Alarmado se encuentra el gobernador de la Provincia de Copiapó, Mario Rivas (PC), por los campamentos que se encuentran en las quebradas, ya que en caso de eventuales lluvias en la capital regional estos pueden terminar en aluviones.

Cabe recordar que según estudios del Centro de Estudio de Zonas Áridas y la Dirección de Meteorología de Chile este año puede que el fenómeno del "niño" genere lluvias en la región de Atacama.

Rivas afirmó que "la ubicación geográfica de algunos campamentos es preocupante". Además agregó que "tener campamentos de alto riesgo ciertamente que es peligroso y tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Ojalá para nosotros el tema de los campamentos fuera un tema transitorio, pero la realidad nos indica lo contrario y que tienen permanencia porque no hay una solución en el tema de la vivienda en la zona".

La máxima autoridad provincial enfatizó que "no nos gustaría tener una situación difícil si la podemos prever y para eso es muy importante la organización de los campamentos, los municipios que juegan un papel muy importante y las autoridades de gobierno, en que me incluye un grado de responsabilidad, en que necesitamos voluntad política para conversar y afrontar esta situación que es real".

Según antecedentes del Gobierno Regional, actualmente Copiapó tiene 17 campamentos y a nivel regional cerca de una treintena. Rivas comentó que "hace poco me tocó ver la realidad del campamento Nueva Esperanza que tiene que ver con la población Ampliación Cartabío y está también el Manuel Rodríguez por nombrar dos campamentos en situación muy difícil del punto de vista de su conformación y que ha ido en aumento".

En cuanto al origen de los campamentos, la autoridad explicó que "esto es producto de que más gente se ha venido a trabajar a la región porque aquí hay trabajo, a los extranjeros esto le significa un sueldo importante y todo esto permite que haya una mayor afluencia de gente y eso va copando los campamentos. Esto va vinculado y asociado a una realidad más profunda que es la falta de viviendas sociales. Nosotros tenemos una no construcción del gobierno anterior de unas siete mil viviendas solamente en Copiapó y último proyecto de vivienda social fue entregado el año 2008".

Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Ocaranza indicó que "acá hay un tema súper claro y que es en el fondo los crecimientos de las zonas urbanas; el desarrollo de las ciudades que no solamente este es un tema que le corresponde al Estado sino que también está compartido con la parte privada y esa forma estamos viendo como se puede resolver en conjunto. Todas las empresas que llegan acá a Atacama tienen un tema de Responsabilidad de Social Empresarial (RSE) donde ellos son parte de ellos".

Cabe señalar que la autoridad espera realizar un nuevo catastro de campamentos, ya que las cifras no están claras en la zona por la creación de nuevas tomas.

Sobre el control de los asentamientos, el gobernador puntualizó que " la noticia que tengo es que todos los campamentos han aumentado porque la necesidad es mayor y hay más gente. No creo que haya una planificación sobre campamentos sino una necesidad y es muy importante la organización que haya con esta gente (campamentos) para resolver estos temas".

Además finalizó que "hemos comentado esto con el intendente, Miguel Vargas y está preocupadísimo porque esto tiene que ver con el tema de la vivienda social, con el subsidio, con los terrenos, con qué aportamos nosotros desde el punto vista regional y está claro que hoy los subsidios de la vivienda requieren subsidio complementarios y esos tiene que ver con los fondos regionales".

"Yo espero que esta situación no se dé y si se da que tengamos un plan preventivo y todos colaboremos para que se dé de la mejor manera"

Mario Rivas

Gobernador de Copiapó

La región de Atacama actualmente tiene un déficit de 15 mil viviendas sociales.

Solamente Copiapó tiene un carencia de 7 mil viviendas sociales .

EL 80% de las personas que viven en el campamento Manuel Rodríguez son extranjeros.

A través de un comunicado de prensa, el Movimiento Socioambiental Valle del Huasco emplazó a la Presidenta Michelle Bachelet para exigirle que "disponga la inmediata revocación de todas las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que autorizan los megaproyectos Pascua Lama, Agrosuper y Punta Alcalde".

La declaración pública se realizó luego de la última asamblea de la colectividad. En la carta, la organización afirmó que "todos estos megaproyectos son una expresión de la discriminación y desigualdad que sufre nuestro Valle escogido por megamineras, agroindustrias y termoeléctricas como zona de sacrificio".

La misiva añadió que "La falta de una adecuada política energética que no se base sólo en el lucro de un sector privilegiado de la sociedad es una deficiencia e ineficiencia del Estado que no estamos dispuestos a pagar nosotros".

Cabe recordar que el movimiento social tiene como voceros a Yahir Rojas y Andrea Cisternas quienes tuvieron una actividad participación en el conflicto con la empresa Agrosuper en Freirina.

El comunicado enfatizó que "el daño irreversible ocasionado por todos los megaproyectos hoy existentes, especialmente por el proyecto Pascua Lama, por Agrosuper, por las cinco plantas termoeléctricas de Guacolda y la Planta de Pellet de CAP, tiene al Valle del Huasco absolutamente saturado lo que, especialmente en Huasco, es causa de múltiples enfermedades especialmente en niños y embarazadas. El índice de muertes por cáncer es de los más altos de Chile y nuestros niños tienen sólo un 75% de capacidad respiratoria".

El documento sentenció que "no estamos dispuestos a que se nos siga agrediendo y humillando. Que a las grandes mineras les falte energía para seguir saqueando las riquezas que son de todos los chilenos, no es nuestro problema y no vamos a permitir que se nos siga matando".

La agrupación regional espera la respuesta de la máxima autoridad nacional durante el mes de abril.

Cabe recordar que el proyecto Agrosuper se encuentra paralizado de forma indefinida por la misma empresa. El proyecto minero Pascua Lama está paralizado por el poder judicial y el proyecto Puntal Alcalde fue aprobado recientemente luego de un largo litigio en tribunales.