El jefe del gobierno de España, Mariano Rajoy, confirmó que enviará al ministro del Interior de su administración, Jorge Fernández, a colaborar con su par de Chile, Rodrigo Peñailillo, en la elaboración de planes para combatir el terrorismo en nuestro país. Éste fue uno de los acuerdos de cooperación que firmó con la Presidenta Bachelet.

Se recordará que el gobierno ha decidido invocar la ley antiterrorista en el caso de la muerte de Sergio Landskron, quien pereció luego de que le explotara una bomba colocada en el barrio Yungay, de Santiago. De acuerdo con la autoridad, esta persona no tenía nada que ver con la colocación del artefacto y -por el contrario- ha pasado a ser la primera víctima fatal de una bomba en la capital en casi tres décadas. La forma irracional en que murió nos recuerda lo grave que es la seguidilla de bombas sin culpables.

Para el Ejecutivo y para el Ministerio Público, se cumplen las condiciones para invocar esa legislación, al pretender provocar temor en la población y al morir una persona inocente. Ocurre esto en momentos en que el Gobierno trabaja en la redacción de una nueva ley antiterrorista que sea más eficiente para proteger a la población.

Nada justifica la colocación de artefactos explosivos. Quienes están detrás de esos ataques no tienen límites políticos ni éticos y en cambio están dispuestos a atentar contra inocentes en espacios públicos donde hay afluencia de personas, como quedó demostrado en los ataques en las estaciones del Metro, en Los Dominicos y en el área comercial de la estación Escuela Militar.

La amenaza de atentados mediante explosivos persigue provocar pánico y temor en la población, con el fin de que ésta quede a merced de los terroristas. Los autores quieren también alcanzar notoriedad, alterar el funcionamiento de las instituciones, y poner en jaque a las autoridades y a la policía.

Se debe realizar todo lo que esté al alcance para encontrar a los responsables y castigarlos. España ha avanzado en eso, y si puede prestar colaboración a Chile, debe ser bien recibida. Hay que hacer justicia con el fin de que la ciudadanía recupere la confianza, extraviada por la ausencia de responsables.

Al cumplirse casi 8 meses de iniciado el gobierno de la Nueva Mayoría, se han ido esclareciendo las posiciones políticas de los diversos actores ante las reformas impulsadas por la Presidenta Michelle Bachelet. La reforma educacional, la más importante de estas transformaciones, qué duda cabe, ha estado y está en el ojo del huracán.

Por una parte, la derecha y sus ideólogos, a través de sus medios de comunicación, distorsionan la reforma, presentando esta iniciativa como el fin de la libertad de enseñanza, como un atentado en contra de las "legítimas iniciativas" y "emprendimientos educativos", como una estocada a las familias de clase media, en definitiva, como un apocalipsis educacional, advertido por sus profetas guardianes del sacrosanto modelo de mercado.

Por otra parte, desde los sectores más radicales del movimiento estudiantil se ha puesto de moda plantear que la reforma es sólo cosmética y, peor aún, que tendería incluso a profundizar la educación de mercado vigente actualmente. Estos planteamientos y la estrategia de la derecha parecen realmente insostenibles, pero por sobre todo, muy dañinas para el propósito que supuestamente convoca a los líderes estudiantiles, cual es el de fortalecer un proyecto de educación pública digno, inclusivo, gratuito y de calidad en nuestro país.

Que la derecha intente atemorizar a la población presentando los cambios como un caos, no sorprende, lo han hecho siempre; que utilicen sus medios de comunicación y distorsionen el sentido de la reforma que se está impulsando tampoco nos debe llamar a sorpresa, forma parte de su ADN; pero que utilicen a organizaciones como la CONFEPA y se presenten como adalides de la gente, realizando marchas VIP, esto sí que es innovador. La educación pública, la de todos los chilenos y chilenas, debe ser un lugar de encuentro de toda la sociedad, que dé garantías de inclusión y participación a los distintos sectores, que convenza a todos y todas de que encarna un proyecto país que nos refleja y motiva. Este es el verdadero desafío, esta es la cancha en que se jugará el éxito de la reforma educativa, y es una cancha política, no técnica. Por eso como gobierno y Nueva Mayoría tenemos que ser capaces de ir más allá de las explicaciones técnicas sobre la reforma, en las que ya se ha gastado bastante tiempo y energía, tenemos que reencantar y transmitir a la ciudadanía la convicción de que es el mejor camino para construir una sociedad más integrada, más equitativa y más justa.