Contra lo que pudiera esperarse, la reforma educacional impulsada por el gobierno, sigue generando interrogantes y cuestionamientos de calibre conforme pasan los días.
Por lo pronto, el ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre dijo ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en el exCongreso en Santiago que un tercio de los colegios con fines de lucro venderían sus recintos al Estado, es decir, 1.145 de los 3.470 recintos que se conformaron bajo una sociedad comercial, según datos 2013 otorgados por la U. Diego Portales.
De esta forma, se contempla algo muy distinto a lo dicho en primera instancia, cuando se dijo que se gastarían hasta un máximo de US$ 5.000 millones en la compra de infraestructura y terreno de colegios.
El antecedente es importante para el proyecto de ley que, en teoría, pretende terminar con el lucro, la selección y el financiamiento compartido a nivel escolar.
Lo interesante es la cantidad de incertidumbres que genera el proyecto y si esta es la forma más eficiente para conseguir los objetivos.
Pero con lo apreciado hasta hoy, no quedan claros aspectos relacionados con la calidad, ni menos con el aporte que pretende hacerse al sector público que es el más deteriorado del sistema.
Los resultados de la última Prueba Simce son una nueva muestra de ello, donde se aprecia que el general de tales establecimientos se encuentra en posiciones de retaguardia, lo que se explica por la cantidad de dinero que hay en juego: desde la menor disponibilidad de recursos de la familia, tema traducido en menor cantidad de libros y oportunidades, hasta los recursos del propio colegio.
Vale la pena, entonces, preguntarse, si vale la pena invertir tal cantidad de millones en comprar infraestructura privada. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? ¿Asegurará ello mayor calidad? ¿Puede el estado afirmar que las escuelas y liceos bajo tutela de los ayuntamientos son los mejores?
Si a eso sumamos la evidente lesión a la libertad de elección, confirmamos que el tema no será sencillo.