Tras la polémica desatada luego que Chilevisión emitiera un reportaje en el que se señalaba que presuntamente hay autoridades que tienen casas en tomas de Caldera, la alcaldesa de esa comuna Patricia González se refirió a la nota de prensa de ese canal.

A la salida de la sesión del concejo comunal, la autoridad señaló que "yo no tengo una vivienda, era mi esposo, pero esa vivienda la tenía hace muchos años, cuando yo ni siquiera pensaba ser alcaldesa. Él la tenía por un tema laboral, ahora tiene un cambio de rubro. Nosotros, por los mismos problemas que existían, nos deshicimos de esa mejora que tenía mi esposo en Rodillo".

Respecto a que si se va a inhabilitar en su labor de alcaldesa cuando se analice el tema de las tomas en el borde costero explicó que "yo voy a continuar porque no estoy involucrada, porque mi esposo no tiene una vivienda".

Sin embargo, tiene una explicación para el crecimiento que han tenido los asentamientos que es la ineficiencia del gobierno y además puso sus ojos en la necesidad de la segunda vivienda. "El gobierno no ha tenido una política clara, las tomas son hace muchos años atrás. Algunas tienen más de 40 años. Creo que tiene que haber una política clara, sabemos que hay una necesidad, que la gente tiene también una necesidad de tener una casa en la playa. No estoy de acuerdo en que tengan dos o tres viviendas como en alguna ocasión lo dijo el Gobierno Regional, por eso se propagaron tanto las tomas. Hay que dar una solución, cuando la gente sabe que el territorio tiene un valor la gente no se lo toma, la solución real es la venta".

CONCEJALES

Ayer hubo una sesión de concejo en Caldera, sin embargo no se trató el tema de las tomas ni del caso de la alcaldesa de Caldera, Patricia González, pero será un tema que lo más probable es que se analice posteriormente. "Tuve la oportunidad de ver el reportaje, no me parece correcto porque la autoridad lo primero que tiene que hacer es dar el ejemplo de tener todas las cosas en orden y normalizadas, legalizadas, debe ser la primera persona en respetar las leyes y las normativas que existen. Lo vamos a tratar a nivel de incidentes en el concejo", dijo el concejal Gregorio Campusano (UDI).

Respecto al derecho a una segunda vivienda para Campusano el tema es claro: debe existir primero una preocupación por la primera vivienda de los calderinos. "El Estado debe asegurar primero a quienes tienen necesidades. Nosotros tenemos en cartera 10 comités esperando tener su primera vivienda, tenemos que darles prioridad a ellos. Ellos son la primera prioridad para empezar a resolver los problemas habitacionales, la segunda vivienda es una opción que todo el mundo que tenga los recursos y cumpla con la normativa puede optar a tenerla, pero primero tiene que hacerse de manera legal y el Estado lo que tiene que asegurar es darle respuesta a la gente que no tiene casas".

También considera que en el explosivo aumento de las tomas hay un cierto grado de responsabilidad del gobierno actual. "En algún momento, el gobierno dijo que no iban a desalojar en el borde costero, y la gente que tiene un poco más de recursos aprovechó".

TODOS TENEMOS DERECHO

Juan Morales (PS), uno de los concejales consultados se refirió al reportaje señalando que "no creo en la televisión, colocan lo que ellos quieren. Conversé con la seremi de Salud que me dijo que hay una propiedad en la playa y él compró una propiedad en la playa, están casados con bienes separados, por lo tanto su marido está en su legítima posibilidad de estar con un bien en la playa. Él compró este bien hace seis meses a un comité donde la persona había desistido de la casa y la compró", explicó.

Agregó que "a la alcaldesa la encontré muy débil, hay gente que está especulando, son cosas personales de ella".

También cree que hay un derecho de todos a una segunda vivienda en la playa. "Es un derecho de todos los chilenos. En la región es un legítimo de gente de Copiapó, Tierra Amarilla, Paipote, El Salvador, todos tienen el derecho de tener una segunda vivienda, a pesar que tengan recursos".

