El Presidente de Bolivia, Evo Morales, asistirá el próximo martes a la presentación de la memoria de la demanda de su país contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para pedir una salida al mar, según informaron ayer fuentes oficiales.

Morales anunció el jueves por la noche en la ciudad sureña de Tarija, en una reunión con sectores sociales, que el domingo emprenderá viaje desde allí a Holanda para acudir el 15 de este mes a la presentación en la CIJ.

"El martes, oficialmente, con nuestro agente vamos a presentar la demanda en La Haya", dijo Morales en referencia a la memoria que recoge los argumentos jurídicos e históricos de Bolivia para defender su reclamo a Chile de recuperar una salida al Pacífico.

El agente boliviano ante el tribunal es el ex Presidente Eduardo Rodríguez (2005-2006), también embajador ante los Países Bajos.

El Mandatario reveló que hará ese viaje al explicar a los dirigentes sociales la razón por la que no estará presente el martes en Tarija, cuando la región conmemora su aniversario al recordar una batalla de la Guerra de la Independencia ante España en 1817.

Como anticipó hace unos días el mismo Morales, Bolivia adelantará la presentación de la memoria de la demanda frente al plazo fijado por la CIJ para el jueves 17 de abril.

Al acto en La Haya también asistirá un grupo de parlamentarios del oficialismo y la oposición.

Bolivia presentó formalmente el 24 de abril del 2013 su reclamo ante la CIJ para pedir un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe una solución a su petición de salida al mar, tras más de cien años de diálogo sin resultados.

En la Guerra del Pacífico Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio.

Esta semana, el canciller boliviano, David Choquehuanca, tomó juramento a la nueva cónsul general en Chile, Magdalena Cajías.

La historiadora es la máxima representante de Bolivia en Chile, debido a que ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 1962, salvo un paréntesis entre 1975 y 1978.

La Presidenta Michelle Bachelet dijo ayer que es precipitado emitir cualquier opinión sobre los argumentos que presentará Bolivia ante La Haya. "Hoy día sería precipitado dar cualquier juicio al respecto, porque no conocemos la memoria del Gobierno boliviano", dijo la Mandataria.

El abogado querellante en el caso de la muerte de Hernán Canales, Gonzalo Bulnes, acusó ayer que la viuda de la víctima, Marisol Venegas, fue "presionada" por los representantes de Martín Larraín Hurtado para aceptar el pago de $ 10 millones a cambio del retiro de la querella en contra del imputado.

"La propia viuda me dijo que se había sentido presionada, que no sabía qué hacer y que, finalmente, había actuado presionada por sus hermanos", afirmó Bulnes en conversación con radio Cooperativa, oportunidad en la que también aseguró que, según le comentó la mujer, "la familia de Martín Larraín se fue a meter directamente a la casa" en la que ella estaba viviendo de allegada con sus hermanos.

"Directamente (desde) la familia Larraín (...) habrían ido el viernes pasado a meterse a su casa a hablar con sus hermanos", aunque las conversaciones habrían comenzado en febrero, bajo "condición que se hiciera sin mi presencia".

Hernán del Carmen Canales murió atropellado en septiembre del año pasado, en las cercanías de Curanipe, Región del Maule, en un accidente protagonizado por Martín Larraín, hijo del senador y presidente de RN, Carlos Larraín.

Según Bulnes, Marisol Venegas decidió retirar la querella interpuesta por el jurista -que buscaba probar el delito de homicidio- luego de llegar a un acuerdo extrajudicial con los representantes de Larraín, que consistió en el pago de poco más de $ 10 millones.

Sin embargo, esta información fue desmentida por uno de los hermanos de Venegas, Paulo Venegas, quien si bien aseveró que la querella fue retirada, afirmó que su familia "no recibió ni un solo peso".

"No sé de dónde sacaron eso, quizás fue un truco de la hermana de Hernán, cuando hablé con ella me insultaron (...) eso de la plata yo no sé de dónde lo sacaron, era fácil decir que nosotros recibimos dinero, se cruzó el tema económico", señaló Paulo Venegas a radio ADN. La información también fue desestimada por el abogado de Larraín, Rodrigo Avila. "No tengo noticias en concreto de ningún arreglo con la familia de la viuda del señor Canales. Me contacté con los Larraín y me manifestaron que hubo un contacto humano. Si hubiera dinero de por medio me lo debieron haber comunicado a mí y explorar la posibilidad de una salida alternativa", dijo Avila, consignado por radio ADN.

Pese al desistimiento de la querella, el fiscal regional del Maule Mauricio Richards indicó que la decisión de la mujer en nada altera la situación que actualmente enfrenta Martín Larraín, acusado de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Según detalló el investigador, si hay o no hay acciones judiciales en su contra, el universitario de todas formas cumpliría su pena en libertad en caso de ser declarado culpable de los hechos que son materia de la acusación penal.

Lo anterior se basa en la atenuante a la que recurrió el Ministerio Público y que tiene relación con la irreprochable conducta anterior de Larraín. "Cualquier ciudadano en Chile que se vea enfrentado a un atropello manejando en estado de ebriedad y cause la muerte, arriesga penas que son de presidio menor que van de los tres años a los cinco años. Y en el evento de que esa persona no tenga antecedentes pretéritos, tenga una irreprochable conducta anterior, el resultado posible generalmente va a ser el mismo al que podría estar enfrentado el señor Larraín", explicó Richards.

El fiscal Mauricio Richards enfatizó que la decisión de llevar a juicio oral a Martín Larraín se mantendrá firme, aún cuando ya no exista la querella por homicidio presentada por el abogado Gonzalo Bulnes en representación de la familia Canales. El persecutor informó que el Ministerio Público continuará trabajando en las pruebas con las que pretende acreditar la responsabilidad del universitario en la muerte de Hernán Canales Canales. Estas evidencias serán exhibidas durante la audiencia preparatoria de juicio programada para el próximo 9 de mayo en el Juzgado de Garantía de Chanco.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, entregó ayer un nuevo balance de los daños ocasionados por el terremoto del 1 de abril en el norte del país, el que cifró en más de diez mil las viviendas afectadas por la catástrofe.

El jefe de gabinete detalló que en la región de Arica y Parinacota hay 4.043 viviendas dañadas, y en Tarapacá 6.320. Afirmó que el Gobierno entregará tres tipos de soluciones a los afectados por la emergencia: subsidios de arriendo, viviendas de emergencia y apoyo para quienes se vayan a casas de familiares.

"Lo más importante es tener el balance muy detallado y ver qué va a significar en el punto de vista de los gastos o la inversión especial que vamos a tener que hacer en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá", dijo el secretario de Estado. Sobre los plazos para la reconstrucción, el ministro señaló que "en materia de carreteras, tenemos daños mayores que, por supuesto, significan tiempos aproximados de un año para una reparación definitiva". En vivienda, dijo, "dependerá del nivel de daño". Peñailillo aseguró que el lunes se entregará el informe definitivo de los daños y el monto que se invertirá en la reconstrucción.