Las negociaciones para evitar una cesación de pagos (default) de la deuda soberana de Argentina por el litigio con fondos especulativos en Nueva York vivían ayer su desenlace, con reuniones entre una delegación de alto nivel argentina y el mediador judicial, además de una presentación judicial de tenedores de bonos reestructurados pidiendo suspender la sentencia.

El Gobierno de Cristina Fernández tiene plazo hasta hoy para llegar a un acuerdo con los fondos a los que la Mandataria califica de 'buitres' y que obtuvieron una sentencia del juez federal estadounidense, Thomas Griesa, para cobrar US$ 1.500 millones por bonos impagos de 2001.

reuniones en ee.uu.

Una delegación argentina de alto nivel, encabezada por la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el secretario de Finanzas, Pablo López, y el secretario de Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Federico Thea, llegó ayer a Nueva York para reunirse con el mediador Dan Pollack, nombrado por Griesa para encontrar una vía de cumplimiento a su fallo, que obliga a Buenos Aires a pagar a los fondos al mismo tiempo que lo hace a los tenedores de deuda de los canjes de 2005 y 2010.

En otra arista judicial del litigio, tenedores europeos de bonos argentinos reestructurados interpusieron ayer una moción ante Griesa en Nueva York para pedir que restablezca una medida cautelar que descongele el pago realizado por Buenos Aires y se evite así el temido default.

La moción fue presentada por bonistas europeos, junto con otros inversores, a horas de la fecha límite para que los pagos de Argentina lleguen a los tenedores de bonos reestructurados sujetos a la ley de EE.UU.

La medida cautelar 'es la mejor manera para este tribunal para potenciar un acuerdo en este caso y evitar el cese de pagos', señalaron los acreedores citados por la agencia EFE.

Griesa, que falló a favor de los fondos de inversión que demandaron a Argentina en EE.UU. para que les pague unos US$ 1.500 millones por bonos afectados por el cese de pagos de 2001 y no reestructurados, estableció una cláusula que obliga a Buenos Aires a pagar simultáneamente a sus dos tipos de acreedores.

La medida cautelar permitiría desbloquear un giro realizado por Argentina a parte de los bonistas (por US$ 1.031 millones) sin caer en desacato al tribunal.

La Presidenta Cristina Fernández arremetió contra Griesa por retener unos US$ 540 millones destinados al pago de los bonistas reestructurados.

'Los fondos están inmovilizados, sin que nadie decida sobre ellos y sin que puedan llegar a sus legítimos dueños que son los tenedores de bonos reestructurados en el 2005 y 2010', afirmó.

impacto en chile

Para el economista Nathan Pincheira, subgerente de Estudios de Banchile Inversiones, existe poca relación entre una cesación de pagos de Argentina y un posible impacto en Chile. 'En términos financieros, Argentina ha disminuido sistemáticamente su posición en términos globales, por lo tanto el impacto sería relativamente menor', afirmó.

Según Matías Madrid, economista jefe del Banco Penta, 'eventualmente se ve cierta mayor volatilidad en la medición del riesgo país en América Latina. Pero comparando como fue la primera vez, el impacto ya es más bien marginal'.

Sergio Tricio, jefe de Estudios de ForexChile, dijo que con un default, 'los pocos capitales que quedan en el país vecino podrían volver a presionar al alza al dólar, por lo tanto imprimir una mayor depreciación en el peso argentino. De esta forma, las inversiones de algunas empresas chilenas en Argentina podrían ver una disminución en sus valorizaciones, como Cencosud, Falabella o Andina'.

US$ 1.500

El ex ministro de Economía del Gobierno del ex Presidente Piñera, Juan Andrés Fontaine, dijo ayer que el Ministerio de Hacienda 'debería plasmar fielmente' en el proyecto de ley de la reforma tributaria el protocolo de acuerdo firmado por la Comisión de Hacienda del Senado y esa cartera.

El economista de Libertad y Desarrollo (LyD), que participó de la concreción del documento, dijo que las señales de políticas económicas 'hay que manejarlas con mucho cuidado' por la desaceleración de la economía local.

'Parte del mal manejo que nos hemos enfrentado este año es un mal manejo de las señales de política económica que ha provocado desconcierto y desaliento empresarial', dijo en una conferencia de la Asociación Chilena de Factoring (Achef).

Aunque celebró la adopción del documento, criticado desde sectores parlamentarios de la Nueva Mayoría, Fontaine dijo que 'puede ser un atisbo de una nueva manera de manejar el programa legislativo del Gobierno, con un estudio profundo de los aspectos técnicos de las propuestas, y luego, una articulación de un acuerdo transversal para dar tranquilidad a la ciudadanía y a todos los agentes económicos respecto del contenido de esa reforma'.

El economista afirmó que 'me asiste el convencimiento de que el Gobierno va a plasmar en las indicaciones correspondientes el contenido de ese protocolo'. Fontaine añadió que entiende que existan opiniones discrepantes, 'pero cuando estas provienen de quienes participaron en el debate y en la firma incluso del acuerdo, me preocupa'.

El experto de LyD consideró que lo que se acordó en tratamiento de utilidades retenidas de las empresas es el estándar del mecanismo que se utiliza en los países de la OCDE y se debe respetar.

'Las utilidades retenidas tienen una tasa de tributación menor que las utilidades retiradas y tienen libre utilización', afirmó.