Chile es uno de los seis países del mundo, donde se mantiene la más absoluta penalización de la interrupción del embarazo, independiente de cuales sean sus causas.
Esta prohibición no ha sido histórica en nuestro país, ya que en 1931, introducido en el código sanitario bajo el artículo 119, se permitía la interrupción del embarazo en las tres causales que hoy se discuten. Entre 1970 a 1972, se amplió la interpretación de la norma, otorgando a la mujer el derecho de decidir llegar a término con su embarazo, considerando variables psíquicas, sociales, culturales, económicas, entre otras. El aborto terapéutico fue prohibido en Chile en el año 1989, como una de las últimas medidas de la dictadura de Pinochet. Desde entonces, han sido varias las oportunidades que se ha planteado reponer la interrupción legal del embarazo, pero finalmente no se ha alcanzado el consenso necesario para reponer la norma.
En Chile, según datos oficiales se practican aproximadamente 33.000 abortos al año, es decir, cada hora 14 mujeres se practican un aborto (según el Movimiento por la interrupción legal del embarazo, se habla de 150 mil abortos al año). Las mujeres que lo practican, son de todos los sectores socioeconómicos, pero sólo mueren o se encarcela a mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, quienes se enfrentan a manipulaciones inseguras y clandestinas, ya que la posibilidad de obtener servicios médicos seguros depende de la capacidad económica que disponga la mujer. Esta situación lamentable es una realidad es nuestro país, constituyendo una injusticia social y un problema de salud pública, contraviniendo los compromisos contraídos por el Estado de Chile en la 4° Convención de la Mujer realizada en Beijín y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
Es necesario y urgente tener un debate serio, amplio, profundo y con altura de miras acerca de este tema, un hecho que es una realidad en Chile. La penalización vulnera entre otros el deber de garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y el Estado debe garantizar que todas las mujeres puedan tomar decisiones informadas al respecto y si lo deciden, tenga acceso a la interrupción del embarazo de manera segura y sin castigos legales.