A través de un comunicado de prensa, los socios de la Junta de Adelanto de Flamenco informaron que están decepcionados por el plan de normalización que les han propuesto.

Según el texto, el intendente Regional Miguel Vargas, les informó que para llegar algún día el Ministerio de Bienes Nacionales a vender los terrenos históricamente ocupados en el Balneario de Flamenco, se requiere primeramente de un proceso de arriendo como una forma de salir de la ilegalidad.

Los vecinos no están conformes, ya que expresaron que se viene trabajando inmediatamente recuperada la democracia con todos los gobiernos y autoridades de la época, los que se comprometieron a través de documentos a vender una vez concluido el Plano Seccional y de Loteo, situación que cumplieron los socios de la Junta de Adelanto de Flamenco hace años, incurriendo en un millonario gasto.

Dijo Vargas que se han dado un plazo no más de tres meses para normalizar el borde costero y, que la decisión es "arrendar para comenzar a legalizar y así, en el día de mañana poder vender".

No obstante, no dio a conocer monto de dinero alguno por metro cuadrado como tampoco fecha en la que se venderán, sólo que se formarán los equipos técnicos para buscar las mejores alternativas.

El presidente de la Junta de Adelanto, Eduardo Alegría, señaló que los socios ya han expresado su decepción y recordó que desde los inicios de la década de los 90 han venido trabajando con las autoridades. Que tienen carta y documentos de la ex Ministra Adriana del Piano, en el sentido de que ésta señala que una vez que cuenten con el Plano Seccional y de Loteo procederán a su venta, lo que fue ratificado por los distintos seremis e intendentes que han antecedido al de Vargas. "Es una verdadera burla, puesto que los distintos gobiernos nos ratificaron la venta y nos mantuvieron con la viva esperanza de que más temprano que tarde cumplirían con la palabra, pero hoy, el mismo gobierno del pasado plantea algo diferente. Lo advierto de antemano, que con esta medida aplicada por la autoridad muchos sufrirán el desalojo por no tener los medios económicos para pagar un arriendo mensual; entonces las voces del pueblo costero se pronunciarán.

Los cuestionamientos respecto a cómo se hará el plan de normalización de las tomas en el borde costero continúa y la inquietud es creciente. Un ejemplo es lo que vivieron pobladores de Ramada que fueron alertados de un posible desalojo, a pesar que argumentan que con ellos también se les habló de la posibilidad de arrendamiento.

El gobernador Mario Rivas informó respecto al caso que hay una información que apareció el jueves en el Diario Oficial que da cuenta que ellos deben salir del lugar. "Nosotros de acuerdo a una solicitud de Bienes Nacionales de restitución de un bien, una ocupación ilegal de un territorio que pertenece al Estado cuyo administrador es bienes Nacionales, nos solicitó recuperar ese lugar. Hicimos un dictamen, ya que por una orden administrativa tenemos que hacerlo".

PLAN BORDE COSTERO

Respecto al plan que está efectuando Bienes Nacionales por las tomas en el borde costero explicó que "en el contexto de recuperar los bienes ocupados ilegalmente, nosotros como gobierno tenemos un plan de normalización, de salir de esa ilegalidad en que están todas las ocupaciones actualmente, a una legalidad. La única forma que hemos visto para resolver ahora, es a través del arrendamiento por macrolotes", señaló.

Consultado por el hecho que en algunos sectores no se va a arrendar y en estos es donde tienen que salir las tomas, la autoridad argumentó que "vamos a ver caso por caso, hay un equipo de fiscalización de Bienes Nacionales que va a conversar con cada una de las organizaciones de estos lugares de ocupación ilegal. Vamos a ir viendo caso por caso para normalizar la situación de ellos que están en ilegalidad. Ese es más o menos el plan general. He participado con el intendente y Bienes Nacionales en un par de conversaciones con Flamenco y Barranquilla, con los cuales hemos adelantado cual es la propuesta nuestra y ellos están de acuerdo en lo general", sentenció.

