Como una "estrategia subversiva" calificó el Gobierno cubano y los medios locales el proyecto de red social que EE.UU. promovió en Cuba, el denominado "Zunzuneo", más conocido como el "Twitter cubano".

El jueves la agencia noticiosa Associated Press denunció, tras una investigación, que una agencia estatal estadounidense creó un "Twitter cubano" para perjudicar al Gobierno comunista de la isla y eludir sus estrictas restricciones de internet, a través de empresas fantasmas financiadas mediante bancos extranjeros.

"'ZunZuneo' es otro capítulo de la escabrosa y bochornosa política de EE.UU. contra Cuba, aupada por sus agencias de espionaje", consideró ayer el periódico Juventud Rebelde después de que Washington confirmara ayer que en 2010 y durante dos años lanzó esa red social para aumentar el acceso de los cubanos a la información.

Desde la Cancillería reaccionaron la noche del mismo jueves, diciendo que con estos hechos: "Se demuestra una vez más que el Gobierno de Estados Unidos no ha renunciado a sus planes subversivos contra Cuba, que tienen como propósito crear situaciones de desestabilización para provocar cambios en nuestro ordenamiento político".

Por otra parte, el periódico Granma, portavoz del gobernante Partido Comunista, dijo que "el escándalo destapado por las revelaciones de la agencia AP corrobora la alerta que hiciera recientemente" el Presidente cubano Raúl Castro "sobre los métodos de la Guerra no Convencional recogidos por la Circular de Entrenamiento 18-01 del Ejército de Estados Unidos".

El diplomático e investigador cubano Jesús Arboleya, opinó que el caso "no es nada nuevo" y "forma parte de la estrategia aplicada desde el triunfo de la Revolución", según informó la agencia estatal Prensa Latina.

Tras reconocer que efectivamente Estados Unidos financió la creación del programa, desde Washington aseguraron que la plataforma "no ofrecía contenido político".

La vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, aseguró tras conocerse la existencia del programa el jueves que "no había nada clasificado o encubierto en este programa. Discreción no es lo mismo que encubierto".

Harf agregó que el desarrollo se hizo de manera "discreta" y no encubierta por el ambiente hostil que hay en la isla respecto a Estados Unidos.

El proyecto fue llevado a cabo por la Agencia de Ayuda al Desarrollo (USAID) en Cuba en 2010, 2011 y 2012.

La Fiscalía de Venezuela acusó ayer al dirigente opositor Leopoldo López por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir. La información fue confirmada por la titular de la institución, Luisa Ortega.

"En Caracas se acusó al ciudadano Leopoldo López Mendoza, economista, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador (autor intelectual) y asociación para delinquir", dijo Ortega ayer a la prensa.

López, líder del partido opositor Voluntad Popular, se entregó a las autoridades el 18 de febrero pasado en una protesta multitudinaria, tras ser responsabilizado personalmente por el Presidente Nicolás Maduro de los enfrentamientos que hubo al término de una marcha pacífica que el 12 de febrero acabó con tres personas muertas.

El opositor al Gobierno de Nicolás Maduro se encuentra recluido en la cárcel militar de Ramo Verde.

La fiscal general además aclaró que ahora "corresponde al tribunal de control fijar la oportunidad en que se va a realizar la audiencia. Tendremos que esperar qué nos indica el tribunal".

Por otra parte, Ortega cifró en 39 las muertes registradas en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro que comenzaron el pasado 12 de febrero.

La cifra incluye dos muertes más desde la última cifra oficial proporcionada la semana pasada.

"Tenemos 39 fallecidos en hechos violentos (...) 31 son civiles y ocho funcionarios policiales y militares", fue el detalle que entregó la fiscal general desde las dependencias del Ministerio Público venezolano. Por otra parte, el número de lesionados en las manifestaciones aumentó en 49, alcanzando los 608. De ese total, 414 son civiles y 194 son funcionarios.

La fiscal confirmó también que la entidad está investigando 102 casos por presunta violación de los derechos humanos, de los que 95 casos son por trato cruel, tres por homicidio consumado, dos por tortura y dos más por homicidio frustrado.

El Gobierno de Venezuela llamó a un diálogo de paz y pidió a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que enviara una misión al país para colaborar en la solución de la crisis.