La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados decidió que postergará la votación en general del proyecto de Carrera Docente, a pesar del deseo del Gobierno de llevar la propuesta a esa instancia.

Luego de una nueva reunión de la mesa tripartita con el Ejecutivo y el Colegio de Profesores, el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, no rechazó la posibilidad de bajar el paro, que ya cumple 38 días.

Los participantes de la instancia definieron que se darán el tiempo necesario, que según algunos parlamentarios podría ser de tres semanas, para escuchar a todos los invitados que pidieron asistir a las instancias de trabajo.

Se estima que 26 agrupaciones participarán de las reuniones dispuestas para esta parte de la tramitación, lo que podría tomar cerca de tres semanas para llegar a la votación del proyecto.

Los participantes de la instancia pidieron a los representantes del Colegio de Profesores que reconsideren la continuidad de la movilización en la próxima asamblea nacional que está programada para este viernes.

participación

El presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, dijo ayer en la mesa convocada por la Comisión de Educación de la Cámara Baja que "estamos avanzando a construir la Carrera Docente con los profesores".

Gajardo mostró la intención de analizar el término del paro, previo a la consideración de las propuestas por parte de las bases del gremio.

"Les pedimos que nos den unos días para reunirnos como directorio y luego convocar a una asamblea. Eso no puede ser esta semana, porque no hay asambleas, pero una vez que la hagamos, nuestra asamblea va a evaluar todo esto en su correcto mérito", dijo el timonel de los profesores.

Frente a la posibilidad de deponer el paro, Gajardo aseguró que "va a depender de la madurez del debate y cómo se están dando las cosas en este minuto para buscar la mejor salida".

El Ministerio de Educación designó a Mario Leyton, Carlos Eugenio Beca y Juan Eduardo García-Huidobro como los tres nuevos asesores para rediseñar el proyecto.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra del senador (PPD) Eugenio Tuma, por fraude al Fisco en calidad de reiterado, acción que afecta también a parte de su equipo asesor y a Claudia López, su ex jefa de gabinete y quien presentó las primeras acusaciones en contra del senador por La Araucanía.

La acción judicial fue interpuesta el lunes ante el Juzgado de Garantía de Temuco, en torno a las indagatorias por presuntas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias, tanto para el presunto pago de propaganda electoral a una candidata a consejera de la Conadi, como una serie de supuestos reembolsos de carácter irregular.

El recurso del CDE apunta a Tuma y otros funcionarios de su equipo, como el periodista Daniel Sandoval, su ex jefa de gabinete Claudia López, Carlos Castillo, Yenni Cifuentes y todos quienes resulten responsables.

el recurso

En la querella -a cuyo contenido tuvo acceso este medio- se acusa a Tuma y su equipo de financiar propaganda electoral para la candidata a consejera de la Conadi, Ana María LLao.

En diciembre de 2011 Tuma habría dado instrucciones a Sandoval y López -contratados por el Senado como personal de apoyo del legislador-, "para que diseñaran, cotizaran, y contrataran la elaboración de propaganda electoral en favor de Ana Llao Llao, entonces candidata a consejera del Consejo Nacional de la Conadi, con cargo a la asignación parlamentaria denominada 'Gastos de Oficina'".

La acción judicial agrega que una vez encargado el trabajo a la imprenta escogida, se le solicitó que no se hiciera mención del detalle y se facturara como "calendario 2012, todo color, díptico ley loteo irregular, y letreros oficinas parlamentarias", por un valor de $ 665.210 y financiado por el Senado.

El CDE atribuyó a Tuma asesorías parlamentarias no realizadas y reembolsos de gastos personales y familiares.

El texto agrega que entre octubre y noviembre de 2011, el senador PPD contrató a Yenni Cifuentes por $ 222.000 mensuales, mientras que en diciembre de 2013 contrató a Carlos Castillo por $ 500.866 mensuales, ambos como personal de apoyo del Senado.

"Sin embargo, las personas contratadas a requerimiento del senador Tuma no prestaron ningún servicio destinado a la actividad parlamentaria, sino que persiguieron fines distintos a aquel", afirma la querella del CDE.

En el caso de Cifuentes, agrega el texto, "se le solicitó que emitiera boletas por supuestas asesorías por la suma de $ 222.000 mensuales (...) indicándole que (...) los cobrara y entregara el dinero en efectivo a la oficina parlamentaria del senador Tuma, los que luego se entregarían directamente a la candidata Ana Llao".

Para el caso de Castillo, el recurso afirma que se desempeña como administrador de la forestal Monte Raíces, de la que Tuma es socio.

La querella también hace alusión a un supuesto fraude al fisco por el reembolso de gastos personales, familiares y otros, a través de la presentación de "boletas y facturas" de especies y servicios "que no guardan relación alguna con la actividad parlamentaria".

Estos documentos -por a lo menos $ 2.698.048- serían de la esposa de Tuma, Samia Zeidán, sus hijos Joaquín y Simón Tuma y Nicolás Espinoza.

El CDE apunta también a la petición de reembolso de tres facturas por $ 1.707.650, de la imprenta Servicom, por objetos "que no guardan relación" con la actividad de tipo parlamentaria.

Luego de conocer la presentación de la querella, Tuma afirmó sentirse "tranquilo". "Son los mismos contenidos que están en la investigación del fiscal y los mismos contenidos de la falsa denuncia que hace la funcionaria del Senado. No hay nada nuevo acá. Lo que ocurre es que el CDE se hace parte, pero me considero absolutamente inocente en todos estos hechos", agregó el senador. Tuma acusó a su ex jefa de gabinete, Claudia López, de ser la responsable de los hechos.