Además, respecto a si hay una normalización sólo de las tomas históricas señaló que "por ahí partimos, uno las conoce, Bienes Nacionales tiene un registro de esas tomas, hay una organización de pobladores. Esto tiene que ver con el uso del suelo, si el suelo permite que esos asentamientos puedan quedarse ahí, se tendrán que quedar ahí y se buscará esta fórmula de arrendamiento, y si el uso del suelo no lo permite tendrán que desplazarse, pero también la idea es regularizar", explicó.

Rivas señala que si hay otras fórmulas están abiertos a discutirlas. "No nos negamos al tema de la venta, al Estado le conviene vender, pero sabemos que el tema de la urbanización es un tema complicado del punto de vista económico".

Agregó que "nosotros reconocemos el derecho a segunda vivienda, eso significa que tienen que cancelar la vivienda. Han ocupado un territorio del Estado. El arrendamiento es una posibilidad más concreta en lo inmediato. Por nosotros vendiéramos, pero no se puede vender en lo inmediato porque la ley de urbanización indica que tiene que estar urbanizado", explicó.

¿SOLICITUD?

El viernes una veintena de personas se trasladó desde Tierra Amarilla y Copiapó hasta Ramada porque , dijeron, fuentes de la gobernación les habían informado que llegaba Carabineros a desalojarlos por solicitud de la gobernación, ya que en el Diario Oficial había una publicación que les avisaba que debían salir del lugar.

Consultado el gobernador Mario Rivas informó respecto al tema que "no tenemos ninguna información de lo que pasó (el viernes). Yo por lo menos no, el gobernador no ha dicho nada de desalojo".

Sin embargo, a pesar de lo señalado por las autoridades, Carabineros llegó a Caldera para el desalojo. "Hay una resolución de la Gobernación Provincial que llegó para disponer del desalojo que corresponde al sector de Ramada a petición de Bienes Nacionales porque tienen que restituir un patrimonio de todos", dijo el comandante Rolando Ilabaca.

DILATAR

Para algunos esto da cuenta de una búsqueda de dilatar el tema. "Creo que además de la descoordinación, hay una filtración de información. Los responsables y quienes tienen que resguardar el patrimonio de todos los chilenos es la gobernación, por lo tanto el gobernador es el responsable del borde costero, donde no se están tomando terrenos para primera vivienda, se está tomando en segunda vivienda en forma indiscriminada", señaló Fernando Ghiglino, presidente de la comisión de ordenamiento territorial.

También considera que la situación que ocurrió el viernes en Ramada demuestra que "hay un populismo, aquí desalojar a 8 ó 10 familias significa quizás perder 10 o 20 votos, pero no se sabe el daño que se está haciendo a todo el patrimonio. Soy partidario de regularizar lo que corresponde, o si no, los 160 mil habitantes de Copiapó nos tomaríamos la costa".

Ghiglino considera que falta voluntad para dar solución y se está dando propuestas que al final será difícil ejecutarlas. "El arriendo lo encuentro remoto, van a haber más problemas legales, entregan propuestas que no van a llegar a buen término. No está claro a quiénes se va arrendar, ni cómo, ni los valores", explicó.

Para él, la solución es regularizar las tomas históricas a través de la venta. "La única manera es ordenar el borde costero y que el municipio diga dónde se puede, y vender a las comunidades organizadas y que tengan larga data. Se puede hacer cambiándole el uso de suelo", dijo.

Agregó que "si aparece en el Diario Oficial es obligación del gobernador llevarlo a curso, si se filtra la información de un desalojo es porque salió de la misma gobernación. Ellos tienen que cumplir las órdenes, acá se está haciendo en forma indiscriminada, son tomas del último tiempo. El gobierno regional quiere responsabilizar a la administración de del gobierno Piñera, pero el problema viene por décadas y han aumentado en este gobierno porque la autoridad ha sido irresponsable porque ha dicho que no van a desalojar.