El jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, coronel Mario Rozas, negó ayer que el sargento que denunció a un capitán tras sorprenderlo conduciendo un auto en estado de ebriedad, en la comuna de Arauco, haya sido desvinculado de la institución.

El caso -ocurrido el 2 de febrero pasado- salió a la luz el martes en el noticiero de TVN, donde Luis Alejandro Bustos Cabrera denunció haber sido exonerado e incluso presentó un documento en el que se le propone su baja por 'mala conducta'.

Además, denunció que habría un manto de protección hacia el oficial identificado como Alejandro Sáez Ortiz, subcomisario de la unidad policial.

Rozas explicó que el capitán Sáez sí fue desvinculado de la institución, pese a que presentó dos recursos en contra del general director de Carabineros, Gustavo González, en la Corte de Apelaciones de Concepción y en la Suprema, pero ambas instancias ratificaron la decisión del alto mando. Con ello, dice, 'no hay una 'protección' al ex oficial como insinuó el sargento'.

Confirmó que hay un sumario administrativo en curso en contra de Bustos debido a una serie de irregularidades que este habría cometido durante el procedimiento y en la etapa de denuncia a la Fiscalía. 'El sargento debe responder a esos cargos. Él no ha sido dado de baja porque el proceso continúa y siguen otras instancias hasta llegar al general director. Las faltas que cometió el sargento son de orden administrativo y operativo sobre la forma de adoptar el caso. Por lo tanto, él no ha sido 'perseguido'', enfatizó.

El jefe policial agregó que 'en ambos casos, las resoluciones no pueden ser antojadizas o arbitrarias, ya que la Contraloría toma razón de ellas'. Rozas dijo que pese a la investigación sumaria, el sargento Bustos continúa ejerciendo sus funciones en la comisaría de Arauco, recibiendo su sueldo y gozando de los beneficios de la institución.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, apoyó la desvinculación del capitán y calificó la medida como 'adecuada'.

Por 49 votos a favor, la Cámara Baja aprobó ayer la creación de una comisión investigadora con el fin de aclarar el rol que el Partido Comunista tuvo en la Universidad Arcis, que hoy se encuentra en una severa crisis financiera.

La solicitud fue promovida por los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) José Antonio Kast y Felipe Ward, y respaldada por toda la bancada gremialista y sus pares de Renovación Nacional.

Tras la votación, Kast cuestionó el rechazo a la comisión que expresaron los diputados Guillermo Teillier, líder del PC, y Daniel Núñez, ex secretario general de la Universidad Arcis.

Para el diputado UDI 'existen sospechas fundadas de que el PC ingresó a la universidad, vendió sus inmuebles, lucró con ella y la abandonó'.

La casa de estudios, que sigue siendo administrada por distintas personas vinculadas al PC, recibió más de US$ 13 millones del Banco de Desarrollo Económico de Venezuela (BANDES), recursos que de acuerdo con los antecedentes de que dispone el parlamentario de la UDI, habrían sido, en parte, destinados a financiar al PC.

'Estamos hablando de más de 30 personas del comité central del PC que estaban contratadas por la Universidad Arcis y creemos que parte de los fondos que recibió la universidad desde Venezuela fueron destinados a sueldos de estas personas. Si eso fuera así, habría una ilegalidad', apuntó.

El jefe de la bancada gremialista, Felipe Ward, aclaró que 'está prohibido por la Ley de Partidos Políticos, en su artículo 33, que los partidos reciban fondos extranjeros para financiarse. Y lo que nosotros sospechamos en el caso del PC y la Arcis es que ha habido una triangulación de recursos, lo que no sólo vulnera la ley, sino que ha significado que miles de estudiantes y docentes han sido dejados en el abandono, en una universidad que está prácticamente quebrada, luego que el PC lucrara con ella'.

Un grupo de estudiantes secundarios se tomó ayer las dependencias del Ministerio de Educación, en la antesala de la marcha nacional convocada para hoy. La acción terminó con el desalojo a la fuerza de los jóvenes por parte de la policía y la detención de ocho de estos.

Entre 25 y 30 estudiantes llegaron cerca de las 8.30 horas al edificio, ubicado en el centro de la capital, y desplegaron un lienzo en el frontis del recinto con la consigna 'no han entendido nada, la receta está en la calle'.

Los alumnos mantuvieron conversaciones con personal del Mineduc, a quienes expresaron su molestia por el desorden con que, a su juicio, se ha tramitado la reforma educacional, y por el 'fracaso' del plan de participación ciudadana que la cartera había comprometido y que 'hasta ahora solo se ha desarrollado con actores externos al ámbito educacional, como la Sofofa, la Cámara de la Construcción y otros que solo defienden sus propios intereses y no cambios estructurales en la educación'.

En el exterior del Mineduc se concentró una treintena de personas apoyando la toma.

'Acá vemos cómo el Ministerio de Educación realmente no se ha hecho cargo de las demandas históricas del movimiento estudiantil. Como advertencia amanecieron ocupados varios colegios, tanto de Conchalí como de Puente Alto, y hoy vinimos a ordenar el Ministerio de Educación', explicó la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Lorenza Soto.

Soto añadió que lo de ayer 'solo es una demostración de fuerza para lo que va a seguir, porque acá las movilizaciones se van a mantener y sobre todo con el fallo de la Corte Suprema sobre el Instituto Nacional, que destruye la democracia interna que tienen los colegios'.

Pasadas las 11.30, los estudiantes fueron desalojados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. Según el prefecto de FF.EE., Oscar Salazar, durante el desalojo hubo seis detenidos, los que se sumaron a los dos que fueron aprehendidos durante la mañana. Todos fueron trasladados hasta la Tercera Comisaría de Santiago.

Salazar explicó que el procedimiento se realizó conforme a los márgenes establecidos en este tipo de casos.

Los estudiantes declararon 'represión' por parte de los uniformados y denunciaron que incluso algunos sufrieron lesiones al enfrentarse con la Carabineros. Además, 'las mujeres aseguraron que fueron víctimas de 'manoseos' al momento del desalojo', según detalló Lorenza Soto.

La dirigente también reclamó que el procedimiento policial no se justificaba, ya que los estudiantes que estaban al interior de la cartera de Gobierno habían llegado 'a un acuerdo con funcionarios de esa repartición para que la salida fuera pacífica'.