Haciendo un recorrido general se puede observar que muchas viviendas se encuentran en zonas de riesgo: Tomas en las Quebradas de Copiapó que proporcionan condiciones de vulnerabilidad frente a incendios y derrumbes en caso de sismos de mayor intensidad, incrementado por las construcciones de material ligero y zonas que no cuentan con grifos. Así, como en el casco histórico de la ciudad que mantiene una gran cantidad de construcciones de adobe antiguas y en mal estado. Está el Río Copiapó y un importante número de quebradas en el sector urbano que presenta micro basurales y escombros que actuarían como una variable agravante más en caso de ocurrir un aluvión, como ocurrió el año 1997 en el sector de Cerro Corazón en Chañaral y la crecida del Río Copiapó en el mismo evento.

En Caldera y Chañaral las tomas de terreno han ocupado el borde costero en forma espontánea, sin orden y sin considerar si están en riesgo de tsunami.

Existe un déficit de vivienda importante en la región, el cual es incrementado con los flujos de mano de obra proveniente de regiones y países vecinos debido a la alta demanda de la actividad económica de la región. Las tomas en Copiapó acusan una demanda de viviendas que no que ha sido satisfecha. Si bien es cierto, existen subsidios de vivienda otorgados por el Estado, la baja oferta inmobiliaria existente es orientada principalmente a la población de mayores ingresos, dejando a los sectores de menores ingresos y emergentes con escasas posibilidades de adquirir una vivienda.

Por otro lado, existe una ocupación indiscriminada de segundas viviendas en el borde costero, para la que no hay justificación ya que no responde a una primera necesidad. Sino que responde a la 'comodidad' de los ocupantes ilegales a ubicarse cerca de la playa, sin considerar que están en zona de riesgo de tsunami.

Muchos de estos asentamientos con el paso de los años terminan regularizándose en el mismo lugar sin mitigar el riesgo. Las cuáles deberían contar las mitigaciones necesarias y planes de emergencia conocidos por toda la comunidad.

Frente a la situación planteada, es necesaria mayor fiscalización y una posición más firme de parte de las autoridades para que los futuros diseños de implementación de asentamientos humanos se ajusten a las normas y sectores conforme señalan los instrumentos de planificación territorial.