Por segundo año consecutivo, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han venido a Chile a ejercer uno de los roles más relevantes que les competen: hacer difusión del alcance regional de la jurisprudencia que emana de ese tribunal interamericano, reconocido por todos los estados que componen la OEA.

Tanto el año pasado como ahora, ha sido la Defensoría Penal Pública la institución que ha invitado a estos jueces al país, y lo ha hecho porque desde sus inicios ha estado comprometida con el derecho internacional. Tenemos la convicción de que las políticas públicas deben integrar los instrumentos y tratados internacionales reconocidos por nuestro país, de manera que Chile avance y perfeccione la integración de conceptos del derecho internacional a la justicia nacional.

Se trata, derechamente, de asumir un compromiso con el acceso a la justicia, pero también con la ampliación y la posibilidad de acceso de todos los ciudadanos a estas dos jurisdicciones -nacional e interamericana-, que definitivamente no son contrapuestas.

Nuestros defensores públicos no sólo comparten esta noción. Día a día asumen la misión de ampliar el acceso a la justicia y el derecho a la defensa -consagrado en nuestra Constitución-, bajo la idea central de que cada día debiera ser más difusa la frontera entre las jurisdicciones nacionales e internacionales, a partir de un principio general como el de la justicia.

El acceso a la justicia debe entenderse más ampliamente que el derecho a la jurisdicción, pues incluye el acceso a mecanismos de tutela y protección efectiva de derechos en el ámbito nacional e internacional, cuando éstos no han sido respetados en el país de origen.

Conocer en profundidad la jurisprudencia de la Corte IDH y como ésta es acogida en Chile nos permitirá a todos darnos cuenta de la real importancia que le damos al sistema interamericano y el largo camino que nos queda por recorrer.

Es cierto que si como defensores penales públicos no logramos demandar activamente la tutela efectiva de los derechos de nuestros defendidos, su consagración en tratados y leyes resultará vacía. Pero lo mismo puede decirse para el resto de los actores del sistema procesal penal. Ese es nuestro compromiso y también nuestra invitación.