El Consejo para la Transparencia realizó por primera vez una fiscalización a los 345 municipios del país, con el objetivo de detectar falencias en materia de derecho de acceso a la información pública.

Según los resultados entregados por la entidad, las municipalidades obtuvieron un puntaje promedio de 54,2% de cumplimiento en esta materia.

En abril pasado, el Consejo utilizó la modalidad de usuario simulado y presentó 345 solicitudes de información en cada sitio electrónico municipal del país, con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, además de considerar las buenas prácticas allí contenidas.

Del total de solicitudes realizadas, un 69,9% (241 peticiones) logró ingresar efectivamente a través de los sistemas en línea dispuestos por cada municipalidad, mientras que un 30,1% (104 solicitudes) no consiguió ingresar a tramitación y, por ende, no fue posible obtener respuesta.

En el caso de las 241 solicitudes de información que efectivamente lograron ingresar, sólo un 68,9% (166) obtuvo una respuesta por parte del municipio. En cambio, 75 peticiones (31,1%) no fueron respondidas.

Finalmente, en el caso de las 166 solicitudes que efectivamente fueron respondidas, un 69,9% tuvo una respuesta satisfactoria, es decir, la información fue entregada dentro de plazo y la respuesta correspondió efectivamente a lo requerido.

En el proceso fiscalizador también se detectó la existencia de barreras tecnológicas y normativas en 134 municipios.

balance

El director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, indicó que existen falencias en los municipios a la hora de entregar información a los ciudadanos de acuerdo a la legislación vigente.

'Evaluamos que hay muchas debilidades, porque finalmente aquellas solicitudes no pueden ingresar a los sistemas previstos por las municipalidades. Hay una brecha muy grande que si no se atiende urgentemente puede derivar en una importante insatisfacción ciudadana respecto del funcionamiento de los canales electrónicos de atención de los municipios', explicó Ferrada en declaraciones a este medio.

El directivo también acusa dificultades técnicas en el sistema de las municipalidades. 'Hay problemas en la implementación de las plataformas de atención y en los criterios que se han utilizado para pedirle información a los solicitantes de la información pública', sostuvo.

Ferrada propone como solución impulsar la capacitación y 'la incorporación de los municipios a las herramientas que el mismo Consejo ha puesto a disposición para ellos. Hay que recordar que hay un portal de transparencia del Estado y que aquellos municipios que se conecten a él van a tener un nivel de atención óptimo respecto de las solicitudes que se hagan por esta vía informática', añadió.

El director del Consejo hizo un llamado a los municipios a priorizar la implementación de la plataforma y capacitar a los funcionarios para mejorar la atención de las solicitudes.

Ferrada extendió el llamado a la ciudadanía. 'Hay muy bajos niveles de conocimiento de la ley y del derecho de acceder a la información del organismo garante y nosotros convocamos a las personas a informarse, a ejercer este derecho, a transmitirle a todos los vecinos de los 345 municipios que tienen ese derecho y que los municipios tienen la obligación de responder y entregar la información que se solicite', enfatizó.

El senador RN e integrante de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot, acusó que 'no existe un compromiso por parte del Gobierno en materia de salud, reflejado en el nulo avance en la construcción de nuevos hospitales y consultorios'.

El parlamentario aludió al detalle de la ejecución presupuestaria publicada el 31 de agosto por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

'El Ministerio de Salud presentaba un avance de tan sólo un 32%, correspondiente a $ 89 mil millones, de ejecución en iniciativas de inversión, de un presupuesto vigente de $ 277 mil millones', detalló Ruminot.

Asimismo, señaló que revisada la ejecución presupuestaria de los 29 servicios de Salud, entregada por la Dipres al 31 de agosto, se ha detectado que 19 de estos servicios daban cuenta de significativos atrasos en los proyectos de inversión.

'Lo más preocupante es que existen serias posibilidades de que no se cumplan las metas establecidas por el Gobierno, ya que se ve cada vez más difícil revertir esta situación que afecta principalmente a la ciudadanía, que espera con ansias su nuevo hospital o consultorio', sostuvo.

En materia de educación, el diputado del mismo conglomerado José Manuel Edwards enfatizó que sólo el 12% de las iniciativas han sido ejecutadas. 'La promesa de ejecutar el presupuesto no sólo el de este año, también el del próximo, vemos difícil que se cumpla, porque existe claramente lentitud en la aplicación de estas iniciativas de inversión', sostuvo el legislador.

A juicio de Edwards, 'esta ejecución de presupuesto no está pasando el test de la blancura respecto de las reales preocupaciones que tiene el Gobierno'.