Tras la muerte de la conocida notaria Irma Cáceres Peña en julio de 2011 en Chañaral, muchos especularon respecto a lo que ocurrió con sus bienes tras su muerte y finalmente ayer se pudo conocer cuál fue la trama que se tejió antes de su fallecimiento.

Irma Cáceres fue una destacada notaria de Chañaral. Se desempeñó por cerca de 46 años en el cargo. En junio de 2011 a sus 94 años enfermó y estuvo hospitalizada y murió los primeros días de julio del mismo año.

Debido al estado de salud de la notaria, el 17 de junio de 2011 fue nombrado como notario publico, conservador de bienes raíces y de minas de Chañaral en calidad de suplente de la titular Irma Cáceres Peña, el abogado Rodrigo Valenzuela Núñez.

Según la investigación de la Fiscalía, entre 22 y 28 de junio de 2011, cuando Valenzuela estaba en posesión del cargo realizó escrituras públicas falsas vinculadas a los bienes de la notaria Irma Cáceres Peña.

Las dudas se suscitaron tras la muerte de la notaria, ya que la Corte de Apelaciones nombró un notario interino mientras se designaba al reemplazante de la notaria y fue él quien se percató que podían existir firmas falsas. "Con las denuncias se revisaron las escrituras y se enviaron a peritajes, los que indicaron que había por lo menos cuatro escrituras que tenían firmas falsas y lo más irregulares es que todas eran relacionadas con la notario en el sentido que era el testamento de la notario y compraventas de sus propios bienes hacia otras personas y en general hacia funcionarios de la notaria", explicó el fiscal del caso, Álvaro Pérez.

En todas las escrituras investigadas, el notario que autorizaba y era el ministro de fe de los procesos era Valenzuela. "La Fiscalía acusó por cinco falsificaciones y Valenzuela fue condenado por tres de ellas, el testamento de la notario, una compraventa por la cual se vendía el inmueble de la notaria a una tercera persona que era conviviente de una sobrina del notario y una compraventa de acciones a dos funcionarios de la notaria. Se determinó que la firma era falsa y que esto fue tramado por Valenzuela con el objeto de despojar a la notario de sus bienes", dijo el fiscal.

Sin embargo, en la trama hubo otras personas que estuvieron involucradas y sabían de la situación. Fueron imputadas pero sus procesos terminaron en salidas alternativas. "Todos estaban en antecedentes que la señora Irma estaba hospitalizada y con la salud muy deteriorada. Lo que intentamos determinar en algún punto de la investigación es si se habían aprovechado de ello. Queda en evidencia por la forma en que fueron falsificadas las escrituras, las formas en que se pusieron las huellas que los funcionarios estaban al tanto. Los procesos terminaron en salidas alternativas (suspensión condicional del procedimiento) porque cada uno participaba en una sola escritura, sólo el notario Valenzuela estaba involucrado en todas", dijo.

Respecto al caso del testamento, también hubo una investigación a familiares de la notario. "El testamento asignaba los bienes a dos de las hermanas, lo que fue indagado. La señora Irma tenía a unos 16 herederos vivos, parecía sospechoso que le dejara sus bienes a solo dos hermanas. Ellas también fueron imputadas en la causa como involucradas en la trama y también fueron objeto de una suspensión dado que la participación se limitaba al testamento", señaló el fiscal.

Luego de ello, los bienes de Irma fueron repartidos a sus cerca de 16 herederos, ya que nunca hubo testamento.

El Tribunal Oral en lo Penal condenó a Rodrigo Valenzuela Núñez por tres delitos consumados de falsificación de instrumento público. Por el hecho, arriesga una pena que va desde entre dos y cinco años en libertad vigilada, ya que hubo una colaboración para esclarecer el hecho y además devolvió los bienes.

Como una "situación preocupante y que no puede esperar"; calificó el senador de Renovación Nacional (RN), Baldo Prokurica, la situación que están viviendo cientos de pequeños y medianos mineros de la Región de Atacama -y del país-, luego que en el mes de enero el gobierno fijara en 2,73 dólares por libra el precio de sustentación del cobre para la pequeña minería, válido por el periodo entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2015.

La medida del Ministerio de Hacienda, fue califica desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), como "un franco retroceso en las políticas públicas de apoyo a la pequeña minería y podría acarrear la paralización de muchas faenas productivas en el norte del país".

Frente este complejo escenario, Prokurica recordó que el precio de Sustentación para la Pequeña Minería está consignado en el D.S. N°76 y sus modificaciones, y obedece a una política de Estado que reconoce que la pequeña minería es viable con precios de largo plazo.

"Llama la atención, como el gobierno no ha tenido la prudencia de haber tomado esta decisión -que estamos pidiendo desde diciembre del año pasado-, lo cual terminó fijando un precio de sustentación -que en verdad-, no beneficia a los pequeños ni medianos productores de la Región de Atacama, ni del resto del país", denunció.

El legislador RN señaló que "cuando, por razones coyunturales, el precio del cobre cae, este sector sufre con mayor fuerza el impacto porque no tiene capacidad financiera ni acceso al crédito".

"Frente al negativo efecto en la generación de empleo y desarrollo económico -especialmente de nuestras comunas-, no entendemos como el gobierno -con una tremenda miopía-, no toma medidas urgentes, especialmente con un sector que devolvió todos los dineros que le fueron prestados en el periodo anterior", detalló el parlamentario.

Además Prokurica recalcó que "hay un claro atropello al Decreto 76, que establece esta ayuda -que es un crédito, un préstamo y no un regalo del Estado-, por lo que hay que llamar la atención a todos los pequeños y medianos de nuestra región".