Después de diez años de tramitación en el Congreso, la ley del lobby fue finalmente aprobada en enero pasado y promulgada en marzo. Sin embargo, desde la Fundación Ciudadano Inteligente -una de las organizaciones que impulsaron el proyecto desde la sociedad civil- aseguran que para que la legislación se pueda poner en práctica se debe antes que todo, dictar los reglamentos correspondientes, porque, según dicen, "ahí es donde se juega mucho el detalle" de la norma.
La Ley 20.730 -más conocida como ley del lobby- regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. La iniciativa centra el foco de la legislación en las autoridades y funcionarios llamados a adoptar decisiones, regulando de igual forma tanto el lobby (esencialmente remunerado) como la gestión de intereses particulares, realizada sin que medie una remuneración, como ONGs, sindicatos y otros grupos de interés.
En ella se establece la obligación de los sujetos pasivos de publicar mensualmente sus agendas públicas, es decir, las reuniones sostenidas con lobbistas y personas que gestionen intereses particulares que intenten influir el proceso de toma de decisión pública; los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones y los regalos que reciban.
También se crea un registro de lobbistas y gestores de interés particular, en el que éstos se pueden inscribir previamente de manera voluntaria, o automáticamente cuando realicen alguna gestión de lobby o de interés particular ante un sujeto pasivo. Estos registros los administra el Consejo para la Transparencia.
En opinión del fundador y presidente ejecutivo de Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, esta ley "es letra muerta mientras no se dicten los reglamentos que se requieren para ponerla en práctica, para poder implementarla". El abogado sostiene que dichos reglamentos están mandatados por la ley y deben ser redactados hasta los primeros días de junio.
Para Heusser, la importancia de estos marcos regulatorios radica en que éstos "van al detalle de cosas donde la ley no entra a ese detalle, como la definición de los estándares de la información que será exigible a las personas que integran el registro de lobbistas; cómo se va a manifestar en la práctica ese registro de lobbistas, si va a ser online, cómo va a ser (...) O sea, hay mucho de la letra chica de la ley del lobby que va a estar definida por los reglamentos".
Explica que todas las instituciones reguladas por la nueva legislación -entre ellos los poderes del Estado y los organismos autónomos como el Banco Central, por ejemplo- "deben dictar reglamentos donde la ley se pone en práctica (...) Queremos que ojalá tengamos un estándar alto (para los reglamentos) y que pueda ser compartido por todas las organizaciones, pero el reglamento es la letra chica de la ley, ahí es dónde se juega mucho del detalle de cómo en lo concreto se va a poner en práctica esto".
"Si tenemos un mal reglamento, vamos a tener una mala ley en la práctica, y por eso es tan importante tenerlo", advierte Heusser.
Además de ser redactados dentro de los plazos definidos por la ley, la fundación demanda que los reglamentos en cuestión "se dicten en conjunto con la sociedad civil, es decir, que las propuestas que tengamos para tener un muy buen reglamento sean acogidas e incorporadas a este reglamento".
Para ello, ya se reunieron la semana pasada con la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, y el presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, Rodrigo Mora.
El presidente de Ciudadano Inteligente destacó que la ministra Rincón se mostró "muy receptiva a acoger las propuestas que pueda tener la sociedad civil y mandató el trabajo de la Comisión de Transparencia para que pueda recibir las propuestas de la sociedad civil que vayan en dirección al reglamento".
Heusser opina que la ley es "un buen diseño regulatorio", pero que hay ciertos aspectos que se pueden profundizar, como por ejemplo, el tipo de información que les es exigible a las personas que hacen lobby intermediando una remuneración. "Creo que en el futuro podemos ser más exigentes con quienes lucran en el ejercicio de esta actividad. Me parece que es razonable pedirles más información, conocer quiénes son sus clientes, las auditorías que han hecho, etc", señala.