El gobierno argentino desmintió que la pobreza en el país supere el 30% como indicaron desde diferentes sectores, en medio de una polémica que se originó por la falta de datos oficiales al respecto, que coincide con un contexto de alta inflación.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que "la pobreza y la indigencia han bajado drásticamente en los últimos años", y desestimó las críticas por la no difusión de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Sondeos privados advierten que la pobreza supera el 30% en el país. El Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, que cuenta con la colaboración de ex técnicos del Indec, situaron la pobreza en 36,5%.

El informe de la entidad que detalló el diario argentino "La Nación" indica que el gobierno de Cristina Fernández "oculta debajo de la alfombra a unos 13,4 millones de pobres, de los que 5 millones son indigentes".

Los datos se dieron a conocer luego de que el gobierno no difundió los datos de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2013, que debían publicarse el pasado miércoles.

Capitanich aseguró que los nuevos datos no se difundieron debido a "problemas de empalme" entre el sistema de medición anterior y el actual, bajo la gestión del ministro de Economía, Axel Kicillof.

De todos modos, el funcionario resaltó que "se han creado 6 millones de puestos de trabajo", remarcó que "hay un incremento en el empleo privado formal" y repasó inversiones en materia de desarrollo social, educación e infraestructura.

El funcionario apuntó a "los opositores" que "todo el tiempo pretenden desnaturalizar los efectos de las políticas adoptadas" por el gobierno.

En el primer semestre de 2013 el Indec registró un 4,7 por ciento de la población debajo de la línea de pobreza. Consultoras privadas y universitarias, como el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), estimaron que la pobreza afecta a entre un 20 y un 25 por ciento de la inflación.

Desde la difusión del nuevo índice de inflación, el gobierno no difunde los datos de las canastas básicas total y alimentaria, indispensables para determinar las líneas de pobreza e indigencia.