El juez Mario Carroza ordenó a una comisión de expertos practicar dos nuevas pericias a los restos de Pablo Neruda a fin de determinar si su muerte, ocurrida el 23 de septiembre de 1973 en una clínica de Santiago, se debió a un cáncer que padecía o si fue presuntamente asesinado por agentes de Augusto Pinochet.

El magistrado adoptó la decisión hace algunos días a pedido del sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes. Las pericias sobre los restos del poeta fueron solicitadas por Reyes para despejar cualquier duda sobre las razones del deceso del Premio Nacional de Literatura, luego de que su chofer, Manuel Araya, asegurara que no fue a consecuencia del cáncer, sino ocasionada por terceros.

Las fuentes judiciales citadas por agencias indicaron que al equipo de peritos nacionales y extranjeros se sumará, por solicitud expresa de Rodolfo Reyes, la analista Gloria Ramírez.

A fines del año pasado, el grupo de especialistas analizó las osamentas y descartó un posible envenenamiento.

Los expertos, que ya están trabajando en las dos nuevas pericias a los restos, deberán volver a establecer la existencia o no de signos de envenenamiento o de alguna sustancia química distinta a las utilizadas habitualmente en el tratamiento contra el cáncer de próstata.

Al respecto, el Servicio Médico Legal (SML), siguiendo las recomendaciones del panel de expertos que se constituyó luego de la exhumación del poeta Pablo Neruda, las instrucciones del ministro Mario Carroza y con acuerdo con la parte querellante, ampliará los análisis de búsqueda de substancias que no se detectaron en la primera fase.

Es por ello, que se constituyó un grupo de expertos en el que continuarán tres peritos de la instancia: los españoles Francisco Etxeverria y Aurelio Luna, además de Gloria Ramírez y al que se sumarán dos nuevos: Claudio Orrego y Luis Soto.

El SML comunicó que el avance de las pericias, si bien confirmó la existencia de un cáncer avanzado, propuso nuevos exámenes que se desarrollarán en España y otros países, por lo que se continúa trabajando para determinar la causa exacta de la muerte del Premio Nobel.

El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, tras nueve meses y nueve días de audiencias, oficializó la absolución unánime de los tres gendarmes y cinco oficiales de Gendarmería imputados en el caso por el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido la madrugada del 8 de diciembre de 2010.

En el fallo, en el que se pronunciaron los magistrados José Manuel Rodríguez, Alejandro Huberman y Fernando Sariego, se entregan los fundamentos que tuvo a la vista al dictar sentencia absolutoria de los inculpados en la causa: Fernando Andrés Orrego Galarce, Francisco Javier Riquelme Lagos, José Francisco Poblete Valverde, José Alexis Hormazábal Sánchez, Patricio Álex Campos Tapia, Segundo Arnoldo Sanzana Barría, Carlos Enrique Bustos Hofmann y Jaime Ernesto San Martín Vergara.

En la causa, el Ministerio Público y los querellantes acusaron a ex miembros de Gendarmería como autores del cuasidelito de homicidio, por su responsabilidad en la muerte de 81 internos, quienes perecieron en el incendio que se desató la madrugada del 8 de diciembre de 2010, en dependencias del Centro de Detención Preventiva de San Miguel.

El fiscal del caso Cristián Galdámes anunció que primero se estudiará el fallo absolutorio, que de acuerdo a ello se decidirá dicha apelación y mientras tanto 'seguiremos al lado de las familias', finalizó Galdámes.

El senador de la UDI, Víctor Pérez, hizo un llamado al Gobierno para que respalde el actuar de Carabineros durante las manifestaciones ciudadanas.

El parlamentario de oposición realizó estas declaraciones tras la entrega en La Moneda por parte de la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, de un estudio que critica el actuar de Carabineros en las protestas callejeras .

Al respecto, Pérez resaltó que 'el Gobierno tiene que respaldar a Carabineros para enfrentar con eficacia a quienes promueven la violencia y atacan la propiedad pública y privada durante las marchas'.

También sostuvo que 'sería bueno saber cuáles son los derechos humanos de los carabineros que son atacados con bombas molotov y que resultan quemados tras estas agresiones'.

Seguidamente, lamentó que 'este tipo de análisis no considere que la policía uniformada actúa en defensa de los derechos de toda la sociedad de vivir y desarrollar sus actividades en forma normal y pacífica'.

Puntualizó que 'los estudiantes y otras organizaciones sociales también tienen derecho a expresarse pacíficamente, pero no podemos tolerar la violencia que generan grupos de encapuchados que son minoritarios'.