L a Contraloría General de la República entregó el informe final, con fecha 16 de marzo de 2015, sobre la auditoría de las ocupaciones ilegales de terrenos fiscales en Atacama y donde se investiga a más de 100 funcionarios públicos y municipales y su relación con las tomas costeras, muchos de los cuales tendrían una cabaña o vivienda en esta condición.

La entidad de control calificó como insuficientes los argumentos, antecedentes y procedimientos disciplinarios proporcionados por los distintos servicios e instituciones cuestionados y mantuvo las observaciones a los trabajadores por falta al principio de probidad administrativa regulado en la Ley Nº 18.575.

La entidad que tendría la mayor cantidad de ocupantes irregulares en el borde costero es la municipalidad de Copiapó, con 25 funcionarios que tendrían alguna propiedad en un asentamiento ilegal. Le sigue el municipio de Caldera con 21 funcionarios y continúa el Servicio de Salud Atacama con una cifra no muy alejada: 17 trabajadores.

Los otros servicios que registran funcionarios cuestionados son la Seremi de Bienes Nacionales, Seremi de Educación, Servicio Nacional de Menores de Atacama, Junta Nacional de Jardines Infantiles de Atacama y Coquimbo, Registro Civil de Atacama, Tesorería General de República de Valparaíso, Dirección de Vialidad Atacama, Dirección General de Aeronáutica Civil, Instituto de Previsión Social Atacama, Dirección de Crédito Prendario de Atacama, Instituto Nacional del Deporte de Atacama, Servicios de Salud de Coquimbo, Servicios de Impuestos Internos Metropolitano, Gendarmería de Chile Atacama, Carabineros de Chile de Atacama, Hospitales de Chañaral, Diego de Almagro y Copiapó.

Además de los municipios de Chañaral, Diego de Almagro, Tierra Amarilla, La Serena, Machalí y San Joaquín. También se suman a la lista las universidades de Atacama y de La Serena.

Antecedentes

La auditoría tuvo como muestra el periodo entre el 1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2014. La investigación fue considerada por la denuncias planteadas por Eduardo Fiol que expone la instalación ilegal e irregular de 40 cabañas en Bahía Inglesa; Cecilia Martínez que apunta a la falta de actuar de las autoridades competentes; Marcelo Avaria que reclama el incumplimiento de una orden de desalojo en Bahía Loreto y la del senador de Atacama Baldo Prokurica (RN), que solicita la revisión de los mecanismo empleados por las autoridades para evitar la instalación de asentamientos irregulares y critica que no se ha resguardado el patrimonio del Estado y de los bienes nacionales de uso público.

En el informe se cuestiona la falta de respaldo de información y registros por parte de la Seremi de Bienes Nacionales sobre las ocupaciones ilegales. Esta entidad se defiende y señala que algunos de los antecedentes fueron sustraídos por desconocidos que ingresaron a sus dependencias el 8 de septiembre de 2013.

También fue parte de la auditoría la Intendencia Regional, por su labor en el cuidado del patrimonio del Estado. Sobre esto, la entidad aludida respondió a la Contraloría que "no cuenta con la dotación de personal suficiente para el debido cumplimiento de la totalidad de sus funciones, entre las que se encuentran la de control interno y la de ejercer una supervisión del cumplimiento del ordenamiento territorial y del resguardo del mismo, por parte de los organismos competentes", dice el informe.

La Contraloría advierte la falta de protocolos o manuales para este tipo de situaciones en los organismos públicos aludidos. Además sentencia que Bienes Nacionales, Salud, Vivienda y Urbanismo, Intendencia, Gobernación de Copiapó, Chañaral y Huasco; municipios de Chañaral, Copiapó y Caldera; Gobernación Marítima de Caldera, no evitaron las instalaciones de las tomas costeras según sus diversas atribuciones.

