El actual proceso penal que opera en el país, tiene como una de sus principales característica la transparencia de sus distintas etapas para los intervinientes de las causas. Cualidad que se extiende a todos los ciudadanos en las audiencias públicas que se registran y desarrollan en los Juzgados Orales y de Garantía. bEn dichas audiencias se verifican, entre otras actuaciones, controles de detención, formalizaciones, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales del procedimiento, determinación de medidas cautelares, juicios simplificados o abreviados y los juicios orales propiamente tales. Por otra parte, para cumplir con su deber de persecución penal, la Fiscalía cuenta con diversos instrumentos legales destinados a resolver los conflictos penales sometidos a su conocimiento. Sin embargo, además existen las salidas alternativas que importan un nivel menor de reacción punitiva del Estado, permitiendo obtener soluciones que de alguna manera consideran la reparación a las víctimas y agilizar los procesos investigativos en aquellos casos en que la sanción penal es baja, consiguiendo así la Fiscalía dedicarse de manera más exhaustiva a casos graves en que los imputados arriesgan penas de crimen es decir mayores a cinco años. Las salidas alternativas que contempla Ley son la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio. Mediante la suspensión condicional del procedimiento la Fiscalía propone al Juez de Garantía suspender la tramitación de la investigación penal y someter al imputado a ciertas condiciones por un plazo que puede extenderse hasta tres años, periodo en el cual no puede ser requerido o formalizado en nuevas causas penales. Esta salida alternativa sólo es procedente si el imputado no ha sido condenado previamente por algún crimen o simple delito, ni tampoco en caso que la pena a aplicar correspondiente al caso investigado supere los tres años de presidio. Asimismo, el acuerdo reparatorio, es aquel convenio entre el imputado y la víctima, el cual debe ser aprobado por el Juez de Garantía. En esta instancia el imputado se obliga a indemnizar o realizar alguna prestación a favor del afectado y tendrá lugar en aquellos ilícitos que afectan bienes jurídicos de carácter patrimonial, consistieren en lesiones menos graves o constituyeran cuasidelitos. La Fiscalía en su caso debe promover dichos acuerdos o bien oponerse a ellos, cuando existiera interés público prevalente en perseguir un delito.

Las fuertes alzas de los combustibles en el último tiempo ponen de nuevo de relieve que los mecanismos de estabilización de precios que se han ideado por décadas no resuelven los abultados incrementos de esos productos y llaman a reflexionar respecto de la persistencia del impuesto específico. Este tributo ha tenido la capacidad de mantenerse por casi tres décadas, a pesar de haber sido creado como una medida transitoria para reparar las obras públicas luego del terremoto de 1985 en la zona central. Nació como una forma de llamar a los chilenos a un acto solidario de colaboración con el Estado, con el fin de que los organismos fiscales enfrentaran la reparación y reconstrucción de puentes y carreteras. Sin embargo, con el correr de los años perdió su razón de ser, cuando se instituyó el sistema de construcción de caminos mediante concesiones, es decir, financiados por privados, que recuperan su inversión desde el momento en que se les autoriza a cobrar peajes por el paso de vehículos.

Los impuestos específicos ya no tienen justificación. Hay que considerar que los automovilistas y transportistas pagan peajes por pasar por las carreteras entregadas a la administración de privados, y además pagarle al Estado por reconstrucciones que no hará. En momentos en que el lucro en el sector privado ha sido puesto en tela de juicio, parece impresentable que sea precisamente el Estado el que lucre con tributos a los combustibles.

Este mecanismo resulta ser una buena prueba del error de los legisladores de crear impuestos que no cesen de inmediato junto con la razón para la que se crearon y es bueno tenerlo en cuenta en momentos en que se plantea una nueva reforma tributaria.

Hoy, muchos economistas concuerdan en que los impuestos específicos han tenido un efecto perverso que contribuyen a empobrecer a los chilenos. Resulta irracional hacer pagar doblemente a todo el país las subidas internacionales del petróleo, considerando que más de la mitad de los precios que los chilenos pagan por las gasolinas corresponden a impuestos.