El martes Copiapó recibió el Tercera Simposio AtacamaMin, que organizó la Corporación para el Desarrollo de Atacama (Corproa) junto a Editec. El encuentro que reunió a actores de la industria nacional, encabezados por la ministra de Minería, Aurora Williams, se concentró en el presente y el futuro de la región de Atacama en este negocio. Claramente si hay una conclusión que emana de AtacamaMin, es el enorme desafío que existe tanto a nivel regional como país respecto al desarrollo de proyectos mineros. Hasta el momento, la evaluación es categórica, y está marcada por la fuerte judicialización de inversiones energéticas y mineras, escenario que deja un manto de incertidumbre respecto a lo que viene.
Lamentablemente, en la mayoría de los casos no se trata de episodios antojadizos, sino más bien de una respuesta social a pasos equivocados de la industria, y que más allá del momento, plantean la imperiosa necesidad de recuperar confianzas y demostrar que 'las cosas se pueden hacer bien', dicho cada vez más común en nuestra región.
El Gobierno respondió a través de la ministra de Minería quien adelantó que se pondrá especial atención en la 'licencia social', es decir, que las grandes inversiones sean conocidas y respaldadas por las comunidades.
La fuerte caída en las inversiones mineras, con la paralización de algunos proyectos y la judicialización de otros debe llevar a un análisis amplio, global del tema, que incluya el comportamiento de las empresas, las condiciones y la estabilidad que le corresponden al Estado en el tema, y el nivel de participación y propuestas de la comunidad.
Chile necesita tener objetivos comunes, pero con reglas claras, exigencias bien determinadas, compañías dispuestas y una comunidad informada e inclinada a debatir pensando en el bien común, entendiendo aquel bien, como el desarrollo sustentable del país. Y por supuesto, los casos que han llevado a la participación de la justicia, deben analizarse, seguir los cursos de la actual institucionalidad y erigirse como casos ejemplarizadores.