanto al dueño del terreno donde se encontraban las especies como a una segunda persona que estaría implicada en el hecho, ya que los durmientes fueron dejados en el lugar por quienes habrían limpiado el sector.

Los datos están en manos de la Fiscalía y se busca determinar si hay otros sectores de la comuna donde ocurrieron delitos de similares características tras el aluvión que afectó a la vecina comuna de Chañaral. El avalúo de las especies se calcula que asciende a cerca de los 2 millones 500 mil pesos.