Ayer autoridades de Gobierno se reunieron con las comunidades del borde costero para tratar los pasos a seguir en el proceso de normalización que se pretende llevar a cabo.

La reunión se realizó durante la tarde y fue liderada por el intendente Miguel Vargas y la seremi de Bienes Nacionales Marcela Cepeda. Sin embargo, la alcaldesa de Caldera, Patricia González, no participó.

Según la autoridad esto sucedió porque existe una sugerencia por parte de la Contraloría General de la República. "Estamos como municipio en la comisión (...) La Contraloría General de la República me pidió que me abstuviera de participar en reuniones por el tema del borde costero porque mi marido antes tuvo una vivienda. A nosotros nos llegó un informe y me sugirieron eso".

Ante la decisión del organismo manifestó que "la Contraloría tiene sus apreciaciones, igual era importante que uno participara como autoridad, la mayoría de las comunidades están emplazadas en el municipio de Caldera. Sin embargo igual está participando el abogado de mi municipio, el administrador municipal y el director de Secpla", aclaró.

Respecto a la reunión manifestó que el intendente Miguel Vargas le explicó que se realizaba para "hablar con los dirigentes de las comunidades y ellos estuvieran tranquilos (...) es un acercamiento con la gente".

González explicó que todavía hay aspectos de la normalización del borde costero que se deben definir. "Se supone que todavía no se sabe los valores de los arriendos, están viendo esos temas. Van a trabajar con las comunidades", explicó la alcaldesa.

Se estima que hay alrededor de 6 mil casas emplazadas de manera irregular en el borde costero de Atacama. El plan de normalización busca que no nazcan más asentamientos y proteger algunas zonas, donde no podrá haber viviendas, mientras que en otros se busca regularizar a través del arriendo de macrolotes.

Un total de veinte comisarías, 19 subcomisarías, 18 tenencias y tres retenes, desde la Región de Atacama hasta Los Lagos, albergarán los 60 cajeros automáticos que se instalarán durante seis meses en estos espacios de Carabineros, tras un acuerdo entre la institución, BancoEstado y el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, según se informó en El Mercurio.

La zona más extrema en que se pondrán dispensadores es el retén de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, y en el sur en Puerto Montt. La medida abarcará diez regiones del país. "Este es un estudio que se está haciendo a nivel central, donde participa Carabineros, Banco Estado y el Ministerio del Interior. Nosotros no mantenemos información para confirmar más allá de las declaraciones que aparecen en la prensa tanto la región de Atacama como hasta la décima región serán beneficiadas con esta iniciativa", explicó el mayor de Carabineros David Estay.

El patrullaje preventivo del personal motorista de Carabineros por el sector del puente Kennedy, permitió que fueran alertados del hurto de dieciséis metros cuadrados de pasto sintético instalado en el bandejón central de avenida El Palomar, el cual era comercializado por tres sujetos detrás del local de comida rápida "el bus", ubicado en Panamericana Norte.

El personal policial se trasladó en forma inmediata al lugar, pudiendo verificar que detrás de "el bus", se encontraban tres sujetos, quienes reunían las características entregadas al fono emergencia de Carabineros 133. Los sujetos se estaban junto a un automóvil en cuyo interior había un paño de pasto sintético, similar al que se encuentra instalado en el bandejón central de avenida El Palomar.

Tras esto se controló su identidad, mientras se efectuaban diligencias para determinar la procedencia de las especies. Se pudo verificar que efectivamente en la intersección con la calle de servicio, desde los bandejones de la avenida, faltaban paños de pasto sintético, advirtiendo además que sobre la tierra estaban las huellas de dicha especie.

Desde la municipalidad de Copiapó se reconoció el pasto sintético como propiedad de la entidad edilicia. En total se sustrajo la cantidad de 16 metros cuadrados de pasto sintético, fue avaluado en la suma de un millón de pesos.