Mauricio Mondaca

El director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el brasileño Roberto Azevedo, consideró que Brasil debe expandir su comercio a nivel global, pues "no se puede confinar en Sudamérica".

El diplomático, quien asumió el año pasado la dirección de la OMC, dijo en una entrevista a la revista Época que "la apertura del mercado brasileño es importante para toda estrategia" que apunte a fortalecer la competitividad del país.

Azevedo sostuvo que "por sus dimensiones geográficas, por su parque productivo, por su agricultura, Brasil no se puede confinar a una región geográfica" y tiene que llegar a "los mercados del mundo entero".

En relación a las críticas de sectores empresariales nacionales y extranjeros sobre la elevada dependencia que el comercio brasileño tiene del Mercosur, Azevedo matizó que "cada país tiene intereses distintos", así como "sus sensibilidades y dificultades".

No obstante, insistió en que "el comercio exterior debe ser un elemento de desarrollo y una estrategia económica de todo país".

Como ejemplos de lo que puede generar una mayor apertura del comercio, Azevedo citó a Chile y Colombia, países que han mejorado todos sus índices de desarrollo "con economías más abiertas e insertas en los mercados internacionales".

En línea con las declaraciones de Azevedo, los industriales brasileños se han mostrado preocupados del posible impacto que podría verificarse a raíz del establecimiento de la Alianza del Pacífico, donde militan Chile, Perú, Colombia y México. Y así lo han manifestado desde hace tiempo.

"Brasil quedará aislado si no busca nuevos acuerdos comerciales", advirtió la Confederación Nacional de la Industria (CNI) en los albores del pacto entre Chile, Perú, Colombia y México.

La entidad también alertó hace un tiempo que Estados Unidos y Europa buscan un amplio acuerdo de libre comercio, mientras incrementan cada uno por su lado acuerdos con otras regiones, como el Acuerdo Transpacífico.

Los empresarios de ese país critican algunos aspectos del Mercosur, como el que obliga a sus socios (Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, con Paraguay en proceso de reincorporación) a negociar en conjunto cualquier acuerdo internacional.

En febrero, el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, dijo en una comparecencia ante el Senado que los países del Mercosur pretenden acelerar su integración comercial con los integrantes de la Alianza del Pacífico.

El canciller brasileño explicó que la integración entre los dos bloques se haría mediante la aceleración de los procesos de reducción de aranceles que el Mercosur ya acordó con los integrantes de la Alianza del Pacífico.

Los países del Mercosur tienen acuerdos de libre comercio con los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México) que prevén una lenta y gradual desgravación arancelaria.

El canciller afirmó que con Colombia y Perú el Mercosur ya redujo la mayor parte de sus aranceles, pero se quejó de que "ellos no lo hicieron al mismo ritmo".

Agregó que los plazos de desgravación fueron acordados en otra época pero que las condiciones actuales dejan claro que ese proceso puede ser "más rápido".

En una reciente entrevista con El Mercurio, el asesor de Asuntos Exteriores de la Presidenta brasileña Dilma Rousseff, Marco Aurelio García, descartó que la Alianza del Pacífico sea "tan relevante como se planteaba".

García dijo que "nosotros nunca nos preocupamos con la Alianza del Pacífico, porque nos dimos cuenta que desde el punto de vista económico y comercial no era tan relevante como se planteaba".

En 2013, el Gobierno de Dilma Rousseff tuvo un incremento del Producto Interno Bruto (PIB), que finalizó en 2,3%, luego del bajo 1% que registró en 2012.

En un contexto marcado por las masivas protestas sociales que se desataron el año pasado y la realización del Mundial de fútbol, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que el crecimiento de Brasil será del 2,6%, y la Corporación Andina de Fomento (CAF), de hasta 3,2%.

Decenas de miles de personas marcharon este fin de semana en Santiago. Muchas de ellas lo hicieron en demanda de una sociedad más inclusiva y pluralista, dos de los objetivos que persigue el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), que entró al Congreso en agosto del 2011 y que desde la semana pasada cuenta con suma urgencia, por lo que podría ser despachada en 30 días.

Ya lo había anunciado el pasado viernes el vocero de La Moneda, Álvaro Elizalde. "Le hemos dado suma urgencia al proyecto de AVP y en relación al proyecto de matrimonio igualitario se ha señalado que son cuerdas separadas y son dos proyectos distintos. La prioridad legislativa del gobierno hoy es el proyecto de AVP", destacó el ministro.

