A través de un comunicado de prensa, el intendente regional Miguel Vargas informó que se realizará un procedimiento sumario interno para evaluar las responsabilidades administrativas de haber otorgado anticipos a los consejeros regionales, sin haber rendido los anteriores. Ello incluiría a todos los funcionarios del Gobierno Regional que participaron en el proceso de otorgamiento de recursos al Core entre enero a junio del 2014.

"El Gobierno Regional de Atacama señala que -a raíz del informe de Contraloría N°24 sobre auditoría efectuada a los gastos realizados por los Consejeros Regionales- tomó distintas acciones correctivas para asegurar que las observaciones consignadas por el documento no vuelvan a ocurrir. Además, sobre el pago de anticipos del CORE, durante la actual administración, se terminó con la entrega de esos recursos a los consejeros regionales, por concepto de fondos rendidos", dice el texto.

El texto añade que "en relación a la adulteración de boletas por parte de un consejero regional, el Gobierno Regional esperará los resultados de la Contraloría, que ya tomó el caso, y comienza una fase indagatoria propia de sus facultades fiscalizadoras".

Además, la declaración indica que "en el caso de la participación de consejeros en las Comisiones Ampliadas, se consideró que no estaban los elementos probatorios suficientes para justificar la presencia de los consejeros en aquellas que fueron objetadas, por lo que el propio Consejo -una vez conocido el informe final- ha decidido reintegrar los recursos por los pagos improcedentes".

En lo relacionado con el uso de taxis para el traslado de consejeros, el documento señala que "durante esta administración se restringió la utilización de móviles externos sólo a traslados estrictamente justificados fuera de la región, a lo que se suma que el Core se encuentra trabajando en un nuevo manual de procedimientos de régimen interno de los consejeros, que va a ser remitido a la Contraloría para su sanción".

Otro aspecto que el informe de la Contraloría cuestionó fue la demora en la entrega de notebooks que fueron asignados a los consejeros, algunos de los cuales no se habían entregado a noviembre del año pasado. Al respecto, el Gobierno Regional indicó que "respecto a devolución de equipos, el Gobierno Regional ha recuperado todos los equipos a excepción de uno de los ex consejeros quien extravió su computador, pero que reintegrará su valor".

En cuanto a las demoras en la rendición de recursos entregados a los consejeros, el Consejo Regional tomó la decisión que por cada sesión que haga va a emitir su rendición de inmediato. "Hay un compromiso de los consejeros para cumplir los plazos que exige los procedimientos sobre rendición de cuentas que establecer la Contraloría General de la República", indica.

El intendente regional fue enfático en que "el Gobierno no amparará faltas a la probidad administrativa en ninguna de las reparticiones públicas, y seguirá avanzando hacia en el mejoramiento de la plena transparencia del aparato estatal de la región de Atacama, tal como indica el compromiso adquirido con la ciudadanía".

CONSEJEROS REGIONALES

Javier Castillo (PC), consejero regional entregó su visión del informe de la Contraloría General de la República. "Es cuestionable, está dentro de un proceso en curso. Es un documento público, es la opinión de la Contraloría, que yo difiero".

El consejero explicó respecto a su caso que "en el informe se plantea un desfase. En marzo fuimos convocados por la Contraloría a un encuentro nacional donde nos explicó las reglas del juego, yo las asumí. Cuando se dice que hay un desfase en la presentación de cuentas, yo todas las he presentado dentro de los cinco días. No se me puede acusar que no hemos entregado las cuentas. Hay una visión de la Contraloría que puede ser equivocada".

Consultado respecto de las boletas que supuestamente estaban adulteradas por parte del consejero Manuel Reyes señaló que el hecho "se planteó en su momento, el consejero Reyes fue muy claro y no estado metido en ningún tipo adulteraciones. Si esas boletas causaban alguna duda él las retiró. Esas boletas se retiraron y así lo dice el informe. La Contraloría pone el informe público y el que lo lee va a decir "aquí adulteraron boletas", eso no es tal. Hubo boletas que estaban en contradicción, el consejero dice que no las adulteró. Para evitarse cualquier tipo de cuestionamientos se retiraron de los procesos y tampoco fueron pagadas".

Agregó que "esto es un daño político, nosotros podemos aclarar, pero el titular del diario ya está (...) La derecha aquí tiene sus manos limpiecitas (...) Pensamos que es para emparejar las cosas, los escándalos nacionales, el caso Penta y otros más los que originan que un proceso en curso pase a ser titular de diario".

REGLAS CLARAS

Por su parte, el consejero regional Fernando Ghiglino (RN) mira de manera positiva esta fiscalización. "Está bien que Contraloría General de la República fiscalice porque así las reglas del juego quedan claras, pero hay cosas que a uno no le calzan. No nos olvidemos que este es un informe que todavía hay apelaciones. Hay un acuerdo de consejo que si se trata de platas se harán las devoluciones que corresponden, pero hay muchas cosas que generan dudas porque está todo basado en el reglamento interno y como se interpreta".

