A través de un mensaje a un congreso de notarios que se realiza en Cuba, las FARC aseguraron que no dejarán la mesa de negociaciones hasta lograr un "pacto político y social" con el Gobierno colombiano que permita la firma de un acuerdo de paz.

"De nuestra parte no nos levantaremos de la mesa de conversaciones hasta tanto logremos con el Gobierno colombiano el pacto político y social que conduzca a la paz duradera con justicia social", señala el mensaje, consignado por Caracol Radio y citado por EFE.

Las fuerzas de la guerrilla insisten en que "están comprometidas a fondo, sin vacilaciones y sin esguinces con la búsqueda de la paz para Colombia".

También reiteran en que es necesario un cese bilateral del fuego para crear "un clima de confianza mutua que permita en la mayor brevedad el pacto de paz para Colombia".

El Gobierno colombiano y las FARC buscan desde hace dos años en La Habana un acuerdo de paz que permita ponerle fin a más de medio siglo de conflicto.

En estos dos años de negociaciones las partes han llegado a acuerdos preliminares en tres de los cinco puntos de la agenda que tienen que ver con asuntos referentes a tierras y desarrollo rural, participación política y drogas y cultivos ilícitos.

Pese a esos avances, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó la semana pasada la suspensión de los diálogos tras el secuestro del general Rubén Darío Alzate, otros tres militares y una civil.

Los diálogos, según Santos, se retomarán siempre y cuando las FARC pongan en libertad a estas cinco personas hecho que, según los rebeldes, se producirá esta semana.

Respecto a la liberación, los negociadores de las FARC aseguraron que si se respetan los protocolos, los profesionales capturados serán puestos en libertad.

El Presidente Barack Obama restó importancia ayer a las críticas de que se excedió en su autoridad al tomar medidas unilaterales para proteger a millones de inmigrantes sin residencia legal en Estados Unidos de la amenaza de la deportación.

En declaraciones al programa This Week, de la cadena ABC, el Mandatario afirmó que fue importante que él actuara unilateralmente para priorizar la deportación de delincuentes y recién llegados, pero también para proteger a quienes han vivido ilegalmente en el país durante al menos cinco años y que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.

"¿Por qué habríamos de preferir un sistema en el que ellos se queden en las sombras, pudiendo aprovechar el hecho de vivir aquí, pero sin contribuir?", dijo Obama.

En la entrevista transmitida por televisión a todo el país, Obama agregó que los Presidentes usan "todo el tiempo" ese tipo de discreción sobre a quién debe perseguirse policialmente.

la crítica republicana

La orden ejecutiva de Obama, anunciada el jueves, fue criticada de inmediato por los republicanos.

El senador Ted Cruz, republicano por Texas, rechazó la afirmación de Obama sobre la discreción en la aplicación de la ley. "Esencialmente él se ha metido en el trabajo de falsificación de documentos de inmigración, porque no hay autoridad legal para hacer lo que él está haciendo", dijo Cruz en el programa Fox News Sunday.

Otro republicano, el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, dijo que su partido "comparte la culpa" al no poder haber aprobado una ley de inmigración en la Cámara de Representantes.

Obama afirmó que tomó su decisión por el fracaso de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, para actuar en un proyecto de ley integral de inmigración que el Senado aprobó con apoyo bipartidista en junio de 2013.

El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo días atrás que Obama está "haciendo daño a la presidencia" con sus medidas. El Mandatario demócrata dijo que su respuesta a Boehner es que él "apruebe una ley (de inmigración)".

El Gobierno israelí aprobó ayer un controvertido proyecto de ley para declarar Israel un "Estado nacional del pueblo judío" en vez de Estado "judío y democrático", pese a la opinión de expertos juristas que advierten que socava los principios democráticos y amenaza los derechos de las minorías árabes.

Uno de los más críticos con la decisión, aprobada gracias a la presión de elementos ultranacionalistas de la coalición que dirige Benjamin Netanyahu, es el fiscal general del Estado, Yehuda Weinstein, para quien la nueva propuesta de ley supone "un ataque a la naturaleza democrática de Israel".

La ley introduce "un cambio tangible en los principios básicos de la ley constitucional que quedaron fijados en la declaración de independencia (de 1948) y en las leyes básicas del Parlamento, y tiene la capacidad de trivializar el carácter democrático" del Estado, advirtió Weinstein días atrás.

Weinstein y otros expertos temen que la nueva redacción legal suponga que la igualdad social y política de la que disfrutan en la actualidad todos los ciudadanos de Israel, "sin importar su raza, religión y género", quede supeditada al albedrío de los legisladores.

En la nueva ley, la fórmula "la igualdad total social y política -que nunca se ha logrado- es reemplazada por derechos individuales para todos los ciudadanos de acuerdo a cualquier ley", criticó ayer el analista Aeyal Gross en el diario Haaretz.

El principal líder de la oposición israelí, el laborista Yitzhak Herzog, calificó ayer de "inoportuna e innecesaria" la propuesta y advirtió de puede alimentar la tensión.

Majd Kayal, de Adalaf, el Centro Jurídico de Defensa de los Derechos de la Minoría Árabe, acusó que Israel pretende ratificar la "inscripción del racismo, ya presente en la calle, en la ley y en el corazón del sistema político".

Los árabes israelíes, descendientes de los palestinos que se quedaron en su tierra tras la creación de Israel en 1948 y que suponen el 20% de la población, dicen ser tratados como ciudadanos de segunda clase por el Estado israelí.