En el rubro de la construcción la mayor cantidad de empleo lo dan las empresas que son microempresas o pymes, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, concentrando el 81% de la mano de obra a nivel nacional. En Atacama esta realidad se ajusta, ya que muchas de las compañías que se dedican al rubro son contratistas en minería, de grandes constructoras o se dedican a trabajos que no son de gran escala. Es tanto así que muy pocas compañías locales tienen la envergadura para estar en el registro de primera categoría del Ministerio de Obras Públicas.

"De los socios regionales de la CChC, te diría que la gran mayoría somos pequeñas o medianas empresas (pymes), que tenemos una relación directa con nuestros trabajadores, que estamos metidos en terreno todos los días, que los conocemos y, por lo tanto, que somos parte de los detalles que significan una dinámica diaria", comenta el Presidente de la CChC Copiapó, Yerko Villela.

Por lo mismo, es que desde el gremio dicen que entre las medidas que propone el proyecto de ley de reforma laboral, la ampliación de la negociación colectiva a los trabajadores por obra o faena es perjudicial para la actividad, tanto para las empresas como para quienes trabajan en la construcción.

La razón principal es que la iniciativa legal no recoge las particularidades del sector, que está asociada a obras transitorias o por faena -con una duración promedio de entre 6 a 12 meses-, por lo que la mayoría de los proyectos son bajo la modalidad contractual de "suma alzada", lo que quiere decir que las constructoras se comprometen por contrato a realizar el trabajo a cambio de una suma total, lo que obliga a llevar un control de gastos estricto, además con plazos definidos (por lo que renegociaciones a mitad de camino podría ser muy complejas). Sin dejar de lado que estas faenas implican múltiples labores, por lo que es una actividad dinámica (los distintos grupos de trabajadores van entrando según la etapa de la obra), por lo que es improbable negociar antes de su puesta en marcha con un sindicato.

"Las presiones para las empresas serán muy fuertes y además las condiciones laborales y salariales tenderán a igualarse, más allá de las particularidades de la obra, de la situación económica del país o de cada empresa", explica Villela, quien agrega: "no debemos olvidar que mientras en el país en el período 2004-2014 las remuneraciones para trabajadores aumentaron en promedio un 33%, en la construcción fue de un 55%, y si ponemos el caso regional es aún más notorio, pues si en general aumentaron en 103%, en el sector fue en un 133%".

Impacto

Según la CChC, las grandes empresas podrán asumir esta nueva realidad, ya que la mayoría cuenta con sindicatos, pero las micoempresas y pymes se verán perjudicadas. Esto porque al tener una realidad distinta, casi siempre de costos muy ajustados, tendrán grandes dificultades en poder cumplir contratos -como se decía, transitorios- por el incremento de los costos laborales, poniendo en riesgo incluso su sostenibilidad.

En el caso de los trabajadores, también tendrá un impacto en sus posibilidades, ya que la industria tendrá que adaptarse rápidamente a un mercado laboral más rígido. Además, 1 de cada 3 personas que trabajan en el sector, nunca estudió o cuentan sólo con educación primaria, lo que dificultaría su reconversión hacia otra actividad económica.

Sobre este punto, el Presidente de la CChC Copiapó expone que "no hay que olvidar que la construcción es una de las actividades que entrega mayor cantidad de empleo a nivel país y, además, es un sector que incluye trabajadores que difícilmente podrían encontrar trabajo en otras áreas de la economía, porque muchos de ellos o no están calificados o son maestros que han adquirido sus capacidades en la medida que las ejercen, por lo que habría un impacto en sus grupos familiares".