Uno de los puntos que abordó el documento, son las reuniones ampliadas, en las que Cores recibieron reembolso de gastos en alimentación, alojamiento y movilización, a pesar de no ser titulares por lo que según la Contraloría serían improcedentes. "El tema de las reuniones ampliadas que es habitual, nunca se cuestionaron. Ahora la Contraloría lo cuestiona y dice que las personas que incurren en gastos en asistir a esas reuniones no pueden hacerlo. En el caso personal, tengo una asistencia a 50 reuniones, solo me validan 24, las otras 26 nadie me las va a pagar. Yo no incurro en gasto porque soy de la provincia de Copiapó, no me trasladan ni me dan gasto de viático de alimentación. Sí lo sufren quienes vienen a una reunión citados de Chañaral, Diego o de la provincia del Huasco, quienes incurren en ese gasto".

Otro de los cuestionamientos que realiza el organismo es al uso de taxis para trasladarse a Santiago o Valparaíso. "Los taxis tampoco era una prohibición, en el informe se habla del traslado de un consejero, pero se olvidan que en ese taxi iban tres consejeros, eso no se nombra. Son cosas que vamos a tener que solucionar".

Además, respecto a las observaciones de la Contraloría, estas se analizarán. "Hubo un acuerdo que vamos a hacer todas las devoluciones que correspondan, pero vamos insistir en apelar en muchas cosas que consideramos que son interpretaciones que da la Contraloría y no se aplican en otros consejos".

Ghiglino señaló respecto a las objeciones que "muchas de las observaciones fueron por desconocimiento de los procesos". Respecto al tema de las boletas supuestamente adulteradas señaló que "es una responsabilidad personal, cada uno tiene que responder por sus actos. Eso no fue tratado en el consejo".

En tanto en su Facebook, la consejera Amada Quezada, presidenta del Core, explicó que "cada consejero de periodos antes o actuales, es responsable de su accionar y tendrá que responder ante los hechos como personas individuales".

Agregó que "hechos que no se ajusten a derecho no serán amparados por el Consejo Regional de Atacama. Finalmente cualquier observación a los Consejeros involucrados debo expresar que están en proceso de regularización si procede, o sanción si la Ley así lo determina. En mi calidad de presidenta y mientras dure mi periodo, mi disposición y voluntad será total y absoluta para que el respeto y la idoneidad de este Consejo no sea enlodado por algunos o por quienes a raíz de sus propios intereses tratan de hacer de un procedimiento bandera de pelea de sus propios sectores".

Una reunión de trabajo sostuvo la senadora de la Región de Atacama, Isabel Allende Bussi, con el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien le detalló a la parlamentaria, los detalles y alcances del proyecto de la institución castrense, que trasladaría el Regimiento de Infantería Nº 23 Copiapó, desde el centro de la ciudad hasta el sector de Chamonate.

Esta reunión es posterior a la solicitud de la máxima autoridad del Poder Legislativo, quien pidió al general Oviedo un informe detallado "para que se expliquen los reales alcances y posibilidades de llevar a buen término esta iniciativa que sin duda mejorará las condiciones del Ejército en la Región de Atacama, así como también para cambiarle el rostro al casco céntrico de Copiapó", apuntó Isabel Allende.

En este sentido, la segunda autoridad del país manifestó su satisfacción tras el encuentro con el comandante en jefe del Ejército y sus asesores, "ya que me hicieron una completa y detallada presentación donde nos mostraron las principales características del nuevo recinto en una de las mejores zonas geográficas del país para hacer ejercicios militares", dijo.

Por lo tanto, la senadora de Atacama dijo que el objetivo de este importante traslado es emplazar el Regimiento de Copiapó "en un mejor espacio, que sea propicio para cumplir con los nuevos estándares técnicos y humanos que requiere el Ejército, para desempeñar mejor su labor en nuestra Región de Atacama", subrayó la congresista, e indicó que a la próxima cita de trabajo se integrará el Ministro de Defensa, Jorge Burgos. "Este es tema que venimos desarrollando desde el tiempo en que era titular de la cartera el actual senador Andrés Allamand, durante el gobierno pasado, y hemos realizado un seguimiento, trabajando en conjunto para que este proyecto se materialice de la mejor forma posible, para el bien del Ejército y sobre todo para Atacama", explicó.

Además, la senadora Allende precisó que en la zona existe poca disponibilidad de terrenos fiscales, por lo cual "esta es una buena alternativa para emplazar, en el lugar que dejaría el Regimiento, un proyecto que sin duda beneficiará a la calidad de vida y progreso de nuestra comunidad local", finalizó la parlamentaria.