Con la presencia de cuatro ministros de Estado, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados inició ayer la discusión del proyecto impulsado por el Gobierno que despenaliza el aborto en caso de violación, inviabilidad del feto y riesgo de la vida de la madre.

La titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ximena Rincón, comenzó admitiendo que el tema del aborto "no es fácil" y que el Ejecutivo espera poder cumplir su programa de Gobierno "con respeto a aquellos que piensan distinto".

La secretaria de Estado subrayó que el proyecto solo contempla tres causales específicas y que "en cualquier otra hipótesis el aborto continuará siendo ilegal". Rincón pidió a los parlamentarios desarrollar "un debate respetuoso" y que se discutan todas las miradas en torno a la iniciativa, que fue presentada por la Presidenta Michelle Bachelet a fines de enero pasado.

La ministra del Sernam, Claudia Pascual, fue la encargada de detallar los alcances del proyecto. Señaló que en caso de que el embrión padezca malformaciones genéticas incompatibles con la vida, "la causal (de aborto) opera solo si hay diagnóstico médico".

Sobre la causal de violación dijo que se permitirá la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. "Un equipo de salud informará la concurrencia de los hechos", dijo la ministra.

El titular de Justicia, José Antonio Gómez, detalló que en el caso de menores de 14 años se requerirá la autorización de su representante legal. "Entre 14 y 18 años, la mujer podrá manifestar su voluntad, que debe ser informada a su representante legal", agregó.

Objeción de conciencia

En tanto, la ministra de Salud, Carmen Castillo, tomó la palabra para referirse a la objeción de conciencia para los médicos que no quieran realizar el procedimiento, aspecto reconocido por el proyecto.

Al respecto, Castillo indicó que los médicos deberán manifestar de forma previa y escrita su objeción de conciencia al director del recinto hospitalario respectivo, y añadió que "la objeción de conciencia es estrictamente individual".

El proyecto, que ha sido criticado por la oposición y la Iglesia, volvió a recibir ayer reparos por parte de parlamentarios de la Alianza. La diputada de la UDI Claudia Nogueira opinó que "no es necesario legislar sobre el aborto, sino que proteger los derechos humanos de las mujeres y de los niños que están por nacer".

Mientras, el también diputado de la UDI Gustavo Hasbún se preguntó: "¿Dónde están las políticas públicas para evitar el embarazo adolescente? Hoy vamos por el camino fácil".

El ex capellán de La Moneda, Percival Cowley, se sumó ayer a los diversos llamados para que el obispo de Osorno, Juan Barros, renuncie a ese nombramiento, dada su vinculación con Fernando Karadima.

"Me parece que la petición que se le ha hecho al obispo Barros es perfectamente legítima (…) Lo que está en juego es el bien común de la comunidad eclesial de Osorno. En situaciones de esta índole lo que uno puede hacer es justamente pedirle al obispo que renuncie y eso está en sus manos", sostuvo Cowley en radio Cooperativa.

Cowley respaldó así la petición realizada el lunes por la Congregación de los Sagrados Corazones -a la cual pertenece-, que sostuvo que el sacerdote debe renunciar a su designación debido a su vínculo con el ex párroco acusado de abusos sexuales.

El ex capellán de La Moneda también le restó crédito a lo señalado por monseñor Barros, quien a través de una carta pública aseguró que "jamás" tuvo conocimiento de los abusos que cometía Fernando Karadima y que también terminó "defraudado" por el sacerdote.

A juicio de Cowley, al oír las palabras de Barros "da la impresión que no hubiese conocido al padre Karadima, y la verdad es que no solamente lo conoció, yo en eso le creo a Juan Carlos Cruz, que es uno de los testigos que estuvo presente y que vio lo que está diciendo", afirmó en el citado medio radial.

Cowley agregó que "monseñor Barros no podría decir lo que está diciendo y, si lo dice, la única interpretación posible, para no hacer un juicio de carácter moral, es que su nivel de inocencia e ingenuidad no tienen límite".

El Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer la investigación que lleva adelante la Fiscalía Nacional por la arista Soquimich (SQM) del caso Penta. Esto, luego que la Segunda Sala de esa instancia acogiera a trámite el requerimiento presentado por el ex gerente general de la compañía minera, Patricio Contesse, quien el lunes fue desvinculado de su cargo.

De esta forma, el proceso -que indaga presuntos delitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas- quedó suspendido hasta el próximo 25 de marzo, fecha en que se programó la audiencia donde se discutirá la admisibilidad del recurso, presentado por el abogado de Contesse, Samuel Donoso.

Con la resolución del TC -que suspende cualquier actuación, resolución y autorización relacionada a medidas intrusivas-, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago no podrá pronunciarse, por ahora, en la solicitud de entrada y registro de las oficinas de SQM y a la incautación de información contable comprendida entre 2009 y 2014 requerida por el Ministerio Público.

El recurso del abogado de Contesse se basa en la inaplicabilidad de inconstitucionalidad que a juicio del recurrente existe en la actuación del Ministerio Público, al solicitar información reservada a la empresa sin una querella o denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La acción fue presentada como una medida para dilatar la entrega de los datos comprendidos por la firma con los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias, luego que el Juzgado de Garantía declarara inadmisible la cautela de garantía presentada por Contesse para frenar la diligencia y esperar una orden del tribunal para concretarla.

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, defendió ayer la petición de datos a SQM asegurando que "no nos hemos excedido de nuestras facultades, porque la investigación que dirigimos no es solamente por delitos tributarios, sino que también por otros delitos del Código Penal".

El SII confirmó ayer haber recibido información contable "parcial" por parte de SQM, específicamente un pendrive con los antecedentes correspondientes al periodo comercial de entre 2009 y 2014.

"En este caso y en otros que también se encuentran en revisión, el SII hará uso de todas las normas legales, instrucciones vigentes y técnicas de auditoría que resulten aplicables para pesquisar operaciones que pudieran haber generado ventajas fiscales indebidas, y, en base a ello, redeterminar las bases imponibles e impuestos respectivos", manifestó el servicio a través de una declaración pública.

Pese a la entrega de información -que según el ente fiscalizador puede ser considerado un antecedente "positivo" para corregir la situación-, el SII no descartó "acciones" legales, pues, dijo, "ello no obsta para que se apliquen los procedimientos establecidos" frente a la posible comisión de un delito tributario.

"Si como resultado de la aplicación de este procedimiento se detectan diferencias de impuestos o ilícitos tributarios, el SII presentará las acciones respectivas ante los tribunales especializados o ante el Ministerio Público, según corresponda, para que se apliquen las sanciones que procedan de acuerdo con la ley", dijo.

La investigación en la arista SQM busca establecer si la entrega de boletas ideológicamente falsas emitidas a nombre de la minera habrían servido para financiar campañas electorales, entre ellas la del ex alcalde Pablo Zalaquett y la del ex ministro Joaquín Lavín.