órdenes de desalojos

La seremi de Bienes Nacionales informó al organismo que ha solicitado el desalojo a la Gobernación Provincial de Chañaral de ocupaciones ilegales el 24 de julio de 2013 de las tomas ubicadas en Caleta Zenteno, Punta Frodden, Balneario Obispito (comuna Caldera) y Torres del Inca, Punta Salinas, Villa Alegre, Las Piscinas (Chañaral) Sin embargo, no han existido reiteraciones de la solicitud después del oficio.

También Bienes Nacionales emitió oficios a la Gobernación Provincial de Copiapó, solicitando el desalojo de ocupaciones ilegales el 17 de octubre de 2012 en el sector Los Patos en Caldera, el que fue reiterado en cuatro oportunidades. El mismo procedimiento se pidió en el sector de Las Machas en Caldera el 28 de agosto de 2014 y el 9 de septiembre de 2014. También se pidió en el sector El Pulpo de Caldera en octubre de 2013 y el 28 de agosto de 2014. Otra área donde se solicitó el desalojo fue el sector de Punta Pescadores de Bahía Inglesa el 16 de octubre de 2013 y el 28 de agosto de 2014. Finalmente, se pidió el desalojo en el sector de Playa Loreto el 28 de agosto de 2014 y tampoco fue ejecutado.

En tanto, la municipalidad de Caldera también efectuó solicitudes a la Gobernación Provincial de Copiapó para desalojos el 30 de mayo de 2014 por el sector de Punta Pescadores y el 17 de junio del mismo año en el sector de playa Los Patos del sector del Morro.

Casos conocidos

En su momento, una nota de televisión informó que la seremi de Salud, Brunilda González, tenía una casa en una toma costera. Sin embargo, se explica que la información aportada por su marido, un funcionario público que fue consultado por el hecho, da cuenta que efectivamente él era poseedor de una cabaña de material ligero en el sector de Rodillo.

La ley establece que en estos casos, los funcionarios aludidos no puede intervenir en asuntos que tenga interés personal, hijos o parientes de hasta el tercer grado, por lo tanto no puede participar de decisiones que les reste imparcialidad, debiendo abstenerse. Al ser consultada por el ente fiscalizador, la seremi informó que no existiría decisión administrativa en la cual haya tenido participación respecto a su esposo y que actualmente él ya no estaría vinculado a ningún bien en el borde costero, por lo tanto la Contraloría levantó la observación.

Otra de las autoridades conocidas por una nota periodística en la cual se informaba que presuntamente ella tenía una casa en una toma es la alcaldesa de Caldera Patricia González. El informe de la Contraloría señala que su marido fue poseedor de una cabaña en Rodillo, desde 2005 al 4 de febrero de 2014. La autoridad asumió en diciembre de 2012 el cargo, por lo tanto la Contraloría considera que debe abstenerse en temas donde pueda suscitarse un conflicto de interés. El municipio informó que la alcaldesa ha decidido abstenerse de todo asunto relacionado con las ocupaciones ilegales del borde costero, por lo que también se levanta la observación por parte del organismo.

Carabineros

En el informe de la Contraloría se constata que el recinto policial que ocupa Carabineros cada verano, en la localidad de Barranquilla, no cuenta con el permiso de edificación ni recepción municipal. Con esto se incumple la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Requerimientos

La Contraloría instruyó a las diversas entidades públicas identificadas en el informe a desarrollar un procedimiento disciplinario para establecer eventuales responsabilidades administrativas y en algunos casos particulares, tienen un plazo de 15 días, desde la entrega del informe (16 de marzo), para entregar más datos al ente fiscalizador.

Además, Contraloría instruyó que la Seremi de Bienes Nacionales remita las instrucciones formales o los procedimientos específicos que contengan el proceder ante una ocupación ilegal.

En cuanto a la Intendencia, esta deberá proceder a desarrollar acciones concretas que eviten las ocupaciones ilegales en el borde costero y además acreditar el actuar ante las existentes, debiendo remitir la documentación correspondiente a la Contraloría General de la República.