E l Gobierno Regional a través del seremi de Gobierno, Jorge Hidalgo valoró la información entregada en el informe de la Contraloría sobre la auditoria de las ocupaciones ilegales de terrenos Fiscales en Atacama. El vocero informó que se está trabajando para tomar medidas en los puntos indicados en el informe.

Uno de los puntos más importantes que arrojó el documento es que el ente fiscalizador está investigando a más de 100 funcionarios públicos y municipales y su relación con las tomas costeras, muchos de los cuales tendrían una cabaña o vivienda en esta condición.

La entidad de control calificó como insuficientes los argumentos, antecedentes y procedimientos disciplinarios proporcionados por los distintos servicios e instituciones cuestionados y mantuvo las observaciones a los trabajadores por falta al principio de probidad administrativa regulado en la Ley Nº 18.575.

Respuesta

Sobre esto, Hidalgo enfatizó que "existan más de 100 funcionarios en primer lugar son responsabilidades individuales que no tienen relación con los servicios en que ellos se desempeñan. Nosotros como funcionarios públicos somos quienes debemos dar el ejemplo siempre sobre el cumplimiento de la probidad y la transparencia. Aquí cada servicio deberá tomar las medidas que correspondan".

El seremi agregó que "nos hacemos cargo de lo que dice Contraloría y cada servicio tendrá que acatar lo que se ha planteado".

Por su parte, el Servicio de Salud de Atacama, que tenía 17 trabajadores investigados, informó a través de un comunicado de prensa que "este servicio realizó una recopilación de antecedentes y en virtud del oficio del organismo contralor ha determinado solicitar tanto en la dirección de nuestra institución como en los Hospitales señalados, los sumarios administrativos correspondientes a funcionarios públicos aludidos, a objeto de establecer su posible responsabilidad administrativa".

La mayor cantidad de ocupantes irregulares en el borde costero es la municipalidad de Copiapó, con 25 funcionarios que tendrían alguna propiedad en un asentamiento ilegal. El municipio a través de su asesor Jurídico, Rodrigo Videla explicó que "respondimos a Contraloría diciendo que la fiscalización iba a ser muy difícil, dado que los funcionarios ocupaban estos terrenos fuera de su horario laboral y además fuera del territorio jurisdiccional de Copiapó, es decir, playas que están en la comuna de Chañaral y Caldera, por lo que nuestro ámbito de fiscalización es nulo".

Agregó que "pese a eso, nos comunicamos con estos funcionarios y los conminamos a que regularizaran en la Oficina de Bienes Nacionales correspondiente esta situación. Sin perjuicio de ello, la Contraloría consideró que dicha medida no era suficiente y que el Municipio debería realizar acciones disciplinarias, ya sea una investigación o un sumario contra estos funcionarios, porque al fin y al cabo es una falta a la probidad, puesto que nadie puede tomarse terrenos a la fuerza".

En tanto, la alcaldesa de Caldera Patricia González comentó que la Contraloría le envío los antecedentes sobre los 21 trabajadores que tendrían una vivienda en las tomas costeras para aplicar la medida disciplinaria correspondiente. La edil señaló que el municipio está analizando la situación y que realizar investigaciones sumarias para determinar las responsabilidades de las personas cuestionadas.

Carabineros

En el documento de la Contraloría también se menciona la utilización ilegales de un terreno en el sector de Barranquilla por parte de carabineros como un recinto policial.

El coronel Jorge Garrido, prefecto de la Prefectura de Carabineros Atacama, reconoció que los terrenos donde está emplazado el retén temporal son de propiedad de Bienes Nacionales. Además dijo, que este retén está dentro de la franja de los 80 metros de alta marea, que administra la Gobernación Marítima de Caldera, quien a petición del Gobierno de la época autorizó a Carabineros para que durante los meses de verano permaneciera en el lugar cumpliendo con sus obligaciones constitucionales.

Garrido agregó que "efectivamente, como señala el diario existía una solicitud de autorización del año 2004 vencida, la cual fue actualizada luego del pre-informe que envió la Contraloría Regional".

Labor

Dentro de las observaciones planteadas en el informe se enfatiza que el gobierno no ha cumplido con sus atribuciones de proteger los terrenos del Estado. Sobre esto, Hidalgo finalizó que cumplirán con los requisitos de Contraloría y que "en este plan de normalización nos hemos dado cuenta de efectivamente aquí hay una necesidad importante que tiene que ver con contar con más recursos y más funcionarios que permitan fiscalizar de mejor manera e impedir que se sigan instalando más viviendas en el borde costero".

Los pescadores del Sindicato de Tripulantes Cerqueros prendieron bengalas en las cercanías de la municipalidad de Caldera y también prendieron fuego en la puerta de las dependencias de Sernapesca porque consideran que no han sido escuchados por las autoridades de gobierno regional por el no aumento en la cuota de pesca del jurel.

En forma pacífica los pescadores llegaron hasta la plaza Condell para seguir con la movilización y para que la comunidad Calderina pudiera conociera sus demandas. Luego el dirigente Víctor Pereira, fue recibido en su despacho por la alcaldesa del puerto Patricia González, quien escuchó al dirigente y tomó conocimiento de las acciones que tomarían si no son escuchados.

Patricia González, primera autoridad de la comuna, comentó que "estoy preocupada con lo que está pasando a nuestros pescadores y por eso estoy participando en las diferentes reuniones que ellos han solicitado con distintos parlamentarios para que puedan ser escuchados y que ojalá en un corto periodo esto pueda solucionarse".

Más tarde los pescadores se reunieron con los diputados Yasna Provoste, Lautaro Carmona, el gobernador provincial, Mario Rivas y la alcaldesa de Caldera, Patricia González, donde los parlamentarios recibieron las peticiones de los dirigentes de los pescadores para llevarlos donde el Ministro de Economía y traer un respuesta el jueves.

Finalmente, los representantes de los pescadores dieron una tregua a sus movilizaciones y que esperarán hasta el jueves cuando se reúnan nuevamente con los parlamentarios que le entregarán respuesta, el dirigente Jorge Jaramillo, manifestó que "solo queremos trabajar mientras el producto jurel se encuentra en la zona, ya que millas afuera están los barcos industriales con más de mil toneladas cada uno y que en dos días se llevan lo poco y nada que tenemos, son barcos tanto de la zona sur como también del norte, ya que ellos tienen todo el privilegio de extraer en nuestras costas".