En un fallo dividido, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal decidió absolver a 10 ejecutivos de las tres principales cadenas farmacéuticas acusados de colusión para aumentar los precios de los medicamentos entre 2007 y 2008. El voto de mayoría estimó que la colusión no existe como tipo penal y que la Fiscalía no logró probar la adulteración fraudulenta de precios.
El voto disidente -del juez José Flores- dio por acreditados los hechos y establece la participación culpable de los acusados Roberto Belloni (gerente general de Salcobrand), Ramón Ávila (gerente comercial de Salcobrand), Ricardo Ewertz (ex gerente comercial área Farma) y Sergio Purcell (Farmacias Ahumada), como autores del delito.
Luego de conocer el veredicto, el fiscal Jaime Retamal dijo que analizará el fallo para evaluar si recurre de nulidad. La sentencia absolutoria se conocerá el 28 de julio. Retamal destacó que se dieron por acreditados los hechos de la acusación.
También fueron absueltos la jefa del Departamento de Precios de Salcobrand, Mehilin Velásquez, y las category manager de esa cadena Claudia Carmona y Judith Carreño.
También fueron liberados de cargos el gerente de Cruz Verde, Ricardo Valdivia, el category manager Cristián Catalán y el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.
trabajo investigativo
El veredicto se conoce luego de tres meses de juicio oral, en que la Fiscalía acusó a los ejecutivos de Salcobrand, Fasa y Cruz Verde de coordinarse para alzar el precio de los fármacos, usando como intermediarios a los laboratorios y alterando con ello el precio que habrían tenido los medicamentos en caso que hubiera seguido operando entre las cadenas una competencia real.
En el voto de mayoría, las magistradas María Inés Collin y Laura Assef dieron por acreditados los hechos de la acusación, pero absolvieron a los acusados. Las juezas explicaron que la coordinación usada por las farmacias para alterar el precio de los medicamentos no está sancionada penalmente y que no se demostró que esta conducta -realizada entre diciembre de 2007 y abril de 2008- afectara el equilibrio de precios de largo plazo.
Los jueces afirmaron que las pruebas que rindió el fiscal Retamal no pudieron acreditar la acusación fiscal, que establece que los ejecutivos de esas cadenas elevaron de forma concertada los precios de los medicamentos.
El juez Flores dijo en su voto que el medio fraudulento implica cualquier actuar antijurídico, no requiriendo engaño, por lo que estima que la coordinación de las farmacias para subir artificialmente el precio de los fármacos es una forma de cometer el delito del artículo 285.
Ese artículo apunta a "los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación".
Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand concentran el 95% del mercado local y de acuerdo con la Fiscalía, obtuvieron beneficios por unos US$ 41 millones tras el alza de precios.
"La única explicación es que esta es la forma que opera nuestro sistema penal. El voto decisivo del fallo da cuenta de un problema de tipificación, se requiere un cambio normativo. No faltaron pruebas, hubo pruebas relevantes", dijo el fiscal Retamal.
En enero de 2012, la Corte Suprema confirmó la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Cruz Verde y Salcobrand, que fueron condenadas cada una al pago de 20.000 Unidades Tributarias Anuales, aproximadamente US$ 20 millones.