Consultado respecto a qué sucede con quienes tienen recursos respondió que "la clase media es una clase media emergente, por lo tanto usted como periodista, yo como concejal o cualquier chileno que tenga una situación de clase media sea cual sea su condición, o ni siquiera sea de clase media, creo que hoy es un legítimo derecho a tener una casa en la playa. El borde costero tenemos que tomarlo con otra visión", sentenció.

Considera que debe haber un ordenamiento territorial. "Del 100% del terreno que está en Bahía Inglesa, por qué no dejar un 10, 15, ó 20%, pongan el porcentaje que quieran, pero dejen un porcentaje para venderlo y consolidar para la segunda vivienda que es la única forma de desarrollar crecimiento y futuro. Los empresarios no invierten cuando no hay nada, sólo lo hacen cuando alguien ha consolidado un sector y llegan después".

"me parece mal"

Emilio Bianchi (RN), otro de los concejales, considera que las autoridades deben dar el ejemplo.

"Me parece mal que en un momento hayan tenido tomas, porque eso significa que si no tenemos alineadas a las autoridades menos a nuestra gente y avanzar en nuestro desarrollo costero".

Asimismo, el concejal Emilio Bianchi hizo un análisis del tema distinto del derecho a la segunda vivienda que realizan otros concejales. "Todos podemos optar a una segunda vivienda, pero cuando los procesos y la forma de hacerlo es lo que corresponde. No por ser un derecho constituye que yo me tome un terreno o obligue al Estado a venderme. También hay derecho a la salud y no veo a la gente tomándose a los hospitales. El derecho existe siempre y cuando existe una forma correcta de optar a ellos. El Estado nunca ha tenido una política clara de desarrollo del borde costero".

A través de un comunicado el presidente del PPD Atacama, Rodrigo Loyola, y en representación a la postura del partido, apoyó a la seremi de Salud, Brunilda González, ante la denuncia en su contra de la toma de terreno en el borde costero de Caldera, y que se hizo público a través de un medio de comunicación nacional.

Parte del documento señala que "hoy el respaldo a la gestión de la Seremi de Salud, cuando circulan informaciones de prensa que vulneran su credibilidad, nos hace plantearnos con fuerza, para defender sus dichos y declaraciones en el sentido de que cumple cabalmente con la ley en este caso y que la interpretación sobre los hechos, es explicable, pero no imputable a su persona".

El comunicado agrega "en Brunilda González, encontramos un cuadro político y técnico de primer nivel, que ha realizado un trabajo a la altura de lo solicitado por la ministra de Salud y la propia Presidenta de la República. Y no encontramos de justicia, enlodar su prestigiosa labor a la cabeza de la Autoridad Sanitaria".

La declaración pública también expresó a preocupación del partido ante la situación de las tomas ilegales en el borde costero de Atacama.

"Nos preocupa especialmente, que la denuncia en contra de la militante de nuestro partido, ejerza una espuria presión sobre las autoridades de Gobierno, para validar desalojos de miles de familias, muy modestas en su mayoría, que buscan una solución habitacional urgente para su única vivienda y también para aquellos que anhelan un lugar de veraneo, donde vacacionar al igual que lo hacen aquellos de mayores recursos económicos".

El PPD también realiza una crítica al gobierno de Sebastián Piñera señalando que "lamentamos la desprotección en que quedó nuestro borde costero durante la administración anterior, donde las políticas territoriales en nuestra costa, se alejaron del ciudadano común y promovieron el desarrollo de la gran industria a través de licitaciones sugestivamente rápidas y de último minuto. La respuesta del pueblo, que ha esperado por décadas la misma posibilidad de obtener un terreno por parte de Bienes Nacionales, les fue negada sistemáticamente, como ocurre con los casos emblemáticos de Caleta Los Patos o Puerto Viejo. El resultado es evidente, y desemboca en tomas ilegales, sin una mínima política de ordenación urbanística territorial".