Desde hace varios años hemos visto como estudiantes, padres, madres, apoderados y profesores han salido a la calle a poner en evidencia la crisis que vive la educación, en donde el lucro y la selección han desmejorado el sistema. Es por eso que el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet habló, desde su propuesta inicial, sobre la necesidad de crear una reforma educacional, financiada por una reforma tributaria, que genere los cambios que nuestro país requiere para avanzar a ser una sociedad verdaderamente desarrollada. De esta forma queremos cambiar el paradigma de la educación, pasando de una basada en el consumo, a una basada en el derecho de todos nuestros niños, niñas y jóvenes a ser educados con calidad, proyecto que queremos crear con la participación de todos los actores de las comunidades educativas en su conjunto.

Por eso como Gobierno nos comprometimos a enviar, y cumplimos, antes del 21 de mayo, un proyecto de ley que prohibirá el lucro en la educación general, donde también incluiremos el término del copago y la selección. Esto porque son las familias las que deben elegir dónde quieren que estudien sus hijos, y no las instituciones las que seleccionen el tipo de estudiantes que quieren. La buena instrucción no se definirá por el sector donde vive el niño o la niña, ni la región en la que nació, ni la cantidad de dinero de sus padres. De esta forma el Estado será el garante del derecho a una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, y como sociedad tendremos una educación mixta, privada y pública en donde, quien quiera pagar por calidad lo podrá hacer, pero quien quiera calidad y gratuidad también tendrá la opción en cualquier punto del país.

Chile necesita reformas que nos ayuden a crecer como sociedad. Necesitamos y queremos que todos y todas tengan las mismas oportunidades y que el talento y las habilidades de las personas sirvan para ir mejorando su calidad de vida.

La reforma educacional busca un cambio de fondo en el que diremos qué tipo de educación tendremos en el futuro y qué tipo de profesionales necesita nuestro país para alcanzar niveles de desarrollo adecuados, porque Chile lo necesita y lo merecemos.

El martes Copiapó recibió el Tercera Simposio AtacamaMin, que organizó la Corporación para el Desarrollo de Atacama (Corproa) junto a Editec. El encuentro que reunió a actores de la industria nacional, encabezados por la ministra de Minería, Aurora Williams, se concentró en el presente y el futuro de la región de Atacama en este negocio. Claramente si hay una conclusión que emana de AtacamaMin, es el enorme desafío que existe tanto a nivel regional como país respecto al desarrollo de proyectos mineros. Hasta el momento, la evaluación es categórica, y está marcada por la fuerte judicialización de inversiones energéticas y mineras, escenario que deja un manto de incertidumbre respecto a lo que viene.

Lamentablemente, en la mayoría de los casos no se trata de episodios antojadizos, sino más bien de una respuesta social a pasos equivocados de la industria, y que más allá del momento, plantean la imperiosa necesidad de recuperar confianzas y demostrar que 'las cosas se pueden hacer bien', dicho cada vez más común en nuestra región.

El Gobierno respondió a través de la ministra de Minería quien adelantó que se pondrá especial atención en la 'licencia social', es decir, que las grandes inversiones sean conocidas y respaldadas por las comunidades.

La fuerte caída en las inversiones mineras, con la paralización de algunos proyectos y la judicialización de otros debe llevar a un análisis amplio, global del tema, que incluya el comportamiento de las empresas, las condiciones y la estabilidad que le corresponden al Estado en el tema, y el nivel de participación y propuestas de la comunidad.

Chile necesita tener objetivos comunes, pero con reglas claras, exigencias bien determinadas, compañías dispuestas y una comunidad informada e inclinada a debatir pensando en el bien común, entendiendo aquel bien, como el desarrollo sustentable del país. Y por supuesto, los casos que han llevado a la participación de la justicia, deben analizarse, seguir los cursos de la actual institucionalidad y erigirse como casos ejemplarizadores.