El presidente de los Colegios Particulares de Chile (Conacep), Hernán Herrera, advirtió sobre las consecuencias, que a su juicio, conlleva la reforma educacional planteada por el Ejecutivo.

Según Herrera, el proyecto de ley tal como lo ingresó el Gobierno al Congreso, 'más del 80%' de los establecimientos particulares subvencionados desaparecería, no tendría 'ninguna posibilidad de seguir proveyendo educación, no existiría posibilidad de continuar con el proyecto educativo'.

'Si nosotros calculamos de que el sector particular subvencionado en su conjunto reúne a un millón 800 mil alumnos aproximadamente, estamos hablando de más de un millón y medio de estudiantes que quedan sin solución, sin continuidad de educación, y que en el mejor de los casos, el sector municipal no tiene ninguna posibilidad de recibir el millón y medio de alumnos', expresó Herrera en conferencia de prensa.

Añadió que 'en el mejor de los casos las familias de sectores de clase media y vulnerables tendrían que trasladar sus hijos desde los colegios particulares subvencionados al mundo municipal, desde donde salieron hace mucho tiempo'.

Asimismo, sostuvo que esa iniciativa legal 'desconoce absolutamente lo que es la educación particular subvencionada, el aporte que ha hecho a la educación en Chile, y no es solamente el tema de la propiedad el tema en cuestión'.

Puntualizó que hay otros factores, tales como que 'quieren transformar a los sostenedores, que son gestores en educación, en meros administradores de recursos públicos, y nosotros hemos dicho que los sostenedores no estamos para eso, y preferimos que el Gobierno derechamente designe funcionarios públicos a cargo de los colegios y nosotros no nos hacemos responsables de lo que ocurra en función de eso'.

Manifestó también que 'no vemos razón para que dejemos de ser sociedades de giro único, y nos transformemos en una cosa que no aporta. Si es que si quieren corporaciones sin fines de lucro, hoy día existen, son las corporaciones municipales y todos conocemos que son un fracaso'.

La elección del intendente regional, el traspaso de competencias, la adopción de una Ley de Rentas Regionales, endeudamiento regional y referéndum revocatorio son algunas de las propuestas que la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización aprobó para ser enviadas a la Presidenta Michelle Bachelet.

El panel finalizó este fin de semana en Valparaíso la elaboración de una agenda con propuestas que será entregada a través de un informe final a la Presidenta Bachelet la primera quincena de octubre.

En cuanto a medidas de descentralización política, el documento con las líneas generales de lo aprobado por el grupo de 33 comisionados propone la elección del intendente regional a partir de octubre de 2016. El cargo mantendrá la dirección del gobierno y administración regional y ejercerá todas las competencias del Gobierno Regional.

El Ejecutivo será representado por un Delegado del Gobierno Nacional que ejercerá a nivel provincial.

competencias

En materia de descentralización administrativa, los consejeros aprobaron una propuesta para traspasar competencias, servicios y programas públicos desde los Ministerios y organismos centrales a los Gobiernos Regionales y las municipalidades, apuntando a entidades como Corfo, Serviu, Sernatur, entre otros.

En descentralización fiscal, el grupo propondrá a la Mandataria la adopción de una Ley de Rentas Regionales, que persigue alcanzar un gasto subnacional autónomo del 35% de la recaudación fiscal total elevando el actual 18% (US$ 14 billones) a US$ 26 billones el 2020.

Para el año 2016, el grupo propuso iniciar esta coparticipación con el 7% de la recaudación total para las regiones.

'El 90% de la propuesta es con redistribución y traspaso de competencias. Buscamos autonomía de forma simple y sin ser simplones, porque tenemos claro nuestro mandato', aseguró Esteban Valenzuela, presidente de la Comisión.

Los comisionados votaron a favor de proponer que los Gobiernos Regionales puedan endeudarse con tope máximo, y que el pago anual de deuda no supere el 7% de su gasto total.

A través de un Fondo de Convergencia, el panel busca reducir rezagos socioeconómicos en algunos territorios a determinar. Se propone un plan piloto de US$ 200 millones el 2015, para crecer a US$ 1.400 millones el 2020.

En participación ciudadana, el grupo planteará al Ejecutivo que se flexibilice la creación de partidos regionales, además de proponer una 'Ley Anticaudillo', que permita que la reelección de intendente y alcalde hasta dos periodos consecutivos. Concejales y consejero regionales podrán ser reelectos hasta tres periodos.

También se propone el 'Voto Programático', que busca que Presidente, intendentes y alcaldes deben inscribir ante el SERVEL entre 10 y 50 medidas con plazos de concreción.

El grupo busca instituir plebiscitos y referéndum revocatorio de mandato. Los plebiscitos tendrían carácter regional y local con 5% de las firmas del padrón electoral.

Para el referéndum revocatorio, se plantea que la ciudadanía pueda revocar el mandato de una autoridad regional y local, presentando firmas ante el Registro Civil (10% de los electores). El referéndum tendrá validez si vota al menos el 50% de los sufragantes en la elección de la autoridad impugnada.

Descentralización Creación de sistema para la administración de las Áreas Metropolitanas (Santiago, Valparaíso y Concepción).