En estos años el plan inicial presentado por el Gobierno de Sebastián Piñera de la mano de los entonces parlamentarios Andrés Allamand (RN) y Andrés Chadwick (UDI), y que beneficia a parejas hetero y homosexuales, ha sufrido modificaciones importantes.

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, afirmó que dicha propuesta era deficiente, pero la festejaron igual porque "era histórica, pues por primera vez se le daba un reconocimiento estatal a la unión entre personas del mismo sexo". Rementería repasó que en cuanto llegó el proyecto al Congreso enviaron indicaciones. 31 en total, de las cuales, según contó, casi todas tuvieron buena recepción en la Cámara Alta.

Inicialmente el proyecto de AVP contemplaba que en caso de muerte de uno de los miembros de la pareja el otro podía heredar sólo los bienes inmuebles sin efecto a registro. Es decir, en términos patrimoniales, su pareja se quedaba con la televisión, la tetera y los sillones, pero no con la casa, el auto o cualquier otra compra con registro. "Esto era inaceptable", dijo Rementería y agregó que afortunadamente casi la totalidad de los senadores aceptaron que eso fuera cambiado.

Así lo refrendó la senadora de Amplitud, Lily Pérez, quien aseguró que además de modificar este aspecto también cambiaron que fueran los tribunales de familia y no a los juzgados de garantía quienes verían los casos de algún desacuerdo o separación.

"Esto tiene relación con el mensaje presidencial, que es reconocer distintos tipos de familias", contó a este medio.

Otro de los cambios que reveló la ex Renovación Nacional es que en el caso de un incumplimiento de contrato, la persona tendría los mismos derechos civiles en cuanto a beneficios económicos, igual que un cónyuge.

La senadora comentó que para realizar los principales cambios recibieron las indicaciones de diferentes agrupaciones, dentro de las que cuentan el Movilh, la Fundación Iguales, además de jornadas con ciudadanos.

Según comentó el vocero del Movilh uno de los temas que no ha logrado completo consenso es la que hace que el tribunal de familia reconozca la tuición de un niño para el padre o madre vivo, en el caso de que su pareja muera.

"Esto se hace pensando en función del bien superior del niño, para que no se saque del núcleo en el que ha crecido", esbozó Rementería.

Tras el Te Deum Evangélico, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, aclaró que la prioridad en su cartera es el AVP, y la demanda de matrimonio igualitario por parte del mundo de la diversidad sexual, es un tema que se someterá al debate. "Vamos a iniciar un debate nacional. Creo que la homilía del obispo (Emiliano) Soto ha sido muy interesante desde el punto de vista de sus posturas, en el sentido que ellos quieren también hacer sus ideas, así es que vamos a darle la urgencia que corresponde, que corresponde al AVP. Lo demás es un debate que vamos a iniciar", recalcó el secretario de Estado.

El senador (UDI) Víctor Pérez acusó "sectarismo y revancha política" en el oficialismo, precisando que están despidiendo funcionarios públicos "para generar cupos y así pagar favores electorales".

Al respecto, Pérez subrayó que "vamos a fiscalizar con mucha rigurosidad a todas aquellas autoridades del actual Gobierno que han actuado de forma sectaria y con revanchismo político, despidiendo a funcionarios públicos cuyo único pecado es no militar en la Concertación".

El parlamentario de oposición sostuvo que "hay nuevas autoridades que están actuando sin criterio técnico y creen que el Estado de Chile es una agencia de empleo para su coalición política".

Además puntualizó que todos los empleados de confianza política ya renunciaron; por lo tanto, las desvinculaciones afectan a "profesionales y trabajadores que desempeñaban funciones eminentemente técnicas".

En la misma línea, el senador expresó que "aquí se está produciendo un atropello a las personas que han dedicado años al servicio público, quienes están siendo sacrificados para pagar favores políticos de los partidos que asumieron la administración del Estado".

Añadió que "se dijo que harían una evaluación de los funcionarios, pero en menos de una semana han cesado en sus funciones a unos 150 funcionarios públicos, y no se entiende cómo en tan poco tiempo evaluaron a los profesionales".

"Lo más grave es que están siendo removidos de sus puestos personas que no tienen reemplazo, y con ello se va a afectar la continuidad de políticas públicas que trascienden a los gobiernos", acotó.