Un estudio realizado por la Universidad Central e Imaginacción ha revelado que el 86% de los chilenos considera que los parlamentarios que han financiado ilegalmente sus campañas tienen que dejar o renunciar a sus cargos de representación. De acuerdo con la encuesta, un 76% cree que no habrá justicia en el denominado caso Penta y un 78% piensa que todos los políticos financian sus campañas de manera ilegal, lo que refleja la negativa percepción que tienen los chilenos sobre la actividad política.

En la otra vereda, un 81% manifiesta que el caso Caval, en el cual se vieron involucrados el hijo y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, le han causado mucho daño a la imagen y credibilidad de la mandataria. Hasta antes de eso, los atributos que destacaban los ciudadanos en las encuestas eran precisamente la credibilidad, que se mantenía a pesar de las bajas en la percepción de su gestión. Después del caso Caval, evidentemente eso impacta fuertemente y erosiona un atributo muy importante para un líder como es su credibilidad.

Lamentablemente, el estudio de opinión confirma la mala percepción de los ciudadanos en torno a sus representantes, ya que un 76,3% tiene 'pésima opinión' de la clase política. Las últimas encuestas en el país, coinciden en un desprestigio de los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. La falta de apoyo a los partidos, e incluso al gobierno, está provocando una crisis de representatividad. Este desplome habla de una tendencia y de una crítica social sistémica, que no sólo está vinculada a los partidos -que generalmente es donde se concentra la caída de la confianza-, sino que en el conjunto de las instituciones.

Si bien es cierto que preocupa el bajo ranking de aceptación a los políticos y las colectividades partidistas, ello debe ser constatado como una gran oportunidad para que asuman los cambios que exige la gente. Especialmente aquellos que se comprometieron a cumplir un programa de trabajo cada vez más prolijo y comprometido con el bien social, deben demostrar que han llegado al Congreso o al Gobierno movidos por un afán de servicio público, cuestión de la que hoy parece que la mayoría ciudadana pone